Me supo mal ver a Meritxell Batet retirando el uso de la palabra a Albert Botran por el hecho de expresarse en catalán en el Congreso de los Diputados, y también a Néstor Rego, del BNG, por hacerlo en gallego. Ya sabemos qué establece el reglamento del Congreso sobre la cuestión lingüística, y sabemos también qué papel juega Batet y qué Botran, y a qué partidos pertenecen, pero esto no hace que la escena sea menos lamentable. Hacía pensar en otras épocas, cuando los maestros catalanes (o mallorquines, o valencianos) castigaban a los alumnos que hablaban en catalán dentro del aula, y cuando los propios alumnos delataban a los compañeros que osaban cometer tal insolencia. Pero no es tan solo eso: es que, además, la actual presidenta del Congreso forma parte de una generación política de la cual tendríamos que esperar –exigir– la superación de según qué planteamientos caducos, retrógrados y reaccionarios.
En un estado que se proclama democrático, con instituciones que se supone que tienen que proteger la igualdad entre sus ciudadanos y el ejercicio de sus derechos, que se retire la palabra a un diputado por el hecho de expresarse en una lengua oficial de este estado es sencillamente inaceptable. Consagrar una sola lengua como lengua común y obligada, en detrimento de otras que son optativas y de uso estrictamente regional, es una desigualdad que solo puede ser calificada como supremacista. El Congreso de los Diputados es el Parlamento español, es decir, la institución que representa a todos los ciudadanos del Estado, y si hay unos que pueden hablar su lengua y otros que no, significa que hay unos ciudadanos de primera y otros de segunda. Que el catalán, el euskera o el gallego no estén permitidos en el Congreso es, lisa y llanamente, una aberración democrática. Que el estado español tampoco acepte que estas lenguas puedan ser oficiales en las instituciones europeas es otra. Es un desprecio que hace el Estado, desde su ordenamiento jurídico, a todos los ciudadanos que no tienen el castellano como primera lengua, a pesar de que todos lo conozcan porque están obligados constitucionalmente. Es, en definitiva, el recordatorio de que no son exactamente ciudadanos de un estado de derecho, sino sobre todo súbditos de un reino. El Reino de España, “un Estado social y democrático de Derecho” (artículo 1.1 de la Constitución), que toma “la forma política de la Monarquía parlamentaria” (artículo 1.3) y la soberanía del cual “reside en el pueblo español”. En el pueblo español que no habla catalán, por lo que vemos.
Mientras España desprecie y ataque la diversidad lingüística, no podrá aspirar a formar parte de las democracias avanzadas que sí la respetan y la promueven. Seguirá siendo un proyecto fallido de estado nación, un proyecto cada vez más cansado y desgastado debido a su nacionalismo, también al nacionalismo lingüístico: esta idea absurda, y nociva, de que hay una lengua superior a las otras, y que por lo tanto merece prevalecer por encima de las otras. Que el episodio entre Batet y Botran no pasara de ser una escenificación no hace que deje de existir un problema de fondo, un anacronismo pesado y desagradable.
