Una 'tapada' para el Tribunal Supremo

Carmen Lamela era la apuesta de Lesmes-Macías

La magistrada Carmen Lamela (1961) fue seleccionada para entrar en la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo el 24 de julio de 2018.

Fue el vocal José María Macías, brazo derecho del presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y del Tribunal Supremo, quien propuso, el 17 de julio de 2018, incluirla en la terna número dos, junto con Manuela Fernández de Prado, Juan José López Ortega, Javier Hernández, Ramón Sáez y Francisco de Paula Zamorano.

Según explicó Macías, la magistrada Lamela estaba dando la cara en temas de gran repercusión mediática, era mujer y lo estaba pasando mal. 

Lamela había enviado a prisión el 16 de octubre de 2017 a Jordi Sánchez y Jordi Cuixart y dos semanas después a Oriol Junqueras y ocho exconsejeros del Govern de la Generalitat. Y con anterioridad había procesado por terrorismo a 9 jóvenes de Alsasua (Navarra) que en octubre de 2016 agredieron a dos guardias civiles en las fiestas del pueblo, y ordenado prisión preventiva por blanqueo de capitales al expresidente del Barça Sandro Rosell.

Fue el vocal Álvaro Cuesta, abogado que entró al CGPJ a propuesta del PSOE quien defendió el 24 de julio de 2018 la selección de Lamela de la terna apuntada para cubrir una de las tres vacantes de la Sala de lo Penal.

Lamela tenía sobre todo experiencia en instrucción de causas y su paso por la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional había sido breve, sobre todo si se compara con la dilatada trayectoria de magistrados de esa Sala de lo Penal como Ángel Hurtado, José Ricardo de Prada, Manuela Fernández de Prado o Ramón Sáez.

Cultivó Lamela fama de magistrada de perfil técnico sin afiliación a las cuatro asociaciones judiciales durante su paso por la Audiencia Provincial de Madrid.

Su amigo, el magistrado José de la Mata le propuso trabajar con él en 2009 y 2011 en el Ministerio de Justicia, durante la gestión de Francisco Caamaño en el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. Lamela fue asesora de la Unidad de Apoyo de la Secretaría General de Modernización y Relaciones con la Administración de Justicia.

Lo que la catapultó al Supremo como carta tapada de Lesmes y de Macías -amigo del juez Juan Antonio Ramírez Sunyer, titular del juzgado de instrucción número 13 de Barcelona, y del magistrado Pablo Llarena- fueron sus investigaciones de Alsasua y del procés. Fue también ella quien, de guardia, a primeros de noviembre de 2017, ordenó detener al excomisario José Manuel Villarejo, a solicitud del fiscal jefe de la Fiscalía Anticorrupción, Alejandro Luzón.

Lamela ha sufrido dos golpes serios a sus investigaciones estrella. En Alsasua, el tribunal de la Audiencia Nacional sentenció que los hechos no se incardinaban en el delito de terrorismo, y  en el caso Rosell, Lamela ya pudo intuir en el tercer día del juicio oral, en febrero pasado, que su investigación estaba tocada. 

Fue cuando el tribunal decretó el 27 de febrero pasado la libertad sin fianza del expresidente del Barça. Lamela había denegado durante casi dos años su libertad. La posibilidad de controlar a Rosell mediante instrumentos del siglo XXI como una pulsera telemática brilló por su ausencia.

Mira por dónde, le ha tocado al magistrado Hurtado, que perdió la plaza del Supremo en julio de 2018, atacar los fundamentos de la instrucción de Lamela. Con todo, Hurtado ha sido benévolo, al establecer que los hechos por los que se acusaba a Rosell no han podido probarse y que debía primar el principio de in dubio pro reo. A eso se suele llamar salvar la cara.

EDICIÓ PAPER 25/05/2019

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