La "pinza" entre la JEC y el Supremo

MadridEl tribunal del procés ha hecho lo que era coherente con el diseño del simulacro de cuestión prejudicial presentada: ignorarla. Es decir: persistir en lo que se hizo caso de que saliera mal para el Supremo, es decir, que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) no le diera la razón a Manuel Marchena.

Y ha utilizado la sentencia del 19 de diciembre de 2019, favorable a que Oriol Junqueras adquirió su condición de eurodiputado y, por tanto, inmunidad, el 13 de junio de 2019, para ratificar que lo hecho el 14 de octubre de 2019 -sentenciarle- bien hecho está. Y como colofón -faltaba más- que se tendrá en cuenta la “novedosa” doctrina del TJUE para casos futuros parecidos a los de Junqueras. Una ironía.

Pero en la línea del sarcasmo del auto sobre la aplicación de la sentencia del TJUE, del que -como en todos- ha sido ponente Marchena, quizá la defensa de Junqueras podría elevar un recurso de amparo al TC en base al artículo 24.1 de la Constitución que consagra el derecho de todos los ciudadanos a obtener la tutela efectiva de los tribunales, un principio dentro del cual entra el derecho a una resolución fundada en derecho.

Y qué no es una resolución fundada en Derecho: una aplicación de la legalidad que sea arbitraria, manifiestamente irrazonada o irrazonable y que, como tal, lesiona el derecho a la tutela judicial (sentencia del Tribunal Constitucional 184/1992).

El tribunal del procés, y su autor intelectual, Manuel Marchena, no consiguen explicar la lógica de la cuestión prejudicial y la liquidación de la inmunidad del eurodiputado Junqueras. Para qué elevó el tribunal la cuestión prejudicial y por qué suspendió la ejecución de la inhabilitación son dos historias que brillan por su confusión.

Y como sus autores no consiguen dar una explicación razonada y razonable merece la pena intentarlo. El tribunal del procés hizo el simulacro de cuestión prejudicial para cubrirse, para obtener un paraguas. Porque tenía la seguridad de que el TJUE le daría la razón. Y obtenerla era muy guay todo una victoria europea sobre el independentismo.

Pero he aquí que siempre hay que ser precavido. Si el tratado de funcionamiento del TJUE establece que cuando elevas una cuestión prejudicial tienes que suspender el procedimiento -en este caso contra Junqueras-, el tribunal del procés ideó una estratagema: dividir el procedimiento en principal -la sentencia pendiente- y el incidente procesal de la denegación del permiso a Junqueras para salir de prisión y acatar la Constitución. Y la cuestión prejudicial quedaría, en palabras muy gráficas de Marchena, “encapsulada” en el permiso penitenciario.

Por tanto se dictaría sentencia contra Junqueras sin suspender el procedimiento -¿cómo dejar fuera al motor principal en ausencia de Carles Puigdemont?- y se inventaría una suspensión de la ejecución de la inhabilitación para simular que el TJUE tendría alguna que otra influencia.

Todo ello en la previsión de que el TJUE daría la razón al Supremo. Esta seguridad era tal que Marchena envió al presidente del TJUE, Koern Lenaerts, un carta de siete líneas en las que anticipaba la eficacia de las respuestas del TJUE aun cuando ya se había dictado sentencia…el mismo día, 14 de octubre, el día en que se celebraba la vista para examinar la cuestión en Luxemburgo.

No había riesgo porque en el caso remoto de que el TJUE fallará en contra del Supremo nadie sería capaz de sacar la sentencia de su sepultura bien enterrada. Porque el procedimiento principal ya se había cerrado. En caso adverso se admitiría el recurso de súplica para dejar salir a Junqueras de prisión provisional como, en efecto, se ha hecho. Pero, sorry es que ahora está cumpliendo pena. No es posible.

La división del trabajo entre la Junta Electoral Central funcionó como un reloj. La JEC usó la sentencia del TJUE para anular el mandato de Junqueras. Lo explica Marchena ahora: porque antes del 19 de diciembre la JEC no lo consideraba europarlamentario. Vaya perversión: te declaran eurodiputado y por esta razón te anulan el cargo.

Marchena hace una defensa amplia de la JEC y ataca de manera borde a la Abogacía del Estado, después de utilizarla como felpudo porque dice que el TJUE ha dictado una doctrina novedosa. Y al defender que la JEC estaba obligada a actuar incluso con una sentencia no firme, mata dos pájaros de un tiro: hoy la Sala III resolverá seguramente no suspender la decisión de la JEC que anuló a Torra como diputado el pasado viernes 4 en una división del trabajo objetiva entre Marchena, presidente de la Sala Segunda, y Antonio Jesús Fonseca, presidente de la JEC y miembro de la sala III del Supremo. No fue por casualidad que la magistrada Ana Ferrer desempató el viernes 4 en la JEC y dio la mayoría de 7 contra 6 a los decapitadores de Torra.