Carlos Cruzado: “Juan Carlos es un ciudadano más y después del 2014 sin ninguna duda”

Los técnicos de Hacienda denuncian que el exmonarca debió declarar sus bienes en el exterior

Ernesto Ekaizer
5 min
Carlos Cruzado: “Juan Carlos es un ciudadano más y después del 2014 sin ninguna duda”

MadridCarlos Cruzado (Madrid, 1958) es el presidente de los Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) desde 2005 Abogado funcionario del Ministerio de Hacienda desde hace 30 años. Ha trabajado en la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) y el Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas (ICAC). Al conocer las conversaciones entre el expolicía José Manuel Villarejo y Corinna zu Sein Wittgenstein, la examante del entonces rey Juan Carlos I, en septiembre de 2018, Gestha urgió a la Agencia Tributaria a abrir una investigación.

Cruzado advierte que a partir del comunicado de la Casa del Rey del domingo 15 de marzo en el que se admite la existencia de un patrimonio de Juan Carlos I en el exterior dicha investigación es urgente porque hay infracciones fiscales no prescritas de las que podría derivarse delito fiscal. “El rey emérito es un ciudadano más. Y a partir de 2014 sin ninguna duda”, señala en esta entrevista con el diario ARA.

En el comunicado del domingo 15 de marzo de la Casa del Rey, Felipe VI reconoce la existencia de las fundaciones abiertas por su padre aunque niega conocer que era beneficiario de ellas. Gestha ha instado sin éxito en relación al caso Villarejo a abrir una investigación.

Cuando en 2018 se publicaron las primeras informaciones sobre Corinna -inmuebles en Marruecos, cuentas, testaferros, primos-, consideramos que la Agencia Tributaria contaba con indicios suficientes para abrir una investigación. Es esto es lo que propusimos. En septiembre de 2018, el juez dictó un auto que archivaba la pieza separada Carol. Y el juez De Egea afirmó que no hay indicios firmes en los audios de Corinna con Villarejo, que podía tratarse de una venganza y, curiosamente, apuntaba que requerida la unidad antifraude de la Agencia Tributaria, la ONIF, no aportó en su respuesta del 4 de septiembre de 2018 que existiesen datos sobre cuentas de titularidad de Juan Carlos I. Se deduce que la ONIF debe trasladar que se ha constatado que no hay declarados bienes en el extranjero por parte de Juan Carlos. La ONIF podía haber hecho otro trabajo en aquel momento a la vista del encargo del juez, se debería haber abierto una investigación. Ahora según el comunicado de la Casa del Rey de la noche del domingo 15 se puso en conocimiento de las ‘autoridades competentes’ este asunto. Las autoridades competentes, ¿cuáles pueden ser? La Agencia Tributaria, los tribunales de justicia, la Fiscalía, y en todo caso el Gobierno. Si el Gobierno lo conoce, creemos que también debería haberse abierto esa investigación por parte de la Agencia Tributaria en ese momento y si no se ha hecho ahora se debería hacer sin ninguna duda.

Veamos la posible infracción fiscal, lo que a su vez podría derivar en delito fiscal.

Al margen del asunto de la inviolabilidad del rey Juan Carlos I durante el ejercicio de sus funciones, en junio de 2014 al abdicar, ya ha perdido dicha inviolabilidad y, por ello, está aforado en el Tribunal Supremo. El rey debería haber presentado antes, en 2013, cuando estaba en ejercicio, la declaración 720 sobre bienes en el extranjero. Y a partir de este momento puede tener consecuencias el que no lo hubieran presentado. Si esto es así, hay que tener en cuenta que el modelo 720 y la regulación de la declaración de bienes en el extranjero lo que nos dice es que si la Agencia Tributaria detecta bienes, valores o derechos, que no han sido declarados, pues se entenderá eso como incremento de patrimonio y se llevará al último año no prescrito. Si se abre en este momento la investigación, o se hubiera abierto, y se comprueba que efectivamente existen esos bienes que no se han declarado, entonces en la declaración de 2015, que es el último ejercicio no prescrito -lo será a finales de junio próximo- se le imputaría ese incremento de patrimonio. Este incremento de patrimonio conllevaría aparte de la liquidación, una sanción del 150%, que en este caso si supera, como es previsible, los 120.000 euros anuales, estaríamos hablando de un delito fiscal, y el asunto debería pasar a los tribunales.

Es evidente, pues, que la inviolabilidad -que se asume como un hecho, aunque sea discutible- no le cubriría.

Si se admite la tesis extendida de que el rey en ejercicio era inviolable a los hechos anteriores a 2014, entendemos que a partir de 2014 la investigación de un presunto delito fiscal correspondería, por ser aforado, al Tribunal Supremo. Y por tanto sería responsable, por ejemplo, de un eventual blanqueo de dinero que se podría deducir de esa investigación. El rey es un ciudadano más y ya a partir de 2014 sin ninguna duda. Si optamos por la idea de que la inviolabilidad no le cubriría ni durante su mandato, nos iríamos al ejercicio 2012 [antes de cumplirse los cinco años de haber recibido en Suiza los 100 millones de dólares]

Mucha gente ignora que los reyes tributan.

En efecto, los reyes tributan. Y por eso tenía obligación de declarar esos bienes o a partir del 1 de enero de 2013. Eso sería una obligación. Otra cosa es si luego se discute el que hasta 2014 no hubiera presentado esa declaración de bienes en el extranjero careciera de consecuencias. Esto se puede discutir. Pero desde el 2014 está claro que sí las tendría. No se trata de que los hechos se hayan producido antes de 2014 en determinados movimientos. Se trata de que esos hechos con la regulación de declaración de bienes en el extranjero se producen con posterioridad, en cualquier momento cuando no se presenta esa declaración de bienes. Y para aclarar la situación, estamos pidiendo transparencia a la Casa del Rey como a la familia del Rey una definición en cuanto a los bienes en el extranjero.

Precisamente, el modelo 720 de declaración de bienes en el extranjero se fundamentó en la crisis económica de España y del euro, tras la Gran Recesión de 2008, en la necesidad de ingresar más…

Sin duda. También se planteó como contrapunto de la amnistía fiscal. Montoro explica que vamos a hacer esta amnistía pero a partir de ahora vamos a ser mucho más duros.

Felipe como príncipe de Asturias carecía de inviolabilidad hasta 2014.

Unos posibles delitos ya estarían prescritos. Es verdad que habría un año, el 2013, en el que debería haber presentado su declaración de bienes en el extranjero. Es decir, hasta que fue coronado.

Habría que probar que el entonces príncipe de Asturias conocía o fue informado por su padre de los movimientos.

En efecto, según el comunicado del pasado 15 de marzo no tenía conocimiento. Nosotros tenemos claro es la situación del rey emérito. Ya lo veíamos así en 2018 cuando surgieron los primeros datos. Y ahora más con el comunicado de la Casa del Rey, donde se corroboran los datos, es evidente.

Ponen el acento en la investigación de irregularidades tributarias.

De esa investigación se pueden deducir que, si hay un incremento de patrimonio no declarado, y la liquidación supera los 120.000 euros anuales, la Agencia Tributaria tendría que trasladar al Tribunal Supremo esa información.

Según ONIF sabemos que hasta el 4 de septiembre de 2018 Juan Carlos I no había realizado esa declaración del 720 de bienes en el extranjero.

Eso parece. Otra cosa es que se haya hecho en estos días, o este año. Por eso instábamos a la Agencia Tributaria a que abriese la investigación. Porque si antes del requerimiento la hubiese hecho estaríamos hablando de sanciones por incumplimiento formal., aunque la declaración de bienes en el extranjero, tal como se planteó, preveía estas sanciones tan graves incluso para quienes la presentaran fuera de plazo….

¿Y si la hubiese realizado?

Después del comunicado de la Casa del Rey ya no descarto nada. Si lo hubiera hecho pues a partir de 2017 la AT dejó claro que en esos casos era una regularización más y si iba acompañada de una regularización de patrimonio lo único que quedaría pendiente serían los recargos. Para evitar el delito fiscal tendría que haber la regularización de esas cantidades. Aunque tampoco conocemos la totalidad del posible patrimonio. En el comunicado del domingo, el Rey se desvincula de “cualquier activo, inversión o estructura financiera cuyo origen, característica o finalidad puedan no estar en consonancia con la legalidad o con los criterios de rectitud e integridad que rigen su actividad…”.

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