Crianza a la sueca

Elena Costas
3 min

Hace poco más de tres años que vivo a caballo entre Gotemburgo y Barcelona. Allí tengo la familia, y aquí mantengo el trabajo. Por lo tanto, mis prestaciones dependen de la Seguridad Social española, y las de mi marido, de la sueca. Un pequeño ejercicio doméstico de política comparada hace patente que las diferencias entre las medidas de conciliación de los dos países, ya de por sí abismales, no han hecho más que aumentar durante la crisis del covid-19.

Una de las primeras palabras que aprendí al llegar fue vabba, que viene del permiso que se da cuando estás cuidando niños (Vård av Barn o VAB). Los suecos hasta la han convertido en verbo, y cuando un niño se encuentra mal simplemente tienes que avisar a tu entorno de trabajo de que ese día estás vabbing. Así, todos los niños y niñas -también los hijos de autónomos, e incluso los que están de vacaciones- disponen de 120 días al año para que sus padres los cuiden si están enfermos, o para ir al médico, al dentista o similar. En promedio se utilizan unos siete u ocho días por niño cada año. Es un sistema basado en la confianza, pero que los padres y madres tampoco tienen muchos incentivos para usar. Los días de vabba se cobra aproximadamente un 80% del sueldo, un dinero que paga la Seguridad Social, no la empresa -que está obligada a aceptarlo-. Se trata de un derecho del niño, así que el permiso lo puede pedir también un familiar o incluso un vecino.

Por lo tanto, un poco de tos por la mañana, o unas décimas de fiebre, y sólo hay que llamar al trabajo y -el día que el niño vuelve a la escuela- pedir a través del móvil el permiso por los días que ha estado enfermo. Ya supuse entonces que, muy probablemente, si algún día volvíamos a Barcelona, no sería todo tan sencillo. Cuál fue mi sorpresa al ver que el Estatuto de los Trabajadores sólo prevé dos días de permiso retribuido cuando el niño o niña está ingresado o tiene una enfermedad grave. Y en el caso de enfermedad grave, es posible pedir una reducción de jornada. Tengo la suerte de poder criar unos niños bastante sanos, pero creo que a lo largo del último año cada uno se ha quedado en casa enfermo alrededor de 10 días.

Sin embargo, la conciliación -o la falta de conciliación- no apareció en los periódicos, ni en los discursos políticos, hasta la llegada del coronavirus. Entonces, con las escuelas cerradas, y los niños y niñas en casa, había que pensar en cómo ayudar a los padres en una situación de emergencia. La solución fue el conocido como Plan Mecuida, con una medida principal: la posibilidad de reducir la jornada laboral para conciliar, con la consiguiente reducción de sueldo. De hecho, hemos sido, junto con Irlanda, el único país europeo que no ha puesto sobre la mesa prestaciones económicas o alternativas de conciliación.

Hemos vivido el confinamiento también desde Gotemburgo, donde las escuelas no han cerrado. La legislación también se ha adaptado temporalmente a la pandemia, permitiendo a los padres solicitar un permiso del 90% del sueldo incluso con niños sanos si no pueden ir a la escuela porque la escuela debe cerrar, sin tener aportar un justificante médico pasados 7 días de enfermedad, como ocurría previamente con el VAB. Se busca reducir la posibilidad de contagio, y evitar saturar los servicios médicos en los casos de síntomas leves.

Medio año después del inicio de la crisis empezamos a hablar en España de la baja laboral para los padres con hijos en cuarentena, con la duda aún de si la PCR debe ser positiva o negativa. Mientras tanto, Torra pide ayuda a Sánchez para financiar un subsidio de conciliación familiar, una medida que ya han aplicado el País Vasco, Galicia y Castilla y León. Que hayamos tardado tanto en plantear de qué manera se puede ayudar a las familias que no pueden trabajar porque tienen niños en casa, ya sea porque están en cuarentena o porque no tienen una escuela donde ir, nos muestra el poco recorrido de las políticas de conciliación en nuestro país.

La comparación con Suecia es injusta. Hablamos de estados del bienestar y culturas muy diferentes. Pero aún es más injusto que el coste de conciliar la vida laboral y la personal recaiga totalmente sobre los hogares. Sobre todo cuando la prevención de una pandemia ocurre porque muchos nos tengamos que quedar en casa, y muchas familias tengan que escoger entre cuidar o la precariedad laboral. Mientras tanto, nuestra familia ha decidido quedarse allí donde tener hijos en tiempos del covid-19 no es incompatible con trabajar o mantener el sueldo a fin de mes.

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