Ernesto Ekaizer

El juez da un paso hacia el cierre en falso del caso Bankia

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La seu central de Bankia, a Madrid, aquest divendres. / PAUL HANNA / REUTERS

El juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu ha rechazado imputar a la cúpula del Banco de España y la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) en el caso Bankia.

La decisión salva al actual subgobernador del Banco de España, Fernando Restoy. En julio de 2011 era vicepresidente de la CNMV y autorizó el folleto de salida a Bolsa.

En su auto, dictado el viernes pasado, el juez va de la mano del fiscal Alejandro Luzón, quien informó contra la declaración como investigados de Miguel Ángel Fernández Ordoñez, gobernador en el momento de los hechos; Javier Arístegui, subgobernador; Jerónimo Martínez Tello, entonces director general de Supervisión y Fernando Restoy.

El juez explica que la “única participación [de los altos responsables del Banco de España] en los delitos investigados lo sería mediante la comisión dolosa de los mismos, lo que supondría que todos los funcionarios del Banco de España y de la CNMV, intervinientes en las labores supervisión y control de las entidades bancarias participaran de forma consciente, voluntaria y materialmente al resultado lesivo”.

Ergo: no es creíble una confabulación de, digamos, tantas personas, resulta imposible.

¿Por qué suponer que “todos los funcionarios” han participado?

Tanto el juez como el fiscal cierran los ojos ante los informes aportados a la causa por la unidad de apoyo de la Intervención General del Estado (IGAE) a la Fiscalía Anticorrupción, basados en documentos del Banco de España.

La IGAE responde, anticipadamente, en 2013, al argumento de que la confabulación de un número tan elevado de personas supondría una “elaboración fáctica inverosímil”, juez Andreu dixit.

La IGAE apunta: “De la documentación de las inspecciones se observa que las conclusiones iniciales de los inspectores se van resumiendo y suavizando hasta concluir en un escrito de recomendaciones que, a veces no parece reflejar con crudeza los problemas que debe solucionar la entidad”.

Tras la labor de embellecimiento, remacha el informe: “De todas estas debilidades, incumplimientos y actuaciones incorrectas, los informes de la inspección concluyen formalmente en escritos de recomendaciones, y solo en la última etapa de requerimientos, para subsanar, corregir o finalizar dichas prácticas, pero no nos consta en la información la imposición de sanciones, amonestaciones u otro tipo de actuación que refuerce el papel de supervisión del Banco de España”.

Juez y fiscal tampoco toman en cuenta los informes aportados el 30 de marzo pasado por los peritos judiciales, los inspectores Víctor Sánchez y Antonio Busquets. Refuerzan lo que advertía la IGAE. Los informes detectaron los agujeros antes de salir a Bolsa. Problema: se hizo caso omiso. Porque el plan de la cúpula del Ministerio de Economía, el Banco de España y la CNMV no debía ser “estropeado” por malas noticias.

El juez reprocha al abogado Andrés Herzog que haya solicitado estas imputaciones ahora. Es que esta solicitud sigue al informe devastador de los peritos. Y, además, ¿por qué ha imputado el juez al auditor Deloitte y su socio Francisco Celma “cuando la instrucción de la causa se encuentra prácticamente conclusa”?

El juez parece tener prisa. Quiere cerrar la investigación ya. Si ha imputado a la auditora Deloitte y al socio Celma, según solicitó Herzog, es porque ya estaba en agenda. Más allá, “línea roja”.

El paso que ha dado lleva a un cierre en falso que extiende un certificado de buena conducta a los supervisores “cuya intervención”, según el auto, se ha dirigido a “la corrección de diversas malas prácticas entonces detectadas”.

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