¿Estado de derecho o dictadura de la ley?
Aferrarse a nada más que a la ley únicamente puede conducir a una “radicalización de la crisis”
Catedrático de derecho constitucional (Universidad de Sevilla)La Universidad de Pau, en Francia, dispone de un Institut d'Études Ibériques et Ibérico-Américaines, conocido y reconocido internacionalmente. Publica regularmente un Bulletin, que no tiene la pretensión de llegar al gran público, sino que se distribuye casi exclusivamente en el ámbito universitario. Es una publicación de profesores para entablar diálogo con otros profesores.
En este mismo mes de febrero acaba de publicar el último número, en el que, como no podía ser de otra manera, la reflexión sobre Catalunya y su relación con el estado español ocupa un lugar de privilegio. Los profesores franceses identifican el problema catalán como el problema de naturaleza constitucional más relevante en este momento en el mundo ibero-americano.
Precisamente porque es una opinión que se expresa de manera discreta, pienso que es oportuno llamar la atención sobre ella en un momento de tanta crispación y ofuscación como el que estamos viviendo en España en torno a este asunto.
El editorial, que lleva por título “Le dialogue, seule voie pour surmonter la crise en Catalogne” [El diálogo, la única manera de superar la crisis en Cataluña], hace un crónica de los acontecimientos hasta el 21-D en un primer apartado y dedica el segundo al análisis de la situación: "Une étape fondamentale dans le dépassement de la crise?" [¿Una etapa fundamental para la superación de la crisis?].
Es este segundo apartado el que más nos puede interesar a los ciudadanos españoles, en la medida en que el primero nos resulta conocido.
En dicho análisis, tras constatar que la situación está completamente bloqueada, se afirma de manera tajante que, para encontrar una salida a dicha situación de bloqueo, es necesario antes que nada renunciar a una “respuesta estrictamente jurídica” al problema: “Salir de la crisis implica ante todo dejar de lado la lógica de una respuesta estrictamente jurídica y aceptar tomar en consideración la verdadera naturaleza de la reivindicación de independencia”. Dicho en otras palabras: no se puede prescindir de la naturaleza política del problema y reducirlo a su dimensión jurídica.
Puede parece extraño, añade el editorial, que en una publicación jurídica se sustente esta tesis. Pero el jurista debe saber que, en determinadas circunstancias, aferrarse a ley y nada más que a la ley, únicamente puede conducir a una “radicalización de la crisis”: “Pues las normas jurídicas no pueden por sí solas dar cuenta de la sustancia y de la realidad profunda de la operación de secesión y no pueden, en consecuencia, constituir la única respuesta”.
La perspectiva democrática no puede dejar de ser tomada en consideración. “La cuestión democrática es fundamental: ¿puede una mayoría oponerse a una reivindicación de independencia consecuente y verificada expresada por una comunidad minoritaria incapaz de movilizar un nivel de apoyo suficiente en otros grupos sociales para alcanzar el umbral necesario para reformar la Constitución? ¿Puede la mayoría oponerse constitucionalmente a este tipo de reivindicación sin poner en cuestión los fundamentos democráticos del régimen político del que es portador la Constitución? Considerar que todo lo que es legal es democrático sin tomar en consideración esta realidad ¿no supone caer en el riesgo de transformar “l'Etat de Droit” [el estado de derecho]en un verdadera “Dictature de la loi” [dictadura de la ley]?
El editorial hace a continuación suyas las palabras de The Economist, de que “no se puede responder a una cuestión esencialmente democrática” con un “legalismo exacerbado”, para concluir recordando que sin una negociación política no será posible salir de la situación de bloqueo. “¿No debería el gobierno español entrar en negociación con los dirigentes políticos… recientemente confirmados democráticamente por los electores catalanes?”. Son las últimas palabras del Editorial.
La política es siempre previa al derecho. El derecho como coartada para no hacer frente a problemas de naturaleza política hace imposible la convivencia.
