Partido Popular, continuidad histórica de una corrupción sistémica

MadridEl veterano penalista José Mariano Benitez de Lugo, (Madrid, 1941) escribe, al pedir el pasado 31 de marzo de 2016, la declaración testifical de Mariano Rajoy en el juicio oral del caso Gürtel, que no siente "ningún respeto por él como presidente de un partido que hace de los comportamientos corruptos su ADN".

Según una escueta diligencia de diez líneas del pasado viernes, día 28 de abril, el tribunal de Gürtel solicita al presidente de la Audiencia Nacional, José Ramón Navarro, que gestione la fecha con La Moncloa para la comparecencia del testigo Rajoy, el único presidente de gobierno de la democracia que va a prestar declaración.

¿Cuál sería el origen de esa molécula en la que se encontrarían las instrucciones que un partido político, el PP, usa para desarrollar su actividad, unas instrucciones transmitidas de unos a otros?

El hombre que representa la continuidad histórica en la financiación irregular del PP es uno de los principales acusados en Gürtel y lo será en el juicio de la contabilidad B que con toda probabilidad se celebrará en algún momento de 2018: Luis Bárcenas. Es el hombre que Rajoy, contra la voluntad de la flamante secretaria general, María Dolores de Cospedal, hizo tesorero nacional, en junio de 2008, en sustitución de Álvaro Lapuerta.

Bárcenas heredó la contabilidad B de manos de Rosendo Naseiro en 1990, según está acreditado en los papeles originales aportados al juez Pablo Ruz, el 15 de julio de 2013, y continuó su llevanza hasta 2008. Allí, como en la contabilidad manuscrita que llevaba Leslie Shumway, uno de los contables de Al Capone, en Chicago (1926), se han anotado una parte de los movimientos por así domésticos del PP, la entrada de donativos ilegales, en negro, por valor de 7,5 millones de euros, y su distribución en sobresueldos y gastos diversos. Solo una punta del iceberg de lo que se movía en la "central" del PP que tenía su réplica en las finanzas de los partidos regionales.

Mientras entre 1990 y 1992 se desarrollaban las diligencias de investigación sobre el tesorero nacional del PP, Rosendo Naseiro, su delfín de entonces, Luis Bárcenas, seguía anotando los apuntes en B o, que diría hoy Bárcenas, su contabilidad "extracontable".

El caso Naseiro -financiación irregular del PP- fue archivado en el Tribunal Supremo -por unas intervenciones telefónicas declaradas ilícitas- y la absolución de los acusados, el 15 de julio de 1992, ni siquiera interrumpió la contabilidad B, como lo atestiguan las anotaciones de Bárcenas.

El archivo fue precedido por una célebre portada del diario 'Abc', que solía atacar de manera despiadada al juez instructor, Luis Manglano. El juez de la Comunidad Valenciana, que había heredado las intervenciones telefónicas a dirigentes del PP, dijo que se vestiría de torero caso de que se anularan como prueba. Al ser anuladas, el citado diario lo disfrazó de torero en portada el 19 de junio de 1992."El Caso Naseiro se convierte en Caso Manglano" tituló su portada con el juez de torero arrollado por un toro.

En un artículo de la época, el juez Alberto Jorge Barreiro, que sigue en la Sala Segunda del Tribunal Supremo, escribió tras el archivo unas líneas magistrales.

He aquí su opinión: "Las elucubraciones que hemos ido haciendo nos conducen a desvelar cuál ha sido el auténtico error del juez que instruyó el ‘caso Naseiro’: entender –pecando quizá de ingenuidad- que en la aplicación de la ley penal ya no existía la distinción entre los hombres de gran guisa, los franqueados y los siervos, olvido que le llevó a aplicar a los primeros unas leyes procesales aprobadas para los últimos".

El archivo fue la patente de corso para el futuro del PP. Si en el huevo de la serpiente se puede observar al reptil ya formado a través de la fina membrana, el archivo del caso Naseiro permitió conocer cómo operaba el PP.

Sería necesario esperar veintiún años hasta el 15 de julio de 2013 para que Bárcenas hiciera su confesión, con los papeles 1990-2008 delante, y describiera el contenido de las anotaciones, pagos de alrededor de 322.500 euros en sobresueldos a Rajoy incluidos.

Pero volvamos a la molécula, que contiene las instrucciones que un partido político que el PP usa para desarrollar su actividad. ¿Cuales son esas instrucciones transmitidas de unos a otros?

Los dirigentes del PP estiman que hacen un sacrificio personal al participar en los diferentes estamentos del poder. La pregunta clave que estos profesionales del poder se plantean es: ¿cómo se puede vivir con 4.000 euros? Imposible, responden.

Hay, pues, un sistema que contempla varios emolumentos o niveles: un sueldo legal en A y complementos, sobresueldos en B, según méritos. Además, para que los que no disfrutan de sobresueldos existen igualas y contratos en A para aquellos que no disfrutan de complementos. Estas iguales o contratos son en ciertos casos derivados desde la organización central del partido. Y luego hay otro nivel que se podría llamar red premium en B para jefes locales o regionales, que se canaliza entre empresas y partido en diferentes niveles.

A la luz de este esquema no es difícil entender la perplejidad de imputados como el exdiputado Vicente Martínez-Pujalte, el ex diputado y embajador Gustavo de Arístegui, el exdiputado Pedro Gómez de la Serna o la exsenadora Ana Torme. O de otra personalidad, que no está imputada pero que también participaba en el esquema descrito, como es el caso del exdiputado y exministro, compensado con la embajada en Londres, Federico Trillo.

En este contexto, por tanto, hay que situar los casos de voracidad extrema, según fuentes próximas a algunos dirigentes del PP "afectados" en asuntos "menores", como el de Rodrigo Rato, exvicepresidente del Gobierno entre 1996 y 2004, o el de Ignacio González, expresidente de la Comunidad de Madrid y de la empresa Canal de Isabel II.

Dique de contención

El PP, pese a las evidencias, nunca reconoce que exista una corrupción sistémica (Madrid, Valencia, Baleares, para tomar algunos ejemplos), una admisión que supondría un harakiri para la cúpula liderada por quienes ostentan todos los poderes de administración, el presidente del partido y con poderes delegados del presidente, actualmente la secretaria general.

En cambio, el partido ha intentado desde el arranque de la legislatura en curso un cambio estratégico que consiste en desactivar las instituciones claves en el destape de la corrupción: la Fiscalía General del Estado y la Fiscalía Anticorrupción.

El ministro de Justicia, Rafel Catalá, y Manuel Marchena, presidente de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, acordaron una hoja de ruta. Marchena estaba llamado a ser el nuevo fiscal general del Estado, pero consciente del alto grado de exposición de dicho cargo optó por "delegar" en un magistrado de dicha sala, José Manuel Maza.

Marchena persuadió a Maza de que debía "tomar las dos colinas" del ministerio público: la Fiscalía Anticorrupción y la Fiscalía de la Audiencia Nacional. Anticorrupción era la colina prioritaria. El escogido era un hombre de su confianza de la secretaría técnica des de la época del fiscal general del Estado, Jesús Cardenal. Es decir: Manuel Moix.

La idea de actuar con agresividad ya había aflorado con anterioridad parcialmente con el Fernández Gate -las grabaciones de la guerra sucia del Ministerio del Interior de Jorge Fernández Díaz- y la obstrucción a la acción de la justicia en el caso del 'ÁticoGate', el dúplex de Ignacio González de Marbella.

Ahora, el intento más serio o más planificado de erigir un dique de contención a través de una trama político-judicial-mediática, tras la investidura de Rajoy en octubre pasado, ha quedado expuesto con las grabaciones de la Operación Lezo.

El PP apuesta ahora por desactivar esa fiscalía que siempre quiso descafeinar, la Fiscalía Anticorrupción, creada en 1995, pero cuya expansión y poderío más notable sería adquirido a partir de 2004. Una fiscalía que para el PP es una máquina de perseguir escándalos de corrupción…del PP.