¿Legitimidad democrática o ley electoral?

La interpretación de unos resultados electorales puede ser una operación sumamente fácil o endiabladamente complicada. Desde finales de los años setenta del pasado siglo hasta los primeros años de la segunda década del siglo XXI la interpretación en España no ha solido plantear problemas. En ninguno de los tres niveles de nuestra fórmula de gobierno: estatal, autonómico y municipal. Por lo general, la misma noche electoral ya se sabía quien iba a ser el presidente del gobierno de la nación, el de la comunidad autónoma o el alcalde de casi todas las ciudades.

Ha dejado de ser así. La síntesis política de sí misma que la sociedad española había venido haciendo a través de un sistema de partidos que garantizaba su gobernabilidad de manera indiscutida, ha dejado de hacerla. La decisión del cuerpo electoral, estatal, autonómico o municipal, no resulta inequívoca, sino que admite diversas interpretaciones que conducen a fórmulas de gobierno distintas.

El resultado electoral de la ciudad de Barcelona es, posiblemente, el de más difícil interpretación. Porque el voto ciudadano ha deparado una doble mayoría: una de izquierda, integrada por 28 concejales, frente a 13 de la derecha; y otra no independentista, integrada por 26 concejales, frente a 15 independentistas. En buena lógica, un gobierno de izquierda no independentista sería el que reflejaría la preferencia del cuerpo electoral. La derecha y el independentismo han quedado descartados como opción de gobierno. Y por mucho.

La traducción del descarte de la derecha no plantea problema de ningún tipo. En ningún caso puede ser alcalde el candidato de un partido de la derecha barcelonesa. Pero con la traducción del descarte independentista no ocurre lo mismo. Por la combinación de dos factores: uno político y otro jurídico.

El político es la victoria de ERC. La exigencia de la ley electoral de mayoría absoluta para elegir alcalde al candidato de un partido que no ha ganado las elecciones es el factor jurídico. Ernest Maragall es el candidato independentista que ha ganado las elecciones y la opción no independentista para impedir que fuera alcalde no puede constituirse con partidos de izquierda exclusivamente, sino que necesita ser complementada con la aportación de la derecha.

Hay que subrayar que es así no por una exigencia democrática, sino por una exigencia legal que casa mal con el principio democrático. La opción de izquierda de los comunes y socialistas suma 18 escaños frente a los 15 que suman republicanos y convergentes. En términos democráticos la izquierda no independentista no necesitaría a la derecha para derrotar a la opción independentista. Es la ley electoral del Estado la que impide que esta mayoría democrática no independentista se imponga.

¿Qué criterio debe imponerse en la interpretación del resultado electoral, el criterio de la legitimación democrática o el criterio de la ley electoral? Con el criterio de la legitimación democrática es obvio que Ada Colau sería la alcaldesa. Ernest Maragall únicamente puede serlo excepcionando la vigencia de dicho criterio y dándole preferencia al criterio legislativo.

¿Debería Ada Colau retirar su candidatura para evitar que los votos de Manuel Valls la convirtieran en alcaldesa o debería retirar su candidatura Ernest Maragall para que se impusiera la mayoría democrática de comunes y socialistas?

A diferencia de lo que ha ocurrido en Andalucía donde los votos de VOX no son necesarios solamente para la investidura, sino para gobernar, en Barcelona los votos de Valls serían necesarios para la investidura, pero no para gobernar. Una vez investida, Ada Colau puede gobernar sin el concurso de Valls.

Ernest Maragall solo tiene legitimidad para intentar ser alcalde con un tripartito de izquierda, que descarte una deriva independentista en el gobierno de la ciudad de Barcelona. Agarrarse a la ley electoral para conculcar la legitimación democrática no puede justificarse de ninguna de las maneras.