La Eurocámara pide incluir el delito contra la "integridad constitucional" en las euroórdenes

BruselasFinalmente el Comité de Libertades Civiles del Parlamento Europeo ha aprobado el informe impulsado por el eurodiputado del PP Javier Zarzalejos que pide incluir los delitos "contra la integridad constitucional cometidos con violencia" en la lista de 32 delitos que permitirían ejecutar automáticamente las órdenes europeas de extradición. Desde que los independentistas exiliados llegaron a Bruselas y pusieron en evidencia a la justicia española (a pesar de haber emitido tres euroórdenes no ha conseguido ninguna extradición), los partidos autodenominados constitucionalistas españoles presionan para que se reforme la normativa de tal manera que se hubiera podido extraditar a Carles Puigdemont, Toni Comín, Clara Ponsatí, Lluís Puig y Meritxell Serret de manera automática.

La Comisión Europea ha afirmado varias veces que no ve necesaria la reforma de la euroorden, que, además, en la práctica sería muy compleja porque hace falta la unanimidad entre los Veintisiete para sacarla adelante. Aún así, los eurodiputados del PP, Ciudadanos y Vox del Comité de Libertades Civiles de la Eurocámara (LIBE) impulsaron la elaboración de un informe que inicialmente tenía como objetivo incluir los delitos de sedición y rebelión en el listado de crímenes de extradición automática. Finalmente, el informe aprobado en LIBE este martes propone incluir delitos contra "el orden público y la integridad constitucional". Además, en este último se añade que los delitos tienen que ser "cometidos con violencia", un matiz que se ha pactado con el PSOE. Hay que tener en cuenta, sin embargo, que el informe no es vinculante ni fuerza a la Comisión Europea (la institución capacitada para proponer legislación) a hacer ninguna reforma.

Los dos eurodiputados que han presionado más en esta dirección y ahora reivindican la victoria son Zarzalejos, del PP, y Maite Pagazaurtundúa, de Ciudadanos. "El objetivo es mejorar este instrumento clave de cooperación judicial entre los países de la UE para evitar que los responsables de los delitos graves puedan evitar la acción de la justicia trasladándose a otro estado miembro de la UE", ha afirmado Zarzalejos. Por su parte, Pagaza asegura: "La impunidad derivada de un rechazo infundado de ejecución de una orden de detención europea puede tener también un impacto negativo en el estado de derecho, el sistema judicial, la confianza pública en las instituciones, en las propias víctimas y en la sociedad en general".

Se trata de un informe no legislativo, que, una vez enmendado y aprobado en comité y en pleno, se puede enviar a la Comisión, que no está obligada a tenerlo en cuenta. Ahora, una vez aprobado por LIBE, se tiene que volver a votar en pleno en la Eurocámara, pero se espera que se ratificará sin problemas.