La política catalana, que se ha adaptado en los últimos años a vivir en la improvisación y el corto plazo, parece respirar cada vez que gana un poco de tiempo. La aceleración desde la sentencia del Tribunal Constitucional del Estatuto y el inicio del proceso independentista, que culmina con las manifestaciones del 11-S, la consulta del 9-N y las elecciones del 27-S, se ha frenado con la nueva fecha fetiche de los 18 meses. Pero, de hecho, ya no quedan 18 meses para el próximo y autoimpuesto hito.
El nuevo Gobierno ha rebajado el ambiente de tensión política, pero tiene abierta y sin responder a la cuestión de fondo: la cuenta atrás para afrontar el cómo y el cuándo de la independencia.
Cuando se habla del fondo de la cuestión con los actores soberanistas, se expresan posiciones muy alejadas en cuanto al calendario, el papel de la sociedad y del Gobierno, y cuál debe ser el punto de ruptura. Se oyen frases como: "La independencia la haremos en las calles", "Aquí unos cuantos tenemos que estar preparados para ir a la cárcel" o el más generalizado, pragmático y gubernamental "En dieciocho meses no estaremos todavía en condiciones de ser independientes".
Cuanto más se aleja el interlocutor de las responsabilidades de gobierno, más rotundas y más a corto plazo son las fórmulas para ganar la independencia. De hecho, la CUP es coherente en su maximalismo. Mas impulsó la imposible operación de seducción de la CUP pactando una declaración parlamentaria que, en el punto sexto, advierte de que ni el Parlamento ni el "proceso de desconexión democrática del estado español no se supeditarán a las decisiones de las instituciones de la estado español, en particular del Tribunal Constitucional, que considera carente de legitimidad y de competencia". La prueba de fidelidad incluía también compromisos sobre temas tan diversos como el aborto o la negociación de la deuda, pero no fue suficiente para garantizar el voto a su investidura. La CUP quiere hacer la revolución y fue Mas quien terminó renunciando y llevando, literalmente en el bolsillo, el acuerdo que compromete a los firmantes a no votar con los partidos opuestos al derecho a decidir "cuando esté en riesgo la estabilidad parlamentaria del Gobierno de Cataluña". Llevar el papelito encima es sintomático de la fragilidad del pacto.
La tensión ha bajado alrededor del Palau de la Generalidad. Puigdemont y Junqueras se ven cada martes después de la reunión de Gobierno y el consejo ejecutivo se celebra en un ambiente distendido. Las tensiones se gestionan en el sottogoverno, entre las consejerías de CDC y de ERC, con la duplicación de cargos por cuotas de partidos, que se vigilan de reojo, pero cooperan.
El foco de agitación política está en el Parlament, donde las comisiones comienzan a trabajar en las ponencias de las tres leyes básicas para el proceso de independencia y la CUP pide certificados de pureza independentista en JxSí, obligando a negar periódicamente al Tribunal Constitucional.
El gesto incomoda a los partidos del Govern y a la Mesa del Parlamento, pero el verdadero escollo para la salud del proceso será la presentación del presupuesto. ¿Votará la CUP unas cuentas con el objetivo de déficit impuesto por Montoro y los ajustes necesarios para que cuadren, al menos formalmente? Los incrementos de gasto se destinarán a temas sociales básicos que garanticen el Plan de Choque y pequeñas alegrías a Salud, Bienestar y Educación, pero ¿serán suficientes para una formación antisistema?
De momento, se han mantenido contactos, definidos como "informales", mientras se cerraban esta semana las grandes cifras. Como dice un actor de la no-negociación, las condiciones de la CUP para aprobar los presupuestos "están en el proceso y no en los presupuestos". La CUP podría violentarse y permitir su aprobación si el objetivo superior de la revolución está cerca. Por eso es importante el gesto de la renovación de votos de desobediencia al Constitucional. La CUP no quiere aparecer devorada por el sistema y el sistema la necesita. La salida a la situación actual pide mayorías incuestionables que difícilmente se obtendrán con los que pretenden la pureza moral y tienen prisa para hacer la revolución. Si no se quiere dañar el proceso en nombre del proceso, habrá que admitir que la mayoría no se ampliará prometiendo Ítaca, sino con buen gobierno, pragmatismo, seguridad en los procedimientos, y diciendo claramente a los ciudadanos que los dieciocho meses son una autolimitación innecesaria.
