Jové o el efecto perdigonada
Llarena rechazó investigarle por rebelión y malversación, ahora el TSJC lo hará por malversación y desobediencia
MadridEl caso de Josep María Jové retrata, una vez más, lo que se podría llamar una instrucción de perdigonada, o disparo de delitos de diverso calibre para encuadrar el mismo hecho: el referéndum del 1-O.
Detenido en la mañana del 20 de septiembre de 2017 en una operación ordenada por el juez Juan Antonio Ramírez Sunyer, titular del juzgado de instrucción número 13 de Barcelona, junto con otros 13 altos cargos del Govern de la Generalitat, el hallazgo en el domicilio del entonces secretario general de la vicepresidencia de una agenda Moleskine y de una copia del documento llamado EnfoCats ha servido para instruir la causa de rebelión en el Tribunal Supremo. Pero no para investigar a Jové por ese delito.
Ramírez Sunyer, fallecido el pasado 4 de noviembre, intentó en mayo pasado investigar a Jové y Lluis Salvadó por el delito de rebelión, un planteamiento coincidente con la Fiscalía.
Para ello elevó al magistrado instructor de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, Pablo Llarena, una exposición razonada. Llarena desestimó la petición el 24 de mayo de 2018.
“La exposición razonada muestra que ambos investigados, por más que actuaran con el ideario de conseguir la independencia de la comunidad autónoma de Cataluña o con la aspiración de dotarla de los instrumentos administrativos que le permitieran actuar con soberanía tan pronto como se constituyera la república, fueron detenidos previamente a los sucesos acontecidos el día 20 de septiembre, y no se describe tampoco que la investigación haya mostrado que los investigados realizaran alguna actuación con posterioridad a ese momento. Se excluye así el soporte fáctico de su participación intencional en el delito de rebelión o en el sostenimiento económico del referéndum, por más que su actuación pueda prestar sustento a una responsabilidad penal divergente y ser, en tal caso, objeto de depuración por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, de conformidad con el artículo 57.2 la Ley Orgánica 6/2006, de 19 de julio, de reforma del Estatuto de Autonomía de Cataluña”, sostuvo Llarena.
En agosto pasado, Ramírez Sunyer elevó exposición razonada al TSJC. Esta vez solicitaba que dado que Jové y Pere Aragonés, actual vicepresidente son aforados, se les investigara por malversación y desobediencia, ello a pesar de que Llarena había excluido la participación de Jové en el “sostenimiento económico del referéndum”.
El vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ, José María Macías, miembro de la Comisión Permanente, íntimo amigo de Llarena, escribió que la investigación de Ramírez Sunyer “constituyó en buena medida la base de la que, a su vez, ha llevado a cabo el juez Llarena por los acontecimientos del 1 de octubre”.
Llarena acusó por rebelión; la magistrada Carmen Lamela acusó al jefe de la presunta fuerza armada de la rebelión, Josep Lluís Trapero, y otros tres procesados por sedición; y ahora el TSJC investigará a Jové, el proveedor del smoking gun (la Moleskine y el EnfoCats) por malversación y desobediencia. Pues eso, disparan perdigones.
