La gestión del golpe de estado

El “golpe de Estado” que materialmente supuso la STC 31/2010, tuvo beneficios inmediatos para CiU y costes también inmediatos para PSC y ERC. En las primeras elecciones que se celebraron tras la sentencia, las catalanas de otoño de ese mismo año, CiU pasó de los 48 escaños de 2006 a 62, mientras que PSC y ERC pasaron de 37 y 21 a 28 y 10 respectivamente. El PP también se benefició, pasando de 14 a 18 escaños. De la mayoría escueta del tripartito de izquierda de 2006 se pasó a una mayoría aplastante de las derechas de 80 escaños.

El gran beneficiario del golpe sería obviamente el PP, que en las elecciones municipales y autonómicas de mayo y en las generales de noviembre de 2011 conseguiría unas mayorías aplastantes. Únicamente en las elecciones generales de 1982 y en las municipales y autonómicas de 1983 se produjo una concentración de poder en el PSOE similar a la que alcanzó el PP en 2011.

Ahora bien, el problema de los golpes de Estado es que después hay que gestionarlos. El PP, que había sido el protagonista y beneficiario directo del mismo, ha sido incapaz de hacerlo. Como consecuencia de ello, ha perdido su activo más valioso: el monopolio de la representación electoral de todo el espacio a la derecha del PSOE, que había mantenido intacto desde 1991. Ciudadanos desde Catalunya inició la ruptura de ese monopolio, que se ha visto acentuado con la irrupción de VOX. Queda por ver todavía si es capaz de recuperarse y cómo lo hace como partido de gobierno de España. En todo caso, lo que parece inevitable es o su desaparición o su presencia irrelevante en Catalunya.

Peor todavía ha sido la consecuencia del golpe de Estado para el beneficiario indirecto del mismo, el nacionalismo “convergente” catalán. Tras el éxito inicial de las elecciones de otoño de 2010, la dirección del espacio político que Convergencia había ocupado hegemónicamente desde 1980 y, sobre todo, desde 1984, no ha hecho más que ir dando pasos en falso, que la han conducido al aislamiento político y a hundirse cada vez un poco más en un agujero del que no sabe como salir. La sustitución de Artur Mas por Carles Puigdemont y de éste por Quim Torra lo dice todo. Ver a la Presidencia de la Generalitat en este momento tiene que resultar estremecedor para todo el nacionalismo en general, pero sobre todo para el que viene de Convergencia.

Mientras que los damnificados catalanes directos del golpe de Estado, PSC y ERC, se están empezando a recomponer, aunque sea todavía mucho el camino que le queda por recorrer, al beneficiario indirecto, Convergencia, le ocurre lo contrario. Ha entrado en un proceso de descomposición que no parece tener fin. El episodio de los “lazos amarillos” ha sido el último indicador por el momento. Lamentablemente, no puede descartarse que vengan otros.

Y es urgente, sin embargo, una rectificación. El espacio político que ocupó CiU entre mediados de los ochenta y mediados de los noventa no es previsible que pueda volver a ser ocupado por una fuerza política de procedencia similar, pero ese espacio político no puede haber desaparecido y hasta que no esté ocupado por un partido con un proyecto de dirección política para Catalunya, el sistema político catalán será un sistema deforme. Lo que fue Convergencia, de una manera sin duda distinta, tiene que volver a hacer acto de presencia. Y tiene que volver a hacerlo de una manera que le permita, por ejemplo, concurrir conjuntamente con el PNV a las elecciones al Parlamento Europeo. Si por su conducta errática, no puede hacerlo, es que se ha condenado a la esterilidad.

Es posible que, electoralmente, todavía no se haya tocado fondo, aunque es previsible que se produzca un deterioro tanto en las generales como en las municipales y europeas, pero políticamente sí se está llegando al límite. Para el funcionamiento tanto del sistema político catalán como para el del sistema político español es necesario y urgente una rectificación. El golpe de Estado no puede ser olvidado, pero hay que pensar en cómo se lo puede dejar atrás de una manera que no sea imaginaria.