Las ejecuciones se disparan en Irán con Rohaní en el poder

Enviada especial a Teherán“Nuestro mensaje es claro. Las detenciones se tienen que acabar”, era el eslogan que repetía con frecuencia en los mítines electorales Hassan Rohani, actual presidente de Irán y considerado un moderado. Pero desde que Rohani llegó al poder a mediados de 2013, no sólo han aumentado las detenciones en el país persa, sino también se han disparado las ejecuciones.

Durante los ocho años (2005-2013) que Mahmud Ahmadineyad, un conservador radical, ocupó la presidencia en Irán, un total de 3.327 personas fueron ejecutadas. En cambio, en los poco más de seis años que Ruhani lleva en el poder, ya se han superado las 3.500 ejecuciones, según datos de la organización Iran Human Rights, con sede en Oslo y que hace un seguimiento pormenorizado de las penas de muerte que se aplican en el país persa.

El Código Penal iraní prevé la pena capital para los delitos de asesinato, violación y tráfico de droga, pero también por mantener relaciones homosexuales, cometer adulterio, insultar al profeta Mahoma y poner en riesgo la seguridad del país, un cajón desastre con el que se castiga cualquier tipo de disidencia. Irán es el segundo país del mundo donde se ejecutan más personas al año, después de China, y uno de los poquísimos donde la pena capital se aplica a menores de edad. En todos los casos, los acusados suelen ser ahorcados. Las cárceles suelen tener una sala habilitada para ello.

“La situación de los derechos humanos en Irán cambia poco sea quien sea presidente”, asegura Mahmood Amiry-Moghaddam, fundador y portavoz de Iran Human Rights. “Centenares de personas han sido ejecutadas desde que Rohani llegó al poder, y él nunca lo ha criticado”, añade.

Importancia de la presión internacional

Amiry-Moghaddam también destaca que al año siguiente a la firma del acuerdo nuclear de Irán con Francia, Reino Unido, Alemania, Rusia, China, Estados Unidos y la Unión Europea en 2015, el número de ejecuciones disminuyeron drásticamente en el país persa. “Se dejó de aplicar la pena de muerte a muchos acusados de tráfico de droga, básicamente porque Europa prestaba más atención a la situación de los derechos humanos en Irán. Eso demuestra que la presión internacional ayuda”, argumenta el experto.

También entonces, después de la firma del acuerdo nuclear, se redujeron las ejecuciones públicas, que normalmente se realizan en parques donde se coloca una grúa desde la que los acusados son ahorcados. Asimismo, los medios de comunicación dejaron de difundir imágenes de la aplicación de la pena capital.

“Las ejecuciones tienen como objetivo generar miedo entre la población. Por eso el régimen quiere que la gente en Irán las vea, pero en cambio no quiere que las vea el resto del mundo”, ya que les genera mala prensa, afirma el portavoz de Iran Human Rights. De hecho, curiosamente el número de ejecuciones públicas aumentaron en Irán el año pasado (se realizaron 17), que es cuando las relaciones de Teherán con la Unión Europea se empezaron a deteriorar a raíz de la retirada de Estados Unidos del pacto nuclear.

“A veces en la televisión informan que alguien es ejecutado”, explica Hamed, un profesor de Teherán, que confirma que efectivamente la pena capital es algo conocido y presente en el país. El Código Penal iraní prevé, sin embargo, el perdón en los casos de asesinato, si la familia de la persona asesinada acepta ser resarcida de otra manera: normalmente con dinero.

Posibilidad de pedir perdón

La organización Iman Ali Society es una de las poquísimas en el país que trabaja con este objetivo. Su responsable, Sharmin Meimadineyad, se muestra reticente a conceder entrevistas pero finalmente accede a hablar: “Cuando voy a pedir el perdón a la familia de la víctima, me reciben a gritos, me insultan e incluso me echan de casa. Conseguir el perdón no es nada fácil, nos suele llevar al menos un año y medio”, asegura. “Lo hago porque no puedo aguantar que ejecuten a niños y niñas”, justifica.

Imam Ali Society intenta salvar de la horca a menores de edad. En Irán la edad penal para las niñas es de 9 años, y para los niños de 13. Según Meimadineyad, la mayoría de los menores condenados pertenecen a clases bajas. La asociación ha impedido la ejecución de 55 menores en los últimos 13 años. Para ello, a menudo realiza campañas de recogida de fondos con el objectivo de reunir suficiente dinero para indemnizar a la familia agraviada.