Guerra en el epicentro del poder judicial

Bajo la bandera de cuestionar el estado de alarma

Ernesto Ekaizer
4 min
El president del Tribunal Suprem i del CGPJ, Carlos Lesmes, en una imatge d’arxiu.

MadridEl viernes 15 de mayo pasado, el presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Lesmes, convocó una reunión extraordinaria de la Comisión Permanente, al día siguiente del encuentro ordinario, celebrado el día anterior, jueves 14, y cuando la semana siguiente se volvía a reunir.

Hubo sorpresa, según fuentes del CGPJ, con la nueva cita, también telemática. El día anterior se habían aprobado asuntos que ocupaban 53 páginas de acuerdos. Pero este viernes 15 había un solo punto en el orden del día: las declaraciones públicas del presidente del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCL), José Luis Concepción, sobre la utilización del estado de alarma para fines distintos a los alegados por el Gobierno y sobre las diferencias sobre el número de fallecidos por el Covid-19.

Concepción había realizado esas declaraciones el día jueves, 14, es decir, el mismo día de la reunión de la Comisión Permanente, a la cadena radiofónica Onda Cero.

El presidente del TSJCL había solicitado a mediados de abril a los juzgados del Registro Civil de los partidos judiciales de dicha Comunidad todos los datos sobre fallecimientos certificados durante los meses de marzo y abril de 2020 relacionados con el virus así como los de 2018 y 2019. Esa solicitud tuvo lugar después, o en coincidencia, según el TSJCL, con un escrito de Vox haciendo la petición a dicho tribunal y a otros tribunales superiores.

En su entrevista radiofónica, Concepción explicó que “se está utilizando para algo más de lo que permite la ley que es restringir ocasionalmente algún derecho con la finalidad exclusiva de parar una epidemia”. Añadió que el “Gobierno está utilizando la paralización del país para fines distintos de salvar a la población del coronavirus”. Asimismo, comentó que los datos oficiales de fallecimientos que se estaban manejando no alcanzaban los 1.600 entre los meses de marzo y abril y después de pedir los datos a los registros civiles de los territorios, la cifra ascendía a 3.672. "Están ascendiendo en más del doble las cifras oficiales", dijo.

La reunión de la Comisión Permanente, suscitada en una conversación entre Lesmes y los vocales del llamado sector progresista -Pilar Sepúlveda, Álvaro Cuesta y Rafael Mozo- se dividió en dos bloques. Los citados propusieron que se enviaran las declaraciones, como se había realizado en otros casos, al Promotor de la Acción Disciplinaria, para que decidiera si cabía incoar un expediente disciplinario.

Otros dos vocales, Juan Manuel Fernández y Juan Martínez Moya, los llamados Juanes, se opusieron por considerar que no había vulneración alguna de la ley, pese a que el artículo 395.1 de la ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) prohíbe a los jueces “dirigir a los poderes, autoridades o funcionarios felicitaciones o censuras por sus actos”. Ambos, por otra parte, señalaron que Concepción estaba legitimado jurisdiccionalmente para realizar esas declaraciones.

El presidente Lesmes, con el apoyo del vocal José Antonio Ballesteros, se elevó por encima de ambas facciones con la propuesta de zanjar el asunto con una carta suya a Concepción llamándole a la mesura, y la moderación después de recordarle que está prohibido hacer este tipo de declaraciones. De este modo, se formó una mayoría de cinco a favor de reprender a Concepción contra dos en contra. La carta, en efecto, censuraba las declaraciones aunque lo hacía en un tono cordial.

Era la segunda vez que Lesmes buscaba separarse del sector duro. Ya lo había hecho buscando templar gaitas con ocasión del nombramiento de Dolores Delgado como fiscal general, aunque en aquella ocasión tampoco la derecha resignó sus críticas a la falta de idoneidad de la candidata.

“Lesmes está buscando destino. Ya lleva año y medio de mandato caducado. Y no volverá al Tribunal Supremo. Su salida natural es el Tribunal Constitucional. Y cultiva su relación con la vicepresidenta Carmen Calvo”, dijo una fuente del CGPJ.

Pero la virulencia del enfrentamiento, que ya tuvo lugar en la discusión del viernes 15, continuó después de la carta a Concepción. Los Juanes, con el liderazgo claro de Juan Manuel Fernández, emitieron un voto particular usando solo como pantalla la libertad de expresión de Concepción. En realidad, justificaron sus declaraciones, tanto sobre las defunciones como sobre la utilización del estado de alarma, ya que es un debate de “máximo interés” y tienen relación con la actividad del presidente del TSJCL.

En realidad, Lesmes ya había expresado, a raíz de una diligencia y declaraciones sobre defunciones del presidente del Tribunal Superior de Justicia de Castilla La Mancha, Vicente Rouco, que los tribunales superiores de justicia no tenían competencia directa sobre las causas exactas de defunciones, a saber si se trata del Covid-19, algo que, por otra parte, no se especifica en los registros civiles. Lesmes, después de un debate en la Comisión Permanente, donde el vocal Cuesta hizo constar su desacuerdo con el presidente del TSJCM, se dirigió a los presidentes de los tribunales para disuadirles que siguiesen por ese camino. Concepción, pues, estaba sobre aviso.

El voto particular concurrente de Sepúlveda, Cuesta y Mozo, con Lesmes y Ballesteros, insiste en que correspondía, como en otros casos, al Promotor de la Acción Disciplinaria resolver si cabía la apertura de un expediente sancionador. “El solo hecho de que estos tres vocales firmasen un voto revela hasta que punto han llegado las cosas porque normalmente apoyan al presidente Lesmes”, dijo otra fuente consultada.

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