Moix no consigue el aval del Consejo Fiscal para apartar a los fiscales del 3%

El jefe de Anticorrupción logra mantener el cargo pese al revés

Ernesto Ekaizer
3 min
El fiscal en cap d’Anticorrupció, Manuel Moix, va salvar el càrrec tot i el rebuig a la seva decisió.

MadridEl fiscal jefe Anticorrupción, Manuel Moix, salvó ayer la cabeza al votar nueve miembros del Consejo Fiscal contra la propuesta de tres miembros de la Unión Progresista de Fiscales (UPF) de destituirle. Pero no consiguió el aval de dicho consejo para apartar del caso del 3% en Cataluña a los fiscales José Grinda, Fernando Bermejo y Juan José Rosa, según les había anunciado Moix. El fiscal general del Estado, José Manuel Maza, justifica esta falta de respaldo con el pretexto de que necesita tener más información y saber si el juez Josep Bosch, de El Vendrell, acepta inhibirse a favor de la Audiencia Nacional.

Es la primera vez que en un Consejo Fiscal se llega a debatir y votar la iniciativa de destituir a un fiscal jefe. También se planteó – a propuesta de la fiscal Sofía Puente- la dimisión de Maza. Aunque Moix salvó el pellejo, Maza no pudo cubrirle en la operación de apartar a los fiscales del 3%, que seguirán de momento en el caso.

Moix había anunciado su decisión de apartarles por razones “territoriales” y funcionales e informó que dos fiscales de la Fiscalía Provincial de Barcelona se hacía cargo de la investigación que ya lleva tres años de duración. En la práctica, las razones territoriales para apartar a Grinda, Bermejo y Rosa se contradicen, según fuentes jurídicas, con toda la actividad de Moix desde que asumió oficialmente el cargo, el pasado 8 de marzo.

El 28 de marzo recibió declaración de los imputados Rafael Pallardó y Santiago Roselló, quienes acusan a los fiscales del 3% de coacciones y amenazas. El 31 de marzo, Moix y la teniente fiscal Anticorrupción, Belén Suárez, recibieron a Higini Cierco, accionista de la intervenida Banco Privada de Andorra (BPA), quienes ofrecieron su colaboración con la Fiscalía en asuntos de corrupción.

Tanto Pallardó como Roselló han implicado a los fiscales Grinda y Bermejo en movimientos espúreos que condujeron a la intervención de la BPA. Esos movimientos, dicen los denunciantes, tuvieron como motivo la resistencia de esta entidad a aportar información sobre los negocios de la familia Pujol.

Moix anunció a los tres fiscales que les apartaba del caso 3% y que había enviado una de las denuncias –la de Pallardó- a la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. No pudieron defenderse frente a las denuncias. Por tanto, el fiscal jefe usó el argumento territorial como un pretexto para separar a los fiscales, ocultando la verdadera razón: la investigación de Moix de las denuncias de los dos imputados, a espaldas de los fiscales, y la nueva relación con los Cierco.

“Moix mintió. No es posible que al anunciar su decisión de apartar a los tres fiscales no tuviera en cuenta sus propias diligencias con las denuncias de los imputados y sus reuniones con Higini Cierco y su abogado Javier Iglesias”, dijo una fuente jurídica consultada a ARA.

Fuentes del Consejo Fiscal señalaron que ha quedado claro que no se respalda a Moix en su propuesta de apartar a los tres fiscales y que el fiscal general del Estado necesita información adicional. Una de esas informaciones tienen que ver con la propuesta de que el juez Josep Bosch se inhiba a favor de la Audiencia Nacional. De producirse esta decisión –que se daba como muy probable-, el pretexto “territorial” usado por Moix caería definitivamente por su propio peso.

Con todo, si bien es evidente que Moix está instrumentalizando el caso de la BPA y a los denunciantes, las dos preguntas que las citadas fuentes jurídicas se hacen son: ¿a quién quiere proteger apartando a los fiscales que están proponiendo una nueva exposición motivada al TSJ de Cataluña para implicar a nuevas personalidades? ¿Es porque ha recibido instrucciones del Gobierno de Rajoy?

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