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Lesmes utiliza su voto de calidad y descarta al juez más preparado para apoyar en los casos Púnica y Lezo

El presidente del Consejo General del Poder Judicial no quería que Alejandro Abascal fuese el elegido, aunque es la persona que había pedido el juez titular y quién sabe más sobre estos dos casos de corrupción del PP, e inclina la balanza a favor de Diego de Egea

El presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y del Tribunal Supremo, Carlos Lesmes ha tenido que usar su voto de calidad (o doble voto) para evitar que el juez Alejandro Abascal salga seleccionado como juez de refuerzo de la investigación en el juzgado central de instrucción número 6 que abandonó el juez Eloy Velasco, a cambio de pasar a la Sala de Apelaciones de la Audiencia Nacional, según había avanzado ARA ayer.

Uno de los temas más relevantes del orden del día –la comisión de servicios de un juez de apoyo para reforzar la investigación de los casos de corrupción del Partido Popular y del Gobierno de la Comunidad de Madrid Púnica y Lezo- llevó un debate de 45 minutos entre los ocho miembros de la Comisión Permanente del CGPJ. Cuatro miembros –Lesmes, Mar Cabrejas, Rafael Mozo y Pilar Sepúlveda- votaron a favor del nombramiento del magistrado Diego de Egea, titular del juzgado 43 de Madrid, y otros cuatro –Álvaro Cuesta, Nuria Díaz Abad, Fernando Grande-Marlaska y Juan Martínez Moya- apoyaron el nombre del juez Alejandro Abascal. Lesmes hizo uso de su voto de calidad para conseguir el nombramiento de De Egea.

Lesmes había conseguido llegar a la reunión de la Comisión Permanente sin que el nombre de Abascal figurase en la terna de aspirantes propuesta por la Sala de Gobierno de la Audiencia Nacional. Pese a que la magistrada ponente, la presidente de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, Concepción Espejel, propuso a Abascal junto con los otros dos jueces, la mayoría de la sala, ex colegas de Lesmes en la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional consiguieron apearle de la terna, que quedó en un par: Miguel Ángel Torres y De Egea.

Abascal actuó como juez de apoyo del magistrado Eloy Velasco en la fase más difícil de la Operación Lezo (trama de corrupción del ex presidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González). Una de las razones por las que se le otorgó la comisión de servicios en marzo de 2016 fue por haber sido uno de los letrados que estudio y propuso los cambios asumidos en la reforma de la ley de Enjuiciamiento Criminal, 2015, sobre escuchas telefónicas y utilización de micrófonos.

La comisión de servicios de Abascal empezó a finales de marzo de 2016, fue renovada solo por tres meses en septiembre de dicho año y sorpresivamente cancelada en diciembre de 2016, un hecho que, según fuentes jurídicas, llevó al juez Velasco, agotado por las múltiples presiones y el volumen del trabajo, a acelerar su salida del juzgado de instrucción.

Una de las vocales que ayer apoyó la candidatura de Abascal precisamente por su conocimiento de las causas del juzgado de instrucción, Nuria Díaz Abad, hizo, al explicar su voto, una radiografía de lo que calificó como la “errática” del CGPJ en relación con las comisiones de servicios en el juzgado de instrucción número 6 que investiga las operaciones de Lezo y Púnica, entre otras.

Esa actuación "errática" consistió precisamente en renovar la comisión de servicios de Abascal en septiembre de 2016, al vencer los primeros seis meses, solamente por tres meses, una práctica inusual. Al cabo de esos tres meses, la comisión fue cancelada con el argumento de que los objetivos de normalización del juzgado número 6 se habían alcanzado. Sin embargo, en julio de 2017, los mismos servicios de inspección que justificaron la cancelación de la comisión en diciembre de 2016 informaron que era necesario un juez de apoyo para reforzar al juez Manuel García-Castellón.

García-Castellón, precisamente, fue llamado a la Audiencia Nacional de urgencia en junio de 2017. Se encontraba en servicios especiales en Roma. El ministro de Justicia, Rafael Catalá, ante la posibilidad de que la vacante del juez Velasco -promocionado a la Sala de Apelaciones de la Audiencia Nacional- fuera ocupada por una magistrada “díscola” –Clara Bayarri de la sala de lo Penal anunció su aspiración de volver a instruir causas y presentarse a la plaza del juzgado número 6- decidió cancelar los servicios especiales de García-Castellón en Roma y urgir su retorno a la Audiencia Nacional.

García-Castellón solicitó un juez de apoyo ante el hecho de que acababa de regresar de largos años (17) de misión fuera de España. Y los servicios de inspección del CGPJ prestaron su acuerdo, después de cancelar esa comisión en diciembre de 2016.

Abascal, que autorizó las escuchas y la instalación de micrófonos para atrapar a Ignacio González, era el candidato natural, por su conocimiento de la causa, para  ser ese juez de apoyo. García-Castellón solicitó que fuese él quien volviera al juzgado.

Sin embargo, Lesmes, por considerar a Abascal un juez amigo de sus declarados enemigos –Manuel Almenar, presidente de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM) y Margarita Robles, ex magistrada y actual portavoz parlamentaria del PSOE- le puso la proa. Ya fue reticente en 2016 respecto a su nombramiento, pero terminó por apoyarle.

Con todo, Lesmes ha tenido que enfrentar una división interna en la Comisión Permanente al punto que no ha conseguido la mayoría y por ello se ha visto obligado, como dicen fuentes jurídicas, “a salir de la madriguera” y utilizar su voto de calidad para nombrar a un juez que ha sido el hallazgo del presidente de la Audiencia Nacional, José Ramón Navarro. Se trata de un  juez jurídico militar que actuaba en el jzugado 43 de Madrid: Diego de Egea.

Esta vez la jugada ha salido. Con anterioridad en 2014, Lesmes ya intentó una operación similar al cancelar la comisión de servicios del juez Pablo Ruz en los casos Gürtel y Papeles de Bárcenas. Acudió al juez Carlos Valle, un juez afín al PP, para que se presentara en la plaza de Ruz. Pero Valle se echó atrás a última hora yel juzgado cayó en manos del juez José de la Mata.