Policía y racismo institucional

Últimamente ha estallado la polémica alrededor de algunas actuaciones policiales pasadas y de otras que han tenido lugar durante el confinamiento. La reiteración de casos en cuerpos policiales diversos nos deja interrogantes. El primero, qué modelo de intervención comunitaria tenemos, y si dicho modelo parte de la comprensión de la raíz social de muchas de las conductas disruptivas en las que se interviene. Y el segundo, si este modelo ha incorporado efectivamente la perspectiva de género, el interés superior de los menores, la diversidad sexual, la diversidad psíquica y también la cuestión racial. El debate no debería negar la problemática ni limitarse a casos específicos, optando por la solución ficticia de expulsar las "manzanas podridas del cesto". El debate, para ser fructífero, debería encarar las fallas del sistema que propician estos patrones de conducta tan arraigados.

Hace años que la democratización de los cuerpos policiales se viene trabajando desde las instituciones internacionales. Uno de los principios básicos a seguir es el de la accountability o rendición de cuentas. Ya en 2004, la ONU, en sus recomendaciones sobre Policía y Derechos Humanos, reclamaba que los cuerpos policiales puedan ser evaluados y fiscalizados por sus comunidades. La Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE) también hace suya esta máxima en la Guía para una Policía Democrática de 2007, y reivindica que la rendición de cuentas abarque tanto las acciones individuales como las estrategias empleadas. La OSCE tiene claro que el apoyo de las comunidades a los cuerpos policiales pasa por la transparencia de sus actuaciones y por un diálogo basado en la comprensión mutua. Las policías locales tienen que estudiar las particularidades de la comunidad a la que sirven y adaptarse a ellas.

A pesar de todo ello, el Comisario de Derechos Humanos del Consejo de Europa, en un impactante artículo de 2014 titulado "Las violencias policiales, un grave amenaza para el Estado de Derecho" se veía obligado a lamentar el "código de silencio" que rodeaba las investigaciones de abusos policiales, reclamaba la creación de organismos independientes de investigación y apuntaba a la responsabilidad de los políticos cuando avalan acríticamente este tipo de actuaciones. Los cuerpos policiales, pedía, debían reflejar mejor la sociedad a la que servían. Esta falta de arraigo democrático se traduce en las prácticas estilo sheriff, en las que los agentes de las policías locales abusan del nivel de información que tienen sobre los miembros de la comunidad y de la capacidad de influencia que tienen sobre las relaciones de poder que se dan en ella.

Entre los principios básicos de las policías democráticas, también está la prohibición de discriminación en sus actuaciones. El Código Europeo de Policía de 2001 recuerda que los agentes tienen que actuar con integridad y respeto, teniendo especialmente en cuenta la situación de los individuos que forman parte de grupos vulnerables (principio 44). El análisis de la discriminación en las actuaciones policiales no puede depender de un enfoque reduccionista basado en la motivación o intencionalidad de los agentes concretos que actúan. Cuando una persona forma parte de una colectividad vulnerabilizada, la huella racista también puede provenir de que los agentes desprecien o incluso abusen de este hecho diferencial, o de que no tengan en cuenta los efectos específicos que aquella actuación policial tendrá, previsiblemente, sobre las personas y sobre las comunidades a las que éstas pertenecen.

En este sentido, en un informe de marzo de 2020, el Relator de las Naciones Unidas sobre la cuestión de la tortura analizaba dos elementos clave a la hora de evaluar si una situación encaja en el concepto de tortura. El primero, la intencionalidad, no requiere un deseo subjetivo del autor: es suficiente que éste se represente de forma razonable el resultado que su conducta causará en la víctima. En relación al segundo, la discriminación, el Relator formula una tesis muy esclarecedora cuando dice que la discriminación no requiere un propósito deliberado, sino que basta con la existencia de un nexo o vínculo con la discriminación o el efecto discriminador. El Relator recalca que según la legalidad internacional, por discriminación deberá entenderse cualquier distinción, exclusión o restricción que tenga como finalidad o como efecto perjudicar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio, de manera igual a los demás, de cualquier derecho humano o libertad fundamental del ámbito político, económico, social, cultura, civil o cualquier otro.

Para concluir, volvemos a la OSCE, que plantea como uno de los indicadores de la calidad democrática de la policía la tipología de problemas que se le plantea resolver, así como los sectores de la población que la interpelan a hacerlo. Una policía discriminatoria criminaliza comunidades enteras y corta su vínculo con la justicia. Sin duda, los sectores de población que han sido sometidos a prácticas abusivas no acudirán a los cuerpos policiales para resolver una nueva problemática, y no poder acceder a un servicio básico en igualdad de condiciones es racismo estructural. Los cuerpos policiales no pueden olvidar que la confianza de la comunidad es una condición previa de la eficacia y la viabilidad en el ejercicio de su función. La OSCE concluye que los cuerpos policiales tienen que enviar un "mensaje fuerte" a todo el mundo, dentro y fuera de la institución, de que no se tolerará ningún abuso de poder ni se dará cobertura a ningún agente infractor.

En los últimos años, algunos casos, judicializados con mucho esfuerzo, han empujado el debate social sobre qué modelo policial queremos, provocando cambios en el cuerpo de la Policía Nacional o de los Mossos. En el marco de este debate social, sin embargo, las policías locales y la intervención comunitaria son la eterna asignatura pendiente, y son, al mismo tiempo, uno de los ámbitos en los que sería más fecundo hacer crecer la semilla de la democratización de los cuerpos policiales.