El PP no se resigna a que Rajoy acuda en persona al juicio
El PP está en el juicio como partícipe a título lucrativo
MadridEl auto del tribunal del juicio del caso Gürtel no deja lugar a dudas al citar a Mariano Rajoy “debiendo de comparecer el testigo ante el tribunal en la fecha que se señale según calendario fijado para el juicio con aplicación en su caso de las previsiones necesarias en cuanto a su citación para evitar perturbar el adecuado ejercicio de su cargo”. Porque, como señala, este “régimen jurídico procesal es el expresamente previsto por los artículos 702 y 703 de la ley de Enjuiciamiento Criminal”.
El tribunal señala en relación a la prueba testifical de Rajoy que es “delicado” valorar aspectos de las pruebas practicadas porque ello podría “comprometer la posición del tribunal cuando todavía no está concluido el juicio oral”. Pero apunta “la significativa posición procesal del Partido Popular [siglas que anota en mayúsculas] que se negó a prestar ninguna declaración respecto de los hechos…”. El PP está en el juicio como partícipe a título lucrativo.
Lo que cree el tribunal que se puede decir es esto: “Está en nuestro ánimo contar con todo el material probatorio necesario que debidamente propuesto por las partes nos permita llegar a una deliberación en las mejores condiciones, con todos los elementos necesarios para poder ejercer nuestra función jurisdiccional, de la manera más completa, correcta e informada posible”.
El auto lleva fecha del 19 de abril, es decir, del día siguiente a la deliberación del tribunal. Como el magistrado ponente, Ángel Hurtado, estaba en minoría contra la citación de Rajoy, debió ceder la ponencia, que asumió el magistrado Julio de Diego quien con el tercer magistrado, José Ricardo de Prada, formó la mayoría. Hurtado redactó un voto particular o discrepante que se incorpora al auto, lo que ha retrasado la notificación.
Según Hurtado, la mayoría no da una razón de fondo para modificar el criterio que había llevado al tribunal por unanimidad, en febrero de 2016, a inadmitir la prueba “sin perjuicio de que, en otro momento, se pueda acordar por la sala que testifique, de considerarlo necesario, a la vista del desarrollo del juicio oral”.
En su voto discrepante, Hurtado dedica casi cuatro de diez folios a lo que, según dice es la propuesta auto: la “comparecencia presencial” de Rajoy. “No es descartable una interpretación alternativa, por lo que una aclaración en este sentido no estaría de más”, dice. Hurtado le da un tono muy personal a su escrito. En cierto momento señala: “Mientras redactaba el presente voto particular, he tenido conocimiento, a través de los medios de comunicación, de la disposición del señor Rajoy a declarar en persona ante este Tribunal; pero ello no quita para que exponga las razones por las que considero que su declaración debería hacerse por videoconferencia, por ser una cuestión de derecho…”
Un auto de admisión de prueba no es recurrible. Por ello, la sugerencia de una "aclaración" por parte de Hurtado le da pie al PP a apoyarse en su voto, habida cuenta de que en un escrito del día 19 de abril solicitó una fundada motivación. Según ha explicado a ARA Jesús Santos, ex teniente fiscal de la Audiencia Nacional y abogado del bufete Baker & McKenzie, el PP presentará un escrito porque a pesar de la prudencia debe existir motivación de por qué ahora se ha admitido lo que anteriormente se rechazó.
¿Pedirá la defensa del PP la videoconferencia apoyándose en la “aclaración” que sugiere Hurtado? “En este primer escrito haremos referencia a la motivación. El tema de la forma en que declarará el presidente del Gobierno vendrá cuando el tribunal quiera compaginar las posibles fechas de la testifical”, precisó. Más allá del caso Gürtel, fuentes judiciales apuntan que el voto de Hurtado contrario a la declaración de Rajoy y que procura, en todo caso, que tenga lugar por videoconferencia, no puede disociarse de un momento especial en el ámbito de las posibilidades de puestos relevantes en diferentes tribunales.
Por un lado. está en juego la presidencia de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional que dejará próximamente su presidente, Fernando Grande-Marlaska, para pasar a la comisión permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). A partir del 1 de junio se inaugura la Sala de Apelaciones de la Audiencia Nacional, con tres plazas en danza, una de las cuales es la de presidente. Y hay dos vacantes en la Sala Segunda del Tribunal Supremo: la que han dejado José Manuel Maza y Cándido Conde-Pumpido.
