La injusta riqueza de los Franco
Cómo puede ser que los privilegios patrimoniales de los Franco hayan podido llegar hasta hoy
Politóloga y abogadaA raíz de la iniciativa de exhumar los restos de Franco del Valle de los Caídos, ha surgido el debate sobre el patrimonio de los herederos del dictador. En este sentido, hace una semana la ministra de Justicia anunciaba la intención de recuperar bienes materiales relacionados con la dictadura. Ahora que se pone sobre la mesa esta cuestión, durante tantos años olvidada también por los defensores de las políticas de memoria histórica, tenemos que preguntarnos cómo puede ser que los privilegios patrimoniales de los Franco hayan podido llegar hasta el día de hoy y qué herramientas necesitamos para acabar con esta injusticia.
La información pública sobre el patrimonio de los herederos del dictador es limitada y las aproximaciones que se han hecho sobre su valor varían mucho. Es por eso que en primer lugar debería realizarse una investigación exhaustiva sobre la totalidad de activos afectados, de su situación actual y su procedencia.
A pesar de esta falta de información, analicemos cuál puede haber sido el recorrido del patrimonio hasta hoy. Es plausible considerar que la proximidad de la familia con las estructura gobernativas y administrativas del Estado durante la dictadura, pero también en tiempos de democracia, haya podido facilitar que actualmente la totalidad de la riqueza esté declarada ante las autoridades tributarias y, por tanto, protegida de muchos cuestionamientos sobre la licitud de su origen.
Si por cualquier motivo parte de los bienes no se hubieran declarado durante el régimen franquista o la primera Transición, diversas amnistías fiscales posteriores y que llegan prácticamente hasta la actualidad lo habrían permitido. Lamentablemente, podría ser otro caso de patrimonios de origen dudoso que se regularizan gracias a un proceso de amnistía fiscal, como es sabido que ha pasado con diversos investigados por casos de corrupción.
Si a pesar de todo los activos no estuvieran declarados, o no lo hubieran estado en el momento de las operacioens, cuando alguno de los herederos quisiera hacer movimientos con fondos vinculados inicialmente al dictador debería surgir una duda razonable sobre su licitud. Los bancos, entidades de inversión, notarios y otros profesionales tienen la obligación basándose en la normativa de prevención del blanqueo de documentar que los capitales de sus clientes no tienen por origen una actividad delictiva y, en caso de sospecha, tienen que comunicar la situación al organismo de inteligencia financiera del gobierno, que en España es el Sepblac, el que se encarga de las investigaciones necesarias y puede remitir actuaciones a la justicia si lo considera conveniente.
En esta línea, un informe del Senado de los Estados Unidos de 2004 provó que el banco norteamericano Riggs no había cumplido con la debida diligencia el control del origen de los fondos ingresados por Augusto Pinchet. Culminando un proceso basado en estas informaciones, a finales del agosto pasado la Corte Suprema de Chile decretó definitivamente el comiso de 1,6 millones de dólares a los herederos del dictador.
Es decir, existen herramientas legales que permiten cuestionar la licitud de los bienes de la familia Franco, no sólo los de prevención de blanqueo que hemos comentado sinó probablemente también acciones civiles según cada caso. Por qué motivo no han sido efectivos estos instrumentos legales podría relacionarse en parte con la colaboración de las autoridades dictatoriales y democráticas para blindar este patrimonio a través de su regularización en hacienda; o con la falta de voluntad de políticos, funcionarios, banqueros, notarios y otros profesionales que puedan haberse encontrado con patrimonio no declarado y no hayan iniciado o continuado acciones legales al ver el apellido de sus ilegítimos poseedores.
En todo caso, es el momento de reivindicar que las políticas de memoria también tienen que restituir a sus legítimos propietarios si fuera posible o al Estado –y, por tanto, a toda la ciudadanía– un patrimonio injustamente usurpado por la dictadura.
Para hacerlo de forma integral, necesitamos una norma que inicie una investigación en profundidad respecto a la fortuna acumulada por el dictador y ordene la restitución de todos aquellos bienes obtenidos de forma ilegítima. No hace falta decir que la tarea será compleja más de cuarenta años después de la muerte de Franco, pero hay casos inaplazables por su claridad, como la devolución del Pazo de Meirás en Galicia, regalado por los caciques locales a través de donaciones forzadas. Si pretendemos ser una democracia consolidada, no podemos permitir que la familia del dictador continúe disfrutando de una riqueza conseguida a través del expolio de una dictadura sangrante.
