Escriptor e historiadorAunque a veces hablara de “federalismo cálido”, Ernest Lluch no se consideraba federalista. Después de numerosas lecturas y de la experiencia derivada de la praxis política en Barcelona, Valencia y Madrid como miembro del PSPV y del PSC, diputado en Cortes y ministro de Sanidad y Consumo (1982-1986), Lluch imaginó un proyecto para España que, sin necesidad de un nuevo proceso constituyente pero desovillando la Constitución y los estatutos de autonomía -de manera notoria los de Gernika y Sau-, acomodara a la mayoría de ciudadanos de los respectivos territorios en el Estado y consiguiera que lo dejaran de ver como un mero aparato administrativo ajeno para sentírselo propio.
Esta teorización tenía origen en la propia investigación académica, centrada en el pensamiento económico del setecientos y que en la segunda mitad de los años noventa publicó como La Catalunya vençuda del segle XVIII. Foscors i clarors de la Il·lustració (1996) y con algunos capítulos añadidos o modificados como Las Españas vencidas del siglo XVIII. Claroscuros de la Ilustración (1999). De acuerdo con estos estudios, durante el siglo XVIII y el inicio del XIX habían subsistido en múltiples geografías y personajes ilustrados los planteamientos políticos del bando derrotado en 1714. Unas ideas que Lluch entendía que iban más allá de la pugna dinástica contra los borbones y por eso no se limitaba a denominarlas “austriacismo”.
Las ideas que denominaba “constitucionalismo, patriotismo o republicanismo”, defendidas sobre todo por amplios sectores de los varios territorios de la corona de Aragón, representaban una alternativa al proyecto borbónico que por medio de los decretos de Nueva Planta había pretendido una España absolutista y unitaria, un estado nación de tipo francés. Así, Lluch consideraba que durante el siglo XVIII “se había frustrado una España de las libertades” por “la influencia excesiva de Castilla en la corona y la discriminación política del reino de Aragón”. El hecho de querer encontrar una continuidad entre las ideas del setecientos y las propuestas que dieron luz al catalanismo político a finales del XIX le comportó críticas de muchos historiadores que no veían este hilo en ninguna parte. “¡Cuánto daño ha hecho Ernest Lluch!”, exclamó, por ejemplo, Joan-Lluís Marfany.
Pero al margen, o por encima, del debate historiográfico, Lluch pensaba en el presente. Y en ese momento España estaba a las puertas de que José María Aznar consiguiera la mayoría absoluta para gobernar una segunda legislatura. Contra el proyecto unitarista de este, Lluch miraba atrás y percibía una “vigencia política” en la corona de Aragón y creía, por lo tanto, que Catalunya, el País Valenciano -que veía como el territorio que había salido peor parado de la Guerra de Sucesión- y Aragón tenían que recuperar este legado político para plantear una propuesta que pudiera construir unas Españas, como le gustaba decir a él, múltiples y diversas, en las que los ciudadanos de unos territorios no sintieran que su voluntad era subyugada por otros.
Lluch, sin embargo, no se quedó en el plan teórico. Así como en la década de los setenta se había arremangado para orquestar el socialismo valencianista y después participar en el catalanista, aterrizó su teorización para tratar de resolver el contencioso político del País Vasco. El objetivo era claro: sumar al grueso del nacionalismo vasco al pacto constitucional de 1978 -del cual se había abstenido o había rechazado, a pesar de que mayoritariamente lo acataba- y que este y el Estatuto de Gernika se desarrollaran para satisfacer una buena parte de sus demandas políticas. Junto con Miguel Herrero de Miñón, planteó el uso de los derechos históricos como categoría política válida para reconocer los hechos diferenciales estatales con lo que denominaron “constitucionalismo útil”.
Exprimir los Estatutos
Lluch y Herrero planteaban que los estatutos no eran una concesión, como veían muchos nacionalistas españoles, sino un deber constitucional, y que la Constitución tenía mecanismos (como la disposición adicional primera) para traspasar y delegar competencias estatales. También veían posible articular organismos de colaboración entre comunidades -País Vasco y Navarra-, que se concretaran el despliegue del Estatuto, llegar a acuerdos transfronterizos con Francia para fomentar la relación con el País Vasco francés sin necesidad de modificar fronteras, como se hacía en otros espacios transfronterizos europeos, o la participación en política exterior de las comunidades a nivel de políticas europeas siguiendo el modelo de los lands alemanes.
Ernest Lluch no pretendía una relectura de la Constitución y de los Estatutos sino que se hiciera una lectura a fondo, sin ser avaros, para sacar el máximo zumo político. Veinte años después de su asesinato, el esfuerzo teorizador de este intelectual -ahora válido también para Catalunya- demuestra que hay soluciones posibles a los conflictos políticos, pero también que la falta de voluntad para buscarlas e implementarlas convierte a las disputas en susceptibles de empeorar. De esta voluntad precisamente depende que las Españas que imaginaba Lluch sean posibles o, de manera definitiva, imposibles.
