El TC va más allá de Rajoy y centra la batalla sobre las sindicaturas

MadridEl Tribunal Constitucional ha resuelto, una vez más por unanimidad, abrir expediente por incumplimiento a los cinco vocales de la Sindicatura Electoral central, y les ha dado cuarenta y ocho para que presenten alegaciones o suspendan su actividad antes de proceder contra ellas a través de multas coercitivas y/o acciones penales, en línea con el nuevo artículo 92.4 de la Ley Orgánica del TC en vigor.

La decisión ha sido adoptada de oficio. El Gobierno, por despiste de la abogacía del Estado, según fuentes jurídicas, no había solicitado estas medidas contra la Sindicatura Electoral central.

Según fuentes del TC, la Sindicatura Electoral central, equivalente a la Junta Electoral Central en un proceso electoral, es clave de acuerdo con las normas aprobadas por el Govern (también suspendidas), en la organización del referéndum y también en en el proceso posterior de construcción del estado independiente ya que debería, entre otras cosas, validar el recuento de votos emitidos.

El Gobierno, a través de la abogacía del Estado, según informó ARA el miércoles, solicitó al TC que se comunicara a los nuevos 15 miembros de las llamadas sindicaturas de demarcación (las de provincias) que debían suspender su actividad a riesgo de incurrir en multas y posibles delitos.

Pero al examinar en su reunión del miércoles la situación, los miembros del TC advirtieron que la Sindicatura Electoral central, nada más crearse con la ley de referéndum y las normas aprobadas por la Generalitat, incumplieron la resolución que fue enviada a los cinco miembros por el TC. En ella se suspendía su actividad y explícitamente se les conminaba a no efectuar nombramientos.

Por tanto, el TC ha adoptado por vez primera algo que no se le ha solicitado. Si bien ha cursado la advertencia de suspensión a los 15 miembros nuevos bajo apercibimiento de acciones penales, como pedía el Gobierno, ha ido más lejos, al abrir expediente por incumplimiento, a los 5 miembros que nombraron a los anteriores.

El TC, según fuentes consultadas, consideró la posibilidad de imponer a los 5 miembros citados multas entre 3.000 y 30.000 euros y enviar los incumplimientos a la Fiscalía inmediatamente, pero, por unanimidad, abrió un plazo de 48 horas para que presenten alegaciones antes de proceder contra ellos. La idea es evitar la impresión de una ejecución sumaria.

Las decisiones del TC suponen vaciar de contenido la actividad de un órgano vital para el referéndum y el proceso de transitoriedad jurídica posterior. Si no se paraliza esa actividad, el TC adoptará medidas draconianas más duras en su próxima reunión. En principio, hasta el próximo lunes no habrá pleno del tribunal para tratar asuntos relacionados con el referéndum.

El TC aprobó en su reunión el texto de la resolución o auto presentado por la ponente, María Luisa Balaguer, del sector progresista, sobre el recurso de súplica presentado por la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, según el cual insistía en recusar a los doce miembros del tribunal.

El borrador ha sido aprobado. Según ha trascendido, se rechaza el recurso de súplica, cuyo argumento central consistía en señalar que los doce miembros habían admitido a trámite el incidente de ejecución del Gobierno contra la tramitación del referéndum en el Parlament por lo que deberían quedar contaminados para pronunciarse sobre el fondo. El recurso hace, pues, una analogía con la jurisdicción penal que la magistrada Balaguer y sus colegas consideran fuera de lugar de la jurisdicción constitucional.