ANÁLISIS

Mapa del nivel de 'contaminación' del tribunal que enjuiciará la rebelión

La sala de enjuiciamiento, formada por 7 magistrados, ya tiene cuatro de ellos recusados y pendientes de resolución en septiembre

ERNESTO EKAIZER
ERNESTO EKAIZER

Cinco magistrados del que será el tribunal del juicio oral –en fecha todavía incierta– a los 18 procesados por los delitos de rebelión, malversación y desobediencia ya están actuando como sala de enjuiciamiento: Manuel Marchena Gómez, presidente del tribunal y ponente de la sentencia; Juan Ramón Berdugo Gómez de la Torre; Antonio del Moral García; Andrés Martínez Arrieta, y Luciano Varela Castro. A ellos se unirán otros dos para formar el tribunal de 7, un número que se adopta en casos trascendentales. En principio –todavía no han sido designados– serán Ana Ferrer García y Andrés Palomo del Arco.

La formación de la base o mayoría del tribunal viene determinada por una decisión general de 2016, es decir, anterior a los hechos del Procés que son objeto del enjuiciamiento. Se trata del tribunal de causas especiales en los que se juzga a personas aforadas. La Sala del Gobierno del Tribunal Supremo adoptó el acuerdo el 29 de diciembre de 2016, publicada en el BOE, en el que se establece la composición y funcionamiento de las salas y secciones, así como la asignación de ponencias en los que se debían turnar los magistrados en 2017. Según dicho acuerdo “el tribunal que habrá de conocer las causas especiales resolverá sobre su admisión a trámite y, en su caso, las enjuiciará, estando formado por el presidente de la sala y dos o cuatro magistrados, según los casos…”. 

La Sala de Admisión, que adoptó el 31 de octubre de 2017 la decisión de admitir a trámite la querella del entonces fiscal general del Estado, José Manuel Maza, estaba integrada así: presidente y ponente, Manuel Marchena, a su vez presidente de la Sala Segunda del Supremo; Andrés Martínez Arrieta; Julián Sánchez Melgar; Juan Ramón Berdugo, y Luciano Varela.

Desde entonces, Sánchez Melgar salió del Supremo para ser nombrado, el pasado mes de diciembre, fiscal general del Estado; en su lugar forma parte de la Sala de Admisión el magistrado Del Moral.

Marchena (Las Palmas de Gran Canaria, 1959) es magistrado del Tribunal Supremo desde 2007 y preside la Sala Segunda, la sala penal, desde noviembre de 2014. Es licenciado en Derecho por la Universidad de Deusto con la máxima calificación académica y es doctor en Derecho.  

Fiscal excedente, actuó como miembro de la secretaría técnica, entre 1992 y 1994, con el fiscal general del Estado del PSOE, Eligio Hernández, y más tarde como fiscal jefe de “la técnica” –como se llama al gabinete del fiscal general del Estado– en 2003 con el fiscal general del Estado del gobierno de José María Aznar, Jesús Cardenal, cargo a través del cual ascendió a fiscal de sala, la categoría más elevada del escalafón. En 2004, tras el cambio de gobierno, fue nombrado fiscal del Tribunal Supremo, adscrito a la sala penal. En 2007, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) le nombró magistrado del Tribunal Supremo.

Marchena presidió la Sala de Admisión y fue ponente de la admisión a trámite, en mayo de 2016, de la querella contra el ex consejero de presidencia de la Generalitat, Francesc Homs, por la convocatoria de la consulta del 9 de noviembre de 2014. Más tarde presidió el tribunal que condenó a Homs por el delito de desobediencia grave y le inhabilitó durante 13 meses para ejercer cargos públicos el 22 de marzo de 2017. 

Juan Ramón Berdugo (Valladolid, 1959), licenciado en Derecho por la Universidad de Valladolid, es magistrado desde 1983. Entre 1988 y 2004 actuó como magistrado de la sección segunda de la Audiencia Provincial. Miembro de la consevadora Asociación Profesional de la Magistratura (APM), en julio de 2004 fue nombrado magistrado del Tribunal Supremo con el apoyo de los vocales conservadores en el CGPJ, en sustitución de Cándido Conde-Pumpido, nombrado a su vez fiscal general del Estado.

Berdugo formó parte de la Sala de Admisión de la querella por rebelión, malversación y desobediencia, así como también de la que, previamente, sentó a Homs en el banquillo. Más tarde fue miembro del tribunal que le condenó.   

Antonio del Moral (1959), fiscal por oposición desde 1983, estuvo destinado en la secretaría técnica de la fiscalía general del Estado y en el Tribunal Supremo. Desde abril del 2012 ocupa plaza como magistrado en la Sala Segunda del Tribunal Supremo, a la que accedió por el turno de juristas de prestigio.

Andrés Martínez Arrieta (1955) es magistrado de la Sala Segunda del Tribunal Supremo desde 1998. En diciembre pasado, sustituyó a Sánchez Melgar como el magistrado de la Sala Segunda para conocer las actividades del Centro Nacional de Ingteligencia (CNI) que afecten a los derechos fundamentales. Martínez Arrieta formó parte de la Sala de Admisión de la querella por rebelión el 31 de octubre de 2017 y también integró el tribunal que condenó a Homs.

Luciano Varela (Pontevedra, 1947) es magistrado de la Sala Segunda del Supremo de 2007. Formó parte de la Sala de Admisión de la querella por rebelión. Durante el debate sobre la querella, el 31 de octubre de 2017, Varela insistió en considerar los hechos del 1-O como un delito de conspiración para la rebelión, castigado con penas de hasta 15 años, frente al máximo de 30 años del delito de rebelión. Después de un intenso debate, el ponente, Marchena, introdujo esa alternativa en el auto de admisión a trámite.

Ana Ferrer (1959) es la primera mujer en la Sala Segunda en el Tribunal Supremo a partir de abril de 2014. Miembro de la progresista Juezas y Jueces para la Democracia, anteriormente presidió la Audiencia Provincial de Madrid, entre 1996 y 2008. Instruyó el caso Roldán, el ex director de la Guardia Civil durante la etapa del PSOE, procesado y condenado por malversación de fondos públicos y otros delitos. Formó parte de la Sala de Admisión que tramitó la querella en mayo de 2016 contra Homs y, más tarde, del tribunal que dictó sentencia condenatoria contra él.

Andrés Palomo (1954) entró a la Sala Segunda del Tribunal Supremo en 2014. Fue designado magistrado instructor de la causa contra Francesc Homs y quien dictó el 20 de enero de 2017 el auto de apertura oral por delitos de desobediencia y prevaricación contra él.

La designación de Ferrer y Palomo se da por hecha en fuentes del Tribunal Supremo. No obstante, los dos miembros del tribunal que se unirán a los cinco que ya forman la Sala de Admisión y Enjuiciamiento serán designados una vez que se dicte el auto de apertura de juicio oral, durante el mes de septiembre/octubre. 

En esas fechas, precisamente, tomarán posesión en la Sala Segunda tres nuevos magistrados: Susana Polo, Eduardo Porres y Carmen Lamela. Los dos primeros –Lamela está excluida por haber sido instructora de la causa de sedición en la Audiencia Nacional– podrían también ser destinados al tribunal de enjuiciamiento.

Las defensas de Jordi Turull, Josep Rull y Jordi Sànchez, por un lado, y la de Oriol Junqueras y Raül Romeva, por el otro, han recusado a cuatro magistrados (Marchena, Berdugo, Martínez Arrieta y Varela) por haber participado en la admisión a trámite de la querella por rebelión y, por tanto, haber participado en las calificaciones jurídicas preliminares.

La Sala, presidida por Marchena e integrada por los magistrados Martínez Arrieta y Del Moral, ha decidido, el pasado 30 de julio, tramitar la recusación, a la que se ha opuesto con dureza la Fiscalía del Tribunal Supremo, pese a la presencia de una nueva fiscal general del Estado, María José Segarra.

Un magistrado instructor se hará cargo de la recopilación del material y a primeros de septiembre una sala –la llamada Sala del artículo 61 de la ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ), compuesta de quince magistrados del Supremo– encabezada por su presidente, Carlos Lesmes, adoptará la decisión sobre esas recusaciones.

Esta recusación es fundamental para conocer la composición futura del tribunal y porque, además, es un requisito para poder presentar después recursos de amparo ante el Tribunal Constitucional y acudir ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo.

EDICIÓ PAPER 09/12/2018

Consultar aquesta edició en PDF