La derecha judicial alardeó con los "servicios" de Ramírez Sunyer

MadridEl Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha confirmado la existencia de la norma de reparto en los 33 juzgados de instrucción de Barcelona según la cual no se pueden adjudicar diligencias sin presos a un juez que haya entrado o salido de la guardia en las 72 horas previas, una cláusula para evitar que se pueda elegir al juez. Ello invalidaría la asunción de la causa de juez Santiago Vidal por parte del juez titular del juzgado 13 Juan Antonio Ramírez Sunyer, a raíz de una denuncia penal del abogado Miguel Durán a finales de enero de 2017.

Será la jueza decana, Mercè Caso, quien deberá resolver el recurso gubernativo (un recurso administrativo) interpuesto por el letrado de varios imputados en el juzgado 13, el abogado Ramon Setó.

Cabe la posibilidad de que la norna de reparto no fue aplicada por el secretario judicial bajo supervisión de la decana a la denuncia de Durán. Y puede ser que el juez Ramírez Sunyer se quedase por su cuenta con la misma el 27 de enero de 2017 cuando asumió la guardia en lugar de enviar la denuncia a reparto. El juzgado 9 (saliente) consta que la envió al decanato. El juez conocía la norma; por tanto, no pudo tratarse de un error o despiste.

Hay dos derechos fundamentales en juego. El del derecho al juez predeterminado por ley y el derecho a un juez imparcial.

El primero quedaría vulnerado al ser burlada presuntamente la norma de reparto vigente. El segundo, que quién se habría quedado indebidamente con la causa (o apariencia de causa porque investigar a Vidal pudo ser un simple pretexto) tenía un interés ya que consideraba el independentismo como uno de los males a extirpar de la sociedad. Es decir: no era imparcial.

Mientras el primer asunto va de momento por la vía administrativa ( el recurso gubernativo de ser rechazado se puede plantear ante la sala de lo Contencioso-Administrativa del Tribunal Supremo), el segundo es objeto de una denuncia ante la magistrada que es titular ahora del juzgado 13.

La carga es explosiva. Porque la derecha de la judicatura no se ha recatado un ápice a la hora de subrayar la importancia pionera de la instrucción de Ramírez Sunyer. Lo ha hecho José María Macías, el brazo derecho de Carlos Lesmes, presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), y del juez instructor Pablo Llarena. Macías, que es miembro de la Comisión Permanente del CGPJ, ha sido transparente y honesto al definir en su obituario de Ramírez Sunyer que Llarena había continuado la labor del titular del juzgado 13.

"Su investigación constituyó en buena medida la base de la que, a su vez, ha llevado a cabo el juez Llarena por los acontecimientos del 1 de octubre de ese año", escribió Macías el 4 de noviembre de 2017.

Y añadió: "Los últimos meses de su vida pidiéndole que tomase la baja para que otro se hiciese cargo de su trabajo. Siempre se negó, obsesionado con culminar una investigación en la que tanto se juegan Cataluña y España. Su única preocupación cuando lo vi por última vez, ya en el hospital, fue que su sucesor estuviese en condiciones de seguir donde él tenía que abandonar. Nunca me perdonaré no haberlo obligado a dejar el juzgado..."

Ramírez Sunyer envió a la Guardia Civil a registrar una veintena de domicilios el 20 de septiembre de 2017. Entre ellos el de Josep María Jové, el número 2 de Oriol Junqueras en la vicepresidencia de la Generalitat. Allí se halló la célebre libreta Moleskine y el documento Enfocats. Ambos son las pruebas pretendidamente más importantes de la instrucción del juez Llarena.

Por tanto, la teoría del árbol envenenado, que invalidaría o anularía gran parte del material probatorio de la Fiscalía y del instructor Llarena, es la nueva espada de Damocles del proceso que debería empezar a finales de enero. Precisamente comenzará por las cuestiones previas sustantivas: las nulidades.