Tanto si se quedaba en el exilio como si volvía para ser encarcelado, Vladímir Putin ha apuntado más que nunca hacia su objetivo: destruir el liderazgo de Alekséi Navalni. Los casi cinco meses de estancia en Berlín protegiéndose y recuperándose han servido al líder opositor para darse a conocer algo más en Europa. Angela Merkel lo visitó en el hospital Charité y Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, ha asumido públicamente su defensa política y ha denunciado los mecanismos autoritarios del régimen de Putin, a quien se ha acusado abiertamente de haberlo intentado envenenar. Navalni incluso ha sacado provecho del cierre de la cuenta de Twitter de Donald Trump: coincidiendo con Merkel, denunció la medida porque violaba la libertad de expresión a la cual tiene derecho cualquier ciudadano. Incluso un ultra como Trump.
Y así el activista, abogado y bloguero ruso ha intensificado su perfil de demócrata librepensador y quién sabe si futuro líder de Rusia, si es que el régimen de Putin se agrieta lo bastante como para derrocarlo. Pero de momento el régimen aguanta con fuerza. Que haya rendijas administrativas que no funcionen como le gustaría al Kremlin no significa que el apoyo popular a Putin se desgaste o se altere: por ahora no baja del 75%. Y un porcentaje así no hace pensar que pueda quebrar de manera imprevista. De momento Putin no solo acaba de firmar la ley que le garantiza inmunidad de por vida cuando deje el poder, sino que, apuntando a la oposición, también ha dado luz verde a otra ley que declara “agentes extranjeros” a los activistas sociales y políticos que hayan recibido apoyo económico o logístico del exterior. Un texto jurídico que, de hecho, amplía la ley del 2012 que califica de traidoras a las ONG coordinadas internacionalmente. “Agente extranjero”, otra manera de dar vida a la acusación de enemigo del pueblo de matriz estaliniana.
Picar piedra y resistir
Alekséi Navalni vuelve a Moscú, acaba en una celda donde se podría pasar diez años y a la vez queda rodeado de una aureola de sacrifio, de autoinmolación y casi de redención. El juicio por corrupción que han montado los jueces putinistas lo aprovecharán los incondicionales de Navalni para rehacer estrategias y para coordinar y cohesionar activismos, con el objetivo de poner las bases de una oposición que llene calles y gane escaños en la Duma. Sobre todo en las elecciones legislativas del otoño próximo, aprovechando que el partido putinista Russia Unida vive horas bajas.
Pero que el putinismo parlamentario emita señales de decaimiento no garantiza ni mucho menos que los sectores sociales putinistas cambien de bando. La nueva oposición rusa heredera de la perestroika y surgida de las nuevas clases medias urbanas, formada mayoritariamente por jóvenes hijos y nietos de demócratas frustrados, cansados y decepcionados, tendrá que seguir picando piedra. Una oposición que fue incapaz de ponerse de acuerdo ante el referéndum del verano pasado sobre la continuidad de Putin: unos votaron que no y otros no fueron a votar. A la vez que crece y resiste, esta oposición tendrá que seguir esquivando detenciones y golpes de porra. Y hacer ruido internacional para proteger a Navalni y evitarle otro envenenamiento como el del 20 de agosto. O disparos como los que abatieron al líder opositor Borís Nemtsov pronto hará seis años. Y, mientras tanto, Putin seguirá con sus planes para retener el poder hasta el 2036.
