Desigualdad y pobreza: el espejo en el que no queremos mirarnos
Las propuestas del Relator de la ONU deberían ser el centro del debate político
El pasado 7 de febrero se publicaba el comunicado emitido por Philip Alston, Relator Especial de la ONU, sobre la situación de la pobreza y los derechos humanos en España. El dictamen era claro: el crecimiento del PIB, el aumento de las exportaciones, la reducción del desempleo y el aumento del salario medio que se ha producido en el periodo posterior a la recesión económica no se ha traducido en un mayor bienestar y una reducción de la pobreza. Bien al contrario, esta última se ha disparado en los últimos diez años: 1 de cada 4 personas, casi 1 de cada tres niños y niñas, vive en riesgo de pobreza y exclusión social en nuestro país, y más de la mitad de la ciudadanía tiene problemas para llegar a fin de mes.
El aumento de la pobreza ha venido de la mano de un aumento de la desigualdad: los ingresos del 1% más rico de la población crecieron un 24%, mientras que los ingresos del 90% se estancaron. Estos son sólo algunos de los escalofriantes datos que recoge el comunicado. Y es que, como decía Marshall Sahlins, la pobreza no es sólo “una determinada y pequeña cantidad de cosas, ni es sólo una relación entre medios y fines; es sobre todo una relación entre personas. (…) Ha crecido con la civilización, a la vez como una envidiosa distinción entre clases y fundamentalmente como una relación de dependencia.”
¿Cómo hemos podido dejar que esto ocurra? Philip Alston no tiene problemas en señalar la responsabilidad de las administraciones públicas (estatal y regionales), que han contribuido a agravar esta situación, y no sólo pasivamente, por su falta de inversión e intervención, sino también de una manera activa: a través la reducción del impuesto de sociedades, de todo tipo de subvenciones y deducciones a las empresas, de unos impuestos directos poco redistributivos, del aumento del IVA, de recortes y privatizaciones de servicios públicos que no se han revertido, o de un sistema de rentas mínimas que, en algunas comunidades, parece “intencionalmente estructurado para excluir a la gente”.
Ante este panorama, el comunicado identifica una serie de retos ineludibles en el campo de la política social, la política de vivienda, la política fiscal, la política territorial, el cambio climático y la administración pública. Entre las medidas que se proponen destaca la creación de un programa estatal de rentas mínimas “adecuadamente financiado”, la inversión en vivienda social, la regulación de los precios del alquiler, la ampliación del bono social térmico, la simplificación de los procesos administrativos para acceder a programas de asistencia social, el incremento del impuesto de sociedades y la inversión en prestaciones económicas para las familias.
Las propuestas del Relator de la ONU merecen ser tomadas en consideración. Más aún, deberían ser el centro del debate político. El vicepresidente segundo Pablo Iglesias ha declarado en la Comisión de Derechos Sociales del Congreso que el Gobierno planea trabajar en la línea de sus recomendaciones, aumentando el gasto social y mejorando su eficiencia. No obstante, quisiera apuntar un par de cuestiones que me parecen problemáticas, tanto en el análisis del Relator como en la recepción que ha tenido en la esfera mediática y política.
En primer lugar, parece darse a entender que hemos llegado a esta situación únicamente como consecuencia de la crisis económica y las políticas de austeridad. Sin embargo, hace ya algunas décadas que el modelo de desarrollo español -basado en privatizaciones, turismo, hostelería, burbujas inmobiliarias y endeudamiento privado- viene generando altas tasas de desempleo y empleo temporal, estancamiento de salarios y aumento de la desigualdad. Y las deficiencias de nuestro sistema de bienestar también son previas a la crisis y al austericidio, por mucho que estos hayan agravado la situación.
En segundo lugar, si nuestros problemas de desigualdad y pobreza están originados por nuestro modelo económico, es imposible que podamos solucionarlos interviniendo únicamente por el lado de la política social. Sin negar que ésta es necesaria, sus efectos pueden ser escasos, o incluso contraproducentes, si no van acompañados de acciones en el campo de la política económica y del mercado de trabajo.
Philip Alston parece reconocer esto cuando subraya la necesidad de reformar el sistema fiscal. Sin embargo, sorprende que en el comunicado no aluda al mercado de trabajo y a las políticas laborales de nuestro país. El sistema de bienestar español tiene un claro sesgo de clase media, pero no sólo por su sistema impositivo poco redistributivo, como señala Alston, sino principalmente porque buena parte de los derechos sociales dependen de la participación previa en el mercado de trabajo.
En un país con altas tasas de paro estructural, temporalidad y precariedad, y con sueldos muy bajos, es completamente injusto que el derecho a la existencia dependa básicamente del empleo. Si queremos mirarnos en el espejo sin desviar la mirada, es urgente cambiar nuestro modelo económico y nuestro mercado de trabajo.
