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La fiscal destaca el 'sistema Gürtel' del 3 ó 4% para sobornar cargos y financiar al PP

Concha Sabadell dice que era un "modo de vida" y acepta que el tribunal rebaje la pena a Correa

En la misma sala de San Fernando de Henares en la que prestó declaración el testigo Mariano Rajoy el 26 de julio pasado, la fiscal Concha Sabadell comenzó ayer su informe final sobre el alcance de la trama Gürtel, un “sistema” que definió “no como hecho aislado sino una actividad duradera para delinquir" y apropiarse de fondos públicos a través del contacto con algunos cargos públicos del Partido Popular y el pago de comisiones de un "tres o cuatro por ciento".

Ayer volvieron al banquillo, por orden del tribunal, todos los acusados -treinta y siete- para escuchar las conclusiones. Francisco Correa, Pablo Crespo y Álvaro Pérez fueron trasladados desde la cárcel, donde cumplen condena desde febrero pasado, por la trama valenciana de Gürtel (el caso Fitur), y cuyo recurso de casación ante el Tribunal Supremo se prevé para el próximo mes de enero, en coincidencia con el juicio por financiación irregular del PP de la Comunidad Valenciana, previsto en la Audiencia Nacional para el 15 de enero de 2018.

La fiscal Sabadell señaló que si bien la Fiscalía Anticorrupción no ha rebajado la pena de 125 años que pide para Correa, líder de la trama, vería bien que el tribunal tenga en cuenta su declaración en el juicio - en  la que hizo revelaciones- a la hora de dictar sentencia y le rebaje la pena. Correa confesó en octubre de 2016, sin entrar en demasiados detalles, la existencia del “sistema de comisiones del 3 o 4% para lograr adjudicaciones de obras públicas”.  

Su relato: cuando se trataba de obras para terceras empresas, Correa lo comentaba con el entonces gerente del PP, Luis Bárcenas, quien hacía las gestiones; al cerrarse la operación la empresa adjudicataria pagaba el 3 ó 4% y  se repartían la comisión de éxito. Estas prácticas, según la explicación de Correa, serían "legales en otros países", lo que él denominó lobby.

Precisamente, la negativa a dar esos detalles, empresa por empresa, y el nombre de las personas que han intervenido, es lo que frustró las negociaciones de un pacto de conformidad entre la Fiscalía y Correa antes de del inicio del juicio oral. La Fiscalía estimó que Correa no quería ir más allá de una confesión genérica sobre el “modo de vida” o “sistema” puesto en práctica y que, en esas condiciones, se negaba a rebajar las fuertes penas que se le pedirían; quizá, también, con la esperanza de que su declaración arrojara más luz en el juicio oral.

Durante el interrogatorio de la fiscal Sabadell, en octubre de 2016, Correa admitió la existencia del sistema de comisiones del 3 ó 4 %, pero no quiso ir más allá de una referencia al Ministerio de Fomento. La fiscal subrayó que la caja B de Correa sí que "existe" y que estaba orientada "a efectuar sobornos a cargos públicos". Ha explicado que la estructura societaria de la trama Gürtel fue creada por el acusado Luis de Miguel "para ocultar su verdadero titular", que era el empresario.

La fiscal, tras su introducción sobre el “modo de vida” y el “sistema” de Gürtel, comenzó a entrar en las operaciones concretas, empezando por la trama de Estepona, cuyo principal acusado es Ricardo Galeote, político malagüeño que fuera concejal del ayuntamiento de Estepona y gerente de la Empresa Municipal Turismo y Actividades Recreativas, en relación a la compras fraudulentas de carpas para eventos y viajes. Galeote es hijo de José Galeote, ex concejal del PP en Boadilla del Monte, y hermano de Gerardo Galeote, ex eurodiputado de dicho partido. Acto seguido, la fiscal empezó a enumerar las operaciones del ayuntamiento de Majadahonda, en la Comunidad de Madrid.

“Se utiliza simple y puramente la contratación de este ayuntamiento para enriquecer a los integrantes de la asociación [ilícita] y también para financiar a un partido político, para ahorrarle costes al Partido Popular” apuntó en referencia a Majadahonda. La fiscal seguirá con sus conclusiones en lo que resta de semana. El juicio oral estará visto para sentencia el próximo 11 de noviembre.

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