La Fiscalía sopesa mantener la situación actual de los procesados

MadridEl fiscal general del Estado, Julián Sánchez Melgar, se reunió ayer con los cuatro fiscales encargados de la investigación en el Tribunal Supremo para evaluar la posición que mantendrán este viernes en la vistilla (audiencia) convocada para definir la situación de los procesados Jordi Turull, Carme Forcadell, Raúl Romeva, Dolors Bassa, Josep Rull y Marta Rovira.

Sánchez Melgar recibió este jueves por la mañana, según ha confirmado ARA, a los fiscales de sala Consuelo Madrigal, Fidel Cadena, Javier Zaragoza y Jaime Moreno.

Aunque volverán a reunirse este viernes 23 de marzo antes de las 10,30 horas, para evaluar el contenido del discurso de investidura del candidato a presidente de la Generalitat, fuentes judiciales señalan a ARA que, en principio, no se han apreciado razones para solicitar al magistrado instructor Pablo Llarena, que ha citado la vistilla, un cambio sustancial en la situación de medidas cautelares de los seis procesados.

En otros términos, los fiscales no parecían, al menos en la mañana de este jueves, inclinarse a solicitar prisión.

El discurso de Jordi Turull, por otra parte, ha sido una declaración alejada completamente del independentismo y del soberanismo.

“Si algo caracteriza el discurso del candidato es un alegato a favor de una apuesta autonómica que permita dejar sin efecto el artículo 155 de la Constitución y la recuperación de la autonomía en Cataluña”, dijo una fuente judicial.

Si la orientación de la mañana del jueves no parecía ir en dirección a solicitar a Llarena prisión para los diputados procesados, el discurso de Turull, que es uno de los seis, reforzaría esa posición en lugar de debilitarla.

Por otra parte, hay un nuevo elemento que es necesario tener en cuenta: la situación de Carles Puigdemont y Toni Comín.

Ambos no están personados en la causa por estar en Bruselas –el jueves y viernes Puigdemont se encuentra en Finlandia- y, por tanto, no pueden recurrir el auto de procesamiento.

Ya cuando la defensa de Puigdemont envió a Llarena, en enero pasado, un escrito exigiendo el respeto de sus derechos políticos, el magistrado se lo devolvió a través de una providencia en la que expresaba que no podía aceptarlo porque Puigdemont no está personado en la causa.

¿Qué importancia tiene esta circunstancia procesal?

Llarena ha incluido en el citado auto el artículo 384 bis de la ley de Enjuiciamiento Criminal según el cual cuando es firme el auto de procesamiento y se decreta prisión para el rebelde tiene lugar la suspensión automática de su función o cargo público.

Los procesados que están a disposición judicial, por tanto, tienen 3 días naturales para recurrir en reforma ante el mismo juez y 5 para recurrir en apelación el auto de procesamiento.

Normalmente, se suele recurrir conjuntamente en reforma ante el magistrado instructor y subsidiariamente en apelación a la Sala de Recursos.

Al no poder recurrir el auto de procesamiento por no estar personados, Puigdemont y Comín serían suspendidos como diputados simplemente al pasar el plazo del recurso de reforma. Porque como teóricamente podrían presentarse el magistrado tiene que dejar pasar esos tres días.

Ni Puigdemont ni Comín van a volver a España ya que ingresarían inmediatamente en prisión. Es decir: se puede dar por hecho que el martes próximo el auto de procesamiento para ellos adquirirá firmeza.

Al quedar firme el auto por el delito de rebelión y al tener decretada prisión se dan las condiciones del artículo 384 bis antes citado. Puigdemont (Junts pel Cataluña) y Comín (Esquerra Republicana de Cataluña-Cataluña sí) serían automáticamente suspendidos.

Ello llevaría a hacer correr la lista de diputados para sustituir a ambos y garantizar así la mayoría de 66 escaños.

Por tanto, si la CUP cumple su promesa de abstención y Jordi Turull no logra ser investido president este sábado, empezarían a correr los dos meses previstos por el Reglament al cabo de los cuales si no se consigue investir al president de la Generalitar deberían celebrarse nuevas elecciones.

Pero con la suspensión de Puigdemont y Comín, Junts pel Cataluña y ERC ya no dependerán de la CUP; por tanto, se podría convocar rápidamente una nueva sesión. Podría ser con Turull o con otro candidato, o candidata.

En el terreno judicial, la notificación del auto de procesamiento conduce inmediatamente a reenviar la euroorden de entrega y detención de aquellos procesados que permanecen en el extranjero. El magistrado Llarena se encamina rápidamente a concretar esa euroorden, según ya ha anunciado.

El fiscal general del Estado se ha planteado desde que Puigdemont confirmó su traslado a Finlandia, jueves y viernes, la posibilidad de solicitar a Llarena una euroorden, como ya hiciera sin éxito los pasados 21 y 22 de enero, con motivo del viaje de Puigdemont a Copenhague, Dinamarca.

Por otra parte, fuentes judiciales, ahora la Fiscalía cuenta con el auto de procesamiento, instrumento que, según Llarena, sería el adecuado para emitir la euroorden.

Fuentes judiciales señalan a ARA que si bien Joaquím Forn permanecerá en prisión –la Sala de Recursos del Supremo ha confirmado el auto de prisión de Llarena del 2 de febrero pasado- el magistrado Llarena tiene pendiente resolver la petición de libertad que la defensa de Forn presentó a primeros de marzo pasado. En ella invocaba el hecho de que Forn había dado reacción positiva ante el bacilo de la tuberculina.

Esas fuentes señalan: “Forn no ha salido ahora porque su enfermedad no era objeto del recurso de apelación pero saldrá dentro de algunas semanas”.

Por último, si, en efecto, finalmente se consiguen, con la suspensión de Puigdemont y Comín, los 66 votos para garantizar la investidura, el Gobierno de Rajoy también podría acariciar, al quedar sin efecto el artículo 155, el apoyo del Partido Nacionalista Vasco (PNV) a su proyecto de presupuestos generales del Estado, cuyas enmiendas a la totalidad se votarían en las Cortes en la última semana de abril.