Iveco: responsabilidad colectiva

En los talleres de prevención del acoso sexual en el trabajo, a menudo la gente te pregunta por qué tienen que perder tiempo de su jornada laboral para hablar de algo que la mayoría de personas consideran absolutamente residual, objeto del argumento de las películas de serie B del domingo en las que un jefe baboso le toca el culo a la empleada porque está perturbado. Desgraciadamente, la realidad del día a día es mucho más compleja.

Dice la Ley Orgánica de Igualdad: “Las empresas deben promover condiciones de trabajo que eviten el acoso sexual y el acoso por razón de sexo y arbitrar procedimientos específicos para prevenirlos y para dar cauce a las denuncias o reclamaciones que puedan formular quienes hayan sido objeto del mismo”. Este artículo implica el deber del empresario de dotar a los trabajadores y trabajadoras de un ambiente laboral seguro mediante todos los recursos que tenga disponibles para conseguirlo. Los más conocidos son los 'Protocolos de prevención y abordaje del acoso sexual y por razón de sexo', que también se tienen en cuenta en esta ley orgánica y en toda la normativa posterior que se ha derivado de ella.

Cuando se da un caso de acoso sexual en el ámbito laboral los motivos pueden ser múltiples y diversos, pero hay una constante: la voluntad de quien lo perpetra de humillar, denigrar y minar la autoestima de la víctima para convertir su espacio laboral en un ámbito incómodo y hostil. A menudo no hay un objetivo netamente sexual en el comportamiento, sino la voluntad de ejercer un abuso de poder que, escudado en el sistema patriarcal, se acaba plasmando en el uso de la sexualidad de las mujeres como algo que las hace ser vulnerables, accesibles y, en definitiva, víctimas. Sin embargo, aunque siempre suele haber una persona que decide iniciar esta conducta, muchas víctimas relatan con especial terror la sensación de desamparo con la que se encuentran cuando intentan escapar de estas situaciones. El miedo y la vergüenza a la hora de explicar determinadas situaciones se unen al hecho de que es una conducta altamente extendida en nuestra sociedad ponerse del lado del agresor o, aún más, generar lo que se ha llamado acoso ambiental, es decir, el que encuentra su razón de ser en la actitud de un grupo amplio de compañeros y compañeras que contribuyen a maximizar la conducta del agresor avalándola, justificándola e incluso, a veces, reproduciéndola (en forma, por ejemplo, de agresiones sexuales en grupo como las del famoso caso de la “prueba del plátano”).

Es por todo ello que, más allá de la responsabilidad penal de todas y cada una de las personas que puedan cometer un delito contra otra persona, la ley atribuye también una responsabilidad a la empresa, que en el ámbito laboral es la autoridad que tiene que garantizar el buen funcionamiento de su engranaje, y eso pasa por garantizar la buena salud y la seguridad de las personas que forman parte de ella y por dotarse de mecanismo efectivos para detectar y poder actuar contra este tipo de situaciones.

Así pues, cuando una trabajadora decide que no vale la pena vivir en un mundo en el que sus compañeros y compañeras son incapaces de respetar su intimidad y de verla como una persona y no como un objeto, la responsabilidad es colectiva. Lo es de todas y cada una de las personas que difundiendo el vídeo que ella había grabado en un contexto privado e íntimo han contribuido a aumentar su ansiedad, lo es de la empresa que, estando bajo aviso y pudiendo activar los mecanismos legales para detenerlo y protegerla, miró hacia otro lado, una vez más, y lo es del conjunto de la sociedad cuando algunas personas deciden culpabilizar a la víctima de nuevo, acusarla de ser ella quien no prestó suficiente atención a dónde enviaba el vídeo, como si esto justificara algo, y cuando damos por hecho que esto “son cosas que pasan” y no entendemos que forma parte de un sistema perverso que perpetúa el machismo más rancio y el capitalismo más cruel.