La Sala Penal hace enmienda a la totalidad de las diligencias de García-Castellón sobre Pablo Iglesias

MadridLa sección tercera de lo Penal de la Audiencia Nacional ha advertido al juez Manuel García-Castellón que el líder de Podemos, Pablo Iglesias, ha sido perjudicado por las filtraciones de la tarjeta del móvil robado a su excolaboradora Dina Bousselham y ha revocado su decisión del pasado mes de mayo, siguiendo un informe de la Fiscalía Anticorrupción, de quitarle la citada condición en la llamada pieza Dina del caso Tándem-Villarejo. El auto es una enmienda a la totalidad de la instrucción que lleva el juez en los últimos meses cuyo foco son hipotéticos delitos que pudo cometer Iglesias.

Esa enmienda llega en un momento clave porque el juez ya ha anunciado su disposición a admitir a trámite una querella de Vox, cuya personación admitió en la causa hace diez días, por seis delitos (denuncia falsa, falso testimonio, simulación de hurto, estafa procesal, tráfico de influencias y revelación de secretos). Habrá que ver qué conducta adopta ahora tras este auto.

La sección tercera, en un auto aprobado por unanimidad cuyo ponente ha sido el magistrado Carlos Fraile, se ve obligada a recordar, precisamente, qué es lo que se investiga en el procedimiento.

“En el presente procedimiento se investiga una organización criminal en la que Villarejo recibía encargos de participar en maniobras de intoxicación informativa y de realizar campañas mediáticas de desprestigio y, dada la correlación de fechas, todas las actuaciones ocurridas desde el robo del móvil, gravemente perjudiciales para Podemos y sus miembros, particularmente para Iglesias debe mantenerse este último la condición de perjudicado”, señala la resolución.

En rigor, esto es lo que impulsaron inicialmente García-Castellón y la Fiscalía. Sin embargo, a partir de alcanzar, según ha compartido en privado, la certeza de que Iglesias habría utilizado el procedimiento judicial en coincidencia con la campaña de abril de 2019 para obtener réditos electorales –, ha emprendido un viaje por senderos bifurcados que le han llevado hasta Gales -quería viajar hasta allí para tomar declaración a los empleados de la empresa, pero la diligencia se pudo cumplimentar de manera documental- a fin de conocer si la tarjeta estaba dañada físicamente cuando Iglesias se la devolvió a su excolaboradora, meses después de recuperarla, y quién pudo provocar dichos daños. La empresa respondió que la tarjeta esta físicamente intacta si bien no estaba operativa.

Los magistrados de la sección tercera entran en las hipótesis que ha manejado el juez sobre la filtración de contenidos de la tarjeta a medios de comunicación.

“Dado que el propósito de esta causa y de sus diferentes piezas separadas es la investigación de la organización de los investigados es evidente la improcedencia de investigar en este procedimiento de las alternativas planteadas por este juzgado incluyendo la de que los ahora recurrentes [Bousselham e Iglesias] como origen de las informaciones publicadas”, señalan.

La sala de lo Penal advierte, precisamente, de que es improcedente investigar en este procedimiento “la naturaleza y autoría de los desperfectos de la tarjeta así como el momento en que los desperfectos pudieron ser ocasionados. No es aquí donde procede investigar otros delitos”.

Los delitos que pretende investigar el juez en el procedimiento en curso no guardan, sostiene el auto, la “conexidad requerida para el enjuiciamiento conjunto por el artículo 17 de la le ley de Enjuiciamiento Criminal, por lo que deberían ser investigadas en otro distinto por el órgano judicial que ostente la competencia para ello”.

Fuentes judiciales consultadas señalan que del auto se puede deducir “que en la pieza Dina se han realizado diligencias improcedentes lo que ha demorado la investigación principal, o lo que es lo mismo, dilaciones indebidas cuando su imputado [Villarejo] lleva mil días largos de prisión provisional”.

El juez ha convertido de facto el caso Dina en el caso Pablo Iglesias, no siendo competente, además, para investigar a un aforado como el vicepresidente segundo del Gobierno.