¿Más cerca del fiscal Yves Bertossa?

La incógnita es si el fiscal suizo llamara a declarar ahora al rey emérito

 “La decisión de marchar fuera de España era el desenlace inevitable. Iba a ser más pronto que tarde. Y el gobierno de Pedro Sánchez estaba al corriente de lo que se cocinaba. Desde el pasado 15 de marzo, Juan Carlos I ya no percibía la asignación de 194.232 euros anuales. ¿Iba a vivir de la limosna de un puñado de empresarios amigos? Fuera de España puede organizarse de otra manera”, dijo ayer una fuente conocedora de las últimas cavilaciones del círculo que rodea a Juan Carlos I. 

El rey emérito no está imputado en causa alguna, ni en España ni en Suiza. Pero la recepción de dinero en Suiza y otras transacciones son objeto de dos investigaciones.  

La iniciada en julio de 2018 por el primer fiscal de Ginebra especializado en asuntos económicos, Yves Bertossa, y la abierta en diciembre de 2018 por la Fiscalía Anticorrupción, transferida desde primeros de junio de 2020 a la Fiscalía del Tribunal Supremo. 

Bertossa investiga un presunto delito de “blanqueo de capitales agravado” en la transferencia de 100 millones de dólares (64,8 millones de euros) realizada el 8 de agosto de 2008 por el Ministerio de Finanzas de Arabia Saudí a la cuenta que la fundación panameña Lucum, creada para recibir el dinero, poseía en el banco Mirabaud de Ginebra.  

El fiscal suizo sospecha que ese dinero sería el pago de una comisión del monarca saudí ya fallecido, Abdullah Bin Abdulaziz, a Juan Carlos I por su intermediación en la adjudicación del proyecto AVE Medina-La Meca y no un regalo como sostuvieron los representantes del ahora rey emérito durante los interrogatorios en Ginebra. 

En Lucum, fundación dada de baja el 31 de julio de 2012, el primer beneficiario era Juan Carlos I y el segundo el entonces, en 2011, príncipe  Felipe, hoy rey de España. 

El fiscal ginebrino tiene imputadas a tres personas y una entidad jurídica: Arturo Fasana, financiero a cargo de la empresa suiza Rhône Gestión; Dante Canonica, abogado, Corinna zu Sayn-Wittgenstein, la examante de Juan Carlos I y el banco Mirabaud.  

En su investigación ha tomado declaración también al primo lejano de Juan Carlos I, Álvaro de Orleans, que es a su vez primer beneficiario de una segunda fundación, Zagatka, creada en 2003 en Liechtenstein, en la que Juan Carlos I es el tercer beneficiario y el entonces príncipe Felipe el cuarto.  

A diferencia de Lucum, la fundación Zagatka sigue viva y ha registrado movimientos después de que Juan Carlos I perdiera su inviolabilidad absoluta en junio de 2014. En esta fecha el entonces rey Juan Carlos I abdicó abdicar y el gobierno de Mariano Rajoy introdujo en julio de 2014 una modificación legal que convirtió al rey emérito en aforado ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo. 

Javier Sánchez Junco, abogado del todavía rey emérito, emitió ayer un comunicado en el que señala que su cliente permanece “a disposición de la Fiscalía” del Tribunal Supremo, cuyas diligencias siguen abiertas en colaboración con el fiscal Betossa sobre presuntas actividades delictivas que pudieron cometerse en la adjudicación del proyecto AVE Medina-La Meca en 2011. 

Juan Carlos I ya estaba fuera de España cuando ayer se anunció su “traslado”. La pregunta es: ¿el fiscal Bertossa le llamará a declarar ahora que ya reside fuera de España y se muestra dispuesto a colaborar con la justicia?

Hasta ahora, el fiscal de Ginebra se había abstenido de llamar a declarar a Juan Carlos I habida cuenta de que mantiene su cooperación jurídica internacional con la Fiscalía española y estaba a la espera de las actuaciones judiciales en España. Pero la decisión del rey emérito de residir fuera de España y la lentitud de la justicia española cambian la situación. Bertossa ya no tiene impedimento alguno para citar a Juan Carlos I en calidad de imputado.

El presidente de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, Manuel Marchena, ha patrocinado el seguimiento de la investigación en la Audiencia Nacional. Precisamente, el juez Manuel García-Castellón ha reabierto una causa archivada forzadamente en septiembre de 2018 ahora con el argumento de que Corinna, la  examante  de Juan Carlos I,  encargó al expolicia José Villarejo investigar a una empleada domestica presuntamente desleal. El juez ha citado a Corinna a declarar como imputada el 8 de septiembre próximo en la Audiencia Nacional, lo que ha obligado a modificar la fecha del acto de apertura del año judicial, que preside Felipe VI, inicialmente previsto para el 8 de septiembre y convocarlo el 7 de septiembre. Marchena, asimismo, será ponente en la Sala de Admisión del Supremo sobre la querella de Òmnium Cultural contra Juan Carlos I, presentada el 3 de julio pasado. 

Juan Carlos I “desheredó” aparentemente a Felipe y sus hermanas al acordar, en mayo de 2012, una “donación irrevocable” de 64,8 millones -el regalo de Arabia Saudí- a favor de Corinna. Esta operación, aparentemente para utilizarla como fiduciaria, acabó con la pretendida princesa convertida en dueña real del dinero. 

EDICIÓ PAPER 26/09/2020

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