Unir fuerzas y restituir el autogobierno

Se trata del derecho a existir como ciudadanos y ciudadanas de un país libre

Suso De Toro
4 min

EscritorEscribir sobre lo que vive la sociedad catalana es escribir sobre un proceso en marcha. Hace unas semanas, tras la votación del 21 de diciembre, el proceso dio un nuevo giro: a partir de ahí ya no es tanto el momento que protagoniza la sociedad movilizada sino el momento de que las candidaturas que ganaron las elecciones y que tienen capacidad para formar gobierno de la Generalitat ejerzan su responsabilidad.

Al ser tres las candidaturas que defienden el proceso soberanista, es natural que hayan competido entre ellas: cada una tiene su interpretación de la sociedad y sus necesidades y hacen su propio análisis del momento en que se encuentra su país. Pero visto desde fuera, lo que Cataluña ha vivido y vive es un verdadero ataque de un estado con todos sus medios y una ocupación del país, y creo que no es exagerado sino una lectura literal de lo ocurrido.

Falta un libro que recopile el dossier de una operación política de gran hondura de remodelación del estado español, basada en la anulación de los precarios pactos sobre los que se levantó la Constitución monárquica vigente y una hiperconcentración de poder político y económico en la corte, una España-Madrid, cosa que afectó decisivamente a la supervivencia económica y política de Catalunya. Fue un proceso continuo desde el 23-F e inició su última fase con la oposición a la renovación del Estatut catalán y la anulación de facto de la autonomía por parte del Tribunal Constitucional. La sentencia del Constitucional dejó a Catalunya sin un Estatuto propio, esto es, aprobado por su Parlamento y refrendado en referéndum, imponiendo en su lugar un texto corregido decretado por ese organismo del estado.

Aquella sentencia supuso la negación del poder legislativo por parte de un tribunal con mandato fuera de plazo y controlado por un partido, el que ahora gobierna. Ese momento fue el final no sólo de la separación de poderes sino el inicio de una forma autoritaria de ejercer la política, utilizando en adelante a la justicia como brazo ejecutor del gobierno. Una perversa forma de hacer política, tan autoritaria e implacable como cobarde, que es como mejor se define la administración Rajoy.

La reacción de la sociedad catalana ante aquel ataque a su autogobierno desencadenó el salto final de esta fase de reformulación del estado. No el gobierno, sino el estado en su conjunto, ejecutó una estrategia completa que implicó al ejecutivo, al legislativo y al judicial con todos sus recursos, incluyendo el espionaje y las operaciones ilegales. Desde la Corona hasta el último guardia civil. En el medio entró todo, incluida la legislación para saquear empresas creadas en Catalunya y llevarlas a Madrid o lugares bajo su control político. Exactamente igual que en el 23-,F desde las entrañas del propio estado se desencadenó una crisis programada para conducirlo hacia atrás, para corregir márgenes de democracia abiertos en los pactos de la Transición. Igual que en 1981 se sometió a la población española a una situación de miedo y ansiedad nacional, tres partidos estatales cerraron filas en esa operación de estado aprobando la aplicación arbitraria del artículo 155. La política española y sus medios de comunicación, para tener el asentimiento de la población, llevaban años difamando y degradando la imagen tanto de los dirigentes como de la población catalana. Esa campaña de odio xenófobo se resumió en el “¡A por ellos!”.

Así pues, lo que vive Catalunya no es un momento político cualquiera sino un trance existencial, afronta la lucha por sobrevivir a un intento de liquidación. Las diferencias de programas políticos, las distintas interpretaciones de la sociedad, tienen que quedar momentáneamente en un segundo plano. Se trata del derecho a existir como ciudadanos y ciudadanas de un país libre.

Cuando el estado de Rajoy ocupó manu militari el territorio y las instituciones de autogobierno catalanas y convocó unas elecciones por su cuenta, en esa situación extrema, los partidos catalanes no tuvieron otra posibilidad que presentarse. Lo decisivo era cómo se interpretaban esas elecciones. Rajoy trató de liquidar políticamente a Catalunya interrumpiendo y borrando el proceso político en marcha, sus elecciones querían anular la decisión de la sociedad catalana e imponerle la suya. No es extraña la operación político mediática para demonizar nuevamente a un presidente de la Generalitat, esta vez la burla y la difamación hacia Puigdemont indica quién es el enemigo a batir.

Pero el resultado electoral es un verdadero corte de mangas, el electorado dijo que Rajoy no era nadie para quitarles a los catalanes sus gobernantes y que era la nación catalana quien lo decidía. El resultado electoral refleja cabalmente un sentir de fondo y un designio, que la sociedad catalana las interpretó de otro modo y así las hizo suyas, les dio su propio contexto y contenido: demostró que para los catalanes se trató de utilizarlas para reponer democráticamente lo que el estado robó con violencia.

Las candidaturas comprometidas a defender la soberanía de la nación catalana, y los diputados y diputadas que crean que Catalunya es su país y deben defenderlo, deben efectivamente reponer la legalidad ilegal y brutalmente hurtada y hacer un diagnóstico inicial compartido y pragmático sobre los pasos a dar. Una vez más causa asombro la capacidad de la sociedad catalana de resistir y enfrentarse a una situación histórica tan dura.

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