Es un juicio político

Lamentamos la respuesta represiva y judicial de las autoridades españolas a un conflicto político

JOSÉ BOVÉ
JOSÉ BOVÉ Eurodiputado, en nombre de la Plataforma de Diálogo UE-Cataluña

Este martes, después de haber sufrido prisión preventiva arbitraria durante catorce meses, los nueve presos políticos catalanes (seis ex consejeros, la ex presidenta del Parlamento de Cataluña y los dos líderes de Òmnium y la ANC) han acudido a la primera cita de lo que será un largo juicio en el Tribunal Supremo español. Se enfrentan a graves acusaciones de rebelión, desobediencia y malversación de fondos públicos.

¿Su crimen? Haber organizado o apoyado un referéndum de autodeterminación, siguiendo el mandato democrático dado por parte del pueblo catalán. Ahora se exponen a una sentencia de prisión de hasta 25 años, ya que el crimen de rebelión, para el que debe haber un "levantamiento violento y público" según la ley española, es uno de los más serios dentro la legalidad criminal española. Sin embargo, la verdad innegable es que ni incitaron ni utilizaron la violencia, tal como reconoció el tribunal alemán de Schleswig-Holstein cuando negó la extradición del president de la Generalitat, Carles Puigdemont. De hecho, la única violencia ejercida vino de la brutal y violenta respuesta de la policía española contra miles de votantes del 1 de octubre de 2017. Agentes de policía pegando a personas que sólo querían votar pacíficamente: esta es una imagen inconcebible dentro de la Unión Europea.

Este juicio político no es sólo un asunto interno español. Tiene una clara dimensión europea, ya que choca con valores fundamentales de nuestra Unión

Los miembros de la Plataforma de Diálogo UE-Cataluña del Parlamento Europeo lamentamos la respuesta represiva y judicial de las autoridades españolas a un conflicto de carácter político. Lamentamos la narrativa falsa que hay detrás de las acusaciones y denunciamos que este es un juicio político. El diálogo y la negociación, y no el encarcelamiento y la persecución política, deberían haber sido los instrumentos para canalizar el derecho legítimo a la autodeterminación de Cataluña.

Pero este juicio político no es sólo un asunto interno español. Tiene una clara dimensión europea, ya que choca con valores fundamentales de nuestra Unión, como son la democracia, la libertad de expresión, la libertad de asamblea y la libertad a la participación política. Incluso está en peligro el derecho a un juicio justo, ya que los presos políticos han denunciado numerosas irregularidades durante la fase previa al juicio. Por ejemplo, muchas de las apelaciones presentadas ante el Tribunal Constitucional español aún están pendientes de resolución, y por lo tanto, mientras no estén resueltas, se bloquea su paso al Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

Seguiremos este juicio político de cerca. Porque estamos absolutamente convencidos de que los conflictos políticos que involucran derechos fundamentales no son cuestiones que tengan que dirimir los jueces. Las catalanas y los catalanes tienen el derecho legítimo de decidir democráticamente su futuro político, y Madrid y Bruselas necesitan políticos con el coraje necesario para resolver los conflictos políticos, no con cargas criminales ni aprisionando los oponentes, sino con las herramientas de la democracia.

Una sentencia condenatoria al final de este juicio podría calmar la sed de venganza del nacionalismo español más radical, pero ciertamente no contribuirá a una solución razonable de las tensiones históricas entre Cataluña y las instituciones españolas. Es necesario que las instituciones europeas presionen para alcanzar una solución política y democrática.

EDICIÓ PAPER 18/05/2019

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