Editorial

El Supremo intenta blindarse del caso Demirtas

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El Tribunal Supremo denegó este lunes la libertad de los presos políticos del 1-O con el argumento de que su situación no tiene nada que ver con la del opositor kurdo Selahattin Demirtas, que llevó su encarcelamiento preventivo por parte de la justicia turca al Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo y al que éste dio la razón en una sentencia del 20 de noviembre. En sus argumentos, el Supremo aduce que, al contrario que Demirtas, los políticos catalanes "no expresaban, por tanto, la silenciada voz discrepante ante una política hegemónica que se impone sin contrapesos" y que, en su caso, "estaban plenamente integrados en las estructuras del poder autonómico". Este argumento no se sostiene porque la violación del derecho a la defensa que supone la prisión preventiva es el mismo en ambos casos.

De hecho, más adelante, el Supremo insiste en que "no existe persecución por las ideas. No se criminaliza una ideología. De hecho, la ideología que con tanta legitimidad profesan los recurrentes sostiene el gobierno autonómico". Aquí el Supremo está anticipando acontecimientos porque este será uno de los ejes de la defensa de los procesados durante el juicio, y una de las cuestiones que se dirimirán en el futuro en Estrasburgo. Afirmar que el estado español no persigue al independentismo como ideología cuando sus líderes están encarcelados o exiliados a causa de un relato ficticio creado 'ad hoc' para sustentar la comisión de los delitos de rebelión o sedición, y que ha justificado una petición de penas de hasta 25 años por parte de la Fiscalía, parece una broma de mal gusto. ¿Considera el tribunal que el Govern actual, si bien independentista, puede actuar con total libertad cuando sabe cuál es el precio que están pagando sus predecesores? ¿Cuando ve que la Guardia Civil, la Fiscalía y el juez instructor han hecho suyos los argumentos de los abogados de una formación de extrema derecha como Vox? ¿Cuando comprueba que los procesados deberán afrontar el juicio encerrados en la cárcel en Madrid, con traslados farragosos, sin poder preparar con total libertad de movimientos su defensa?

No, el independentismo se siente vigilado y perseguido por un aparato judicial que ha encabezado una operación de intimidación masiva y que ahora pretende que una condena dura a los cabezas visibles del Procés sirva para que el soberanismo se eche atrás en sus legítimos objetivos. Una de las lecciones del Procés, y que se está viendo en muchos otros estados, es que una democracia puede tener comportamientos autoritarios y contrarios al Estado de derecho.

El Tribunal Supremo y España están haciendo muchos esfuerzos para proyectar una imagen de democracia moderna y consolidada ahora que saben que estarán bajo el foco durante el juicio del 1-O. Pero hay una parte de la partida que ya han perdido de cara a la opinión pública internacional. Y es que, al igual que en el caso Demirtas, la prisión provisional no tiene ninguna justificación y es claramente un adelanto de una condena que aún no se ha producido.

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