MadridEl presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Carlos Lesmes, señaló a los medios de comunicación el pasado jueves que “no descartaba” que el juicio comenzara la próxima semana y que, además, las defensas presionaban con sus peticiones de más plazo.
Se equivocó en su primera afirmación ya que como era evidente no se podía convocar sumarísimamente un juicio oral incluso aprobando ayer –como finalmente ocurrió– el auto de pruebas. Y en lo que se refiere a su segundo argumento, la resolución del tribunal sobre admisión de pruebas demuestra que manipuló a la prensa sobre las “presiones” –elevar un escrito es, pues, una "presión", no el ejercicio de un derecho– de las defensas.
¿Cómo se puede saber que Lesmes manipuló?
Muy simple: si la decisión de aplazar de la fecha inicial, “próxima” al 5 de febrero, al 12 de febrero, tuviese algo que ver con los nuevos plazos que pedían el miércoles y jueves las defensas, los magistrados hubieran dicho algo al respecto.
Pero no lo hacen: brilla por su ausencia alguna referencia a esas solicitudes en el auto; tampoco hay ninguna providencia al respecto.
La decisión de aplazar desde la fecha aproximada del 5 de febrero -que motivó el traslado de los presos ayer viernes para que estuvieran cuatro días antes del inicio de la vista- hasta el martes 12 de febrero tiene una explicación elemental: no había argumento alguno para convocar el juicio del 1-O con tres o cuatro días de anticipación.
Era como llamar por teléfono a Estrasburgo, al Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), y avisar: abróchense los cinturones, en España actuamos sin complejos, convocamos sumarísimamente un juicio por delitos gravísimos y que va a durar tres meses... con solo cuatro días de anticipación.
Lo que no puede ser, no puede ser y además es imposible, Talleyrand dixit.
En realidad, el embrollo con la fecha de inicio del juicio aflora dos realidades: el Tribunal Supremo no se caracteriza especialmente por su 'expertise' en la instrucción sumarial y, al tiempo, revela demasiada prisa, hecho que ya adelantamos en este diario.
El auto de admisión de pruebas es la última resolución y por tanto los abogados defensores tienen que poder valorarla y comentarla con sus defendidos. Porque ahora tienen una idea más precisa de lo que será el juicio.
Y para que ese contacto fuera el más adecuado para el derecho de defensa hubiese sido pertinente que el tribunal autorizase a los 12 acusados vivir en un apartamento en Madrid, próximo al tribunal, bajo régimen de arresto domiciliario.
En cambio, los acusados deberán despertarse sobre las seis o seis y media de la mañana en sus respectivas prisiones y prepararse para ser trasladados a la Audiencia Nacional, donde deberán llegar en furgón a las nueve de la mañana. Desde allí, a su vez, serán llevados hasta el Tribunal Supremo. Sin grilletes.
La duración del juicio dependerá de la práctica de las pruebas y las pericias. La idea es que esa prueba quede completada en Semana Santa, que comienza el 14 de abril de 2019, para aprovechar la interrupción y elaborar los escritos de conclusiones definitivas, lo que permitiría acabar en la última semana de abril las calificaciones orales y dictar el "visto para sentencia" antes del comienzo de la precampaña de las elecciones municipales, autonómicas y europeas del 26 de mayo. La sentencia, para el mes de julio.
