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Crónica de un encarcelamiento anunciado

Trapero: "Quién soy yo para decirle a la gente que se manifiesta pacíficamente que no lo haga"

Ya durante el interrogatorio del teniente fiscal de la Audiencia Nacional, Miguel Ángel Carballo, al mayor Josep Lluís Trapero, Jordi Sánchez y Jordi Cuixart intuyeron lo que les esperaba. Porque el fiscal preguntaba una y otra vez, de manera agresiva, sobre  los nombres de ambos como los organizadores de la manifestación del 20 de septiembre ante el registro del departamento de Economía.

A  las 18 horas 30 minutos, al conocerse la resolución por la cual la jueza Carmen Lamela decidía dejar en libertad sin fianza, con medidas cautelares, a Trapero, Sánchez y Cuixart, ya no tenían dudas de que les esperaba la prisión incondicional.

Porque la juez dedicaba varias páginas de su auto sobre Trapero y la intendente Teresa Laplana a describir la conducta de los presidentes de ANC y Omnium Cultural, respectivamente, en los enfrentamientos del 20 de septiembre.

La jueza parecía haber decidido en esa resolución que los hechos, de momento, se limitan a las jornadas del 20 y 21 de septiembre. Por una razón explícita: la denuncia inicial de la Fiscalía se hizo por los acontecimientos de esos días y no ha habida ampliación de la denuncia.

Y por una razón implícita: la Fiscalía ha pedido en la primera semana de octubre un segundo atestado a la Guardia Civil a espaldas de la jueza cuando no podía hacerlo sin violar el artículo 773 de la ley de Enjuiciamiento Criminal. Porque la causa ya estaba judicializada y si se quiere pedir un informe hay que hacerlo a través de la jueza.

Este segundo atestado versaba sobre los hechos del referéndum del 1 de octubre. Aunque la jueza ha dejado preguntar ayer por los hechos del 20/21 de septiembre y los del 1-O, a la hora de redactar su resolución sobre Trapero y Laplana hizo la demarcación.

“Lo único que está siendo objeto de investigación hasta el momento son los hechos denunciados….los cuales se limitan a los acontecimientos ocurridos los días 20 y 21 de septiembre en la Sede de la Conselleria de Economía de Barcelona, y por el momento no han sido objeto de ampliación”.

Es decir: los hechos del 1-O serán objeto de nuevas diligencias y de una ampliación por parte de la Fiscalía de la Audiencia Nacional. Trapero, por tanto, volverá, en cierto momento, a ser preguntado por la jornada de aquel día.

La jueza Lamela advirtió la animadversión manifiesta del fiscal Carballo por las respuestas de Trapero.

El fiscal le preguntó recriminatoriamente varias veces por qué no había exigido el cese de las concentraciones el 20 de septiembre. El mayor respondió: “Quién soy yo para decirle a la gente que se está manifestando pacíficamente que no lo haga”.

Esta respuesta irritó al fiscal. La jueza Lamela también tuvo que corregir al fiscal cuando tergiversó la declaración de la secretaria judicial, que acababa de comparecer por videoconferencia desde Barcelona.

Trapero explicó a la jueza, quien le hizo  preguntas -y escuchó su argumentación-, que si la represión el 1-O redundaba en golpear a los ciudadanos que intentaban votar en un referéndum carente de validez, sería peor el remedio que la enfermedad. Mencionó la resolución de la jueza Mercedes Armas, de 27 de septiembre, según la cual impedir la votación no debía afectar la “convivencia pacífica” de los ciudadanos.

Ya desde su decisión de afirmar la competencia sobre el delito de sedición-contra  el recurso de los dirigentes de ANC y Omnium- la jueza Lamela tenía claro cuál era su objetivo: aquellos que como Sánchez y Cuixart tenían capacidad para movilizar a centenares de miles de personas.

La competencia de la Audiencia Nacional está recurrida en apelación ante la Sala de lo Penal. La decisión de enviar a prisión, es decir, de adoptar una medida tan contundente contra los dirigentes de ANC y Omnium cuando está pendiente el asunto de la competencia indica que la jueza Lamela está convencida de que tiene las espaldas bien cubiertas.

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