La novela sobre la 'exposición razonada' al Supremo para investigar a Pablo Iglesias

La Fiscalía y el juez difieren sobre cómo y cuando acabar la pieza del caso Villarejo sobre Podemos

“Esto lo escribe Georges Simenon y conduce a algún sitio, pero con los personajes en danza puede acabar como los hermanos Marx”, dice una fuente judicial sobre la fruición con la que algunos medios de comunicación ya descuentan que el juez Manuel García-Castellón se dirige a enviar a la Sala Segunda del Tribunal Supremo una exposición razonada para que investigue al vicepresidente segundo Pablo Iglesias en relación con los avatares de la tarjeta que le robaron a finales de 2015 a Dina Bousselham, su entonces secretaria en el Parlamento Europeo. 

En el campo de la justicia, según esta novela, hay buenos y malos. El juez es el bueno y los fiscales de Anticorrupción los malos.

En realidad, la sintonía entre ellos es la norma, según información contrastada, pero ahora, en esta pieza, la número 10 del monumental caso Villarejo, tienen diferencias sobre cómo y cuándo acabar la instrucción.

Los presuntos delitos investigados al comienzo fueron el de descubrimiento y revelación de secretos a través de la publicación (2016), en varios medios de comunicación de material contenido en la tarjeta del teléfono robado. Precisamente, archivos contenidos en la tarjeta fueron hallados en uno de los ordenadores incautados a José Manuel Villarejo en un registro de noviembre de 2017. Dos periodistas de la revista Interviú le entregaron la tarjeta.

Pero ahora se ha unido el presunto delito de daños informáticos. 

Porque la tarjeta, que llegó al editor Antonio Asensio, fue entregada por éste a Pablo Iglesias en enero de 2016, quien no se la aportó hasta meses más tarde a su secretaria, y cuando lo hizo la misma estaba dañada, y no se podía acceder a ella. Cuando Bousselham e Iglesias declararon ante el juez García Castellón para denunciar los hechos en marzo de 2019, aportaron esa tarjeta dañada.

Según narra el juez en un auto del pasado lunes, día 25 de mayo, la Fiscalía Anticorrupción pidió en un escrito quitar a Pablo Iglesias su condición de perjudicado. Porque ya no se puede acreditar con total seguridad que sea el policía José Manuel Villarejo el que filtrase el material de la tarjeta ya que la propia Boulsselham envió pantallazos desde su teléfono antes del robo.

Y, además, la Fiscalía solicita al juez que se cite a Bousselham para que diga a quien quiere acusar. O perdonar (artículo 197.2 del Código Penal y 200.3 según el cual el perdón del ofendido extingue la acción penal). ¿Qué personas físicas y jurídicas deben sentarse en el banquillo? ¿Villarejo, OK Diario; El Confidencial; El Mundo; Interviú?

Y last but not least también para que aclare negro sobre blanco y también in voce, según exige la ley, su posición frente a Pablo Iglesias, a saber, si quiere acusarle por presunto daño informático, al haberle entregado la tarjeta dañada o perdonarle.

La Fiscalía asume que siendo la representación procesal de Bousselham e Iglesias la misma, la exsecretaria del líder de Unidas Podemos no querrá ejercer acción penal contra su antiguo jefe.

El juez ha acordado quitar a Iglesias como perjudicado pero ha rechazado citar a Bousselham para que aclare contra quién propone ejercitar la acción penal.

Estima el juez innecesario aclarar contra quién se debe ejercer ahora la acción penal y aquí el juez da una coz a la Fiscalía: “Salvo que en realidad el Ministerio Fiscal pretenda una manifestación expresa respecto a alguna persona particular, que no se aclara”. En roman paladino: ¿queréis que Bousselham diga expresamente que renuncia a acciones penales contra Iglesias?

El juez considera que de acceder a la petición fiscal “se estaría asumiendo la realidad de unos hechos que en este momento exigen de mayor esfuerzo probatorio” y por ello considera la diligencia innecesaria”.

El juez, por tanto, mantiene abierta la pieza 10. Aunque no puede ahora investigar a Iglesias porque es aforado tampoco opta con lo que hay enviar una exposición razonada al Supremo para que lo haga este tribunal. Porque ¿cuál sería el daño sin causar perjuicio alguno, sin perjudicado?

El juez pide a Asuntos Internos de la Policía un examen de los correos que la Fiscalía ya ha analizado sobre las posibles alteraciones físicas de la tarjeta. Será entonces cuando deberá optar por el archivo, si cabe, o lanzarse a la novela de la exposición razonada al Supremo para que investigue al aforado Iglesias.

EDICIÓ PAPER 04/07/2020

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