Cada vez peor

La inhabilitación del presidente Torra no guarda ninguna proporción y conduce a una mayor inestabilidad

Por esperada que fuera la noticia, no deja de ser grave. Por primera vez en la historia desde el fin de la dictadura y la recuperación de la democracia y el autogobierno, un presidente de la Generalitat, Quim Torra, es apartado de su cargo no por los electores o por el Parlament, sino por un tribunal. El Tribunal Supremo ha dictado por unanimidad su inhabilitación por no haber retirado a tiempo del balcón del Palau de la Generalitat una pancarta en defensa de los presos políticos y los exiliados en periodo electoral. Más allá de si el acto de desobediencia a medias era oportuno o necesario, la decisión judicial sin duda no guarda el más elemental principio de proporción. Supone otro paso en la absurda judicialización de la democracia española. Mientras no vuelva la política en mayúsculas, es decir, mientras no se afronte la cuestión soberanista catalana desde la negociación política, no habrá ninguna salida democrática posible. La vía represiva del Estado, sea a través de las fuerzas de seguridad (como pasó durante el referéndum del 1-O) o de las instancias judiciales, lejos de aportar soluciones no hace sino enquistar las posiciones y caldear los ánimos. No conlleva sino más radicalidad.

El presidente inhabilitado ha convertido el fin de su mandato, un final represivo que de hecho nunca ha escondido que él mismo buscaba, en un llamamiento a convertir las próximas elecciones catalanas en un nuevo plebiscito: "Preparémonos para la ruptura democrática, pacífica y desobediente". A pesar de que la acata, no acepta la sentencia, que llevará a instancias europeas. Y del mismo modo, en su equilibrismo entre el quiero y no puedo, acaba su mandato renegando del carácter autonómico del Govern que él mismo ha presidido: "Uno de los obstáculos de la independencia es la autonomía". En fin: a pesar de su insistencia en la dedicación absoluta de los últimos tiempos para frenar el covid, lo primero que ha hecho después de ser apartado por el Supremo ha sido saltarse las propias recomendaciones para salir a la plaza Sant Jaume a darse un baño de masas sin distancia sanitaria de seguridad. Torra, pues, pone fin a la presidencia como quería: como víctima, dejando la política oficial para situarse ahí donde siempre se ha sentido más cómodo, en la movilización de calle. 

Con la inhabilitación de Torra, el panorama que queda en Cataluña es de una gran incertidumbre, tanto en lo que respecta al complicado día a día de la pandemia como al horizonte de una salida a la crisis política: con un gobierno interino para cuatro meses y pico y con un calendario electoral a remolque de la decisión del Supremo -las elecciones se prefiguran para el 7 de febrero-. Inmersos en una gravísima crisis sanitaria, económica y educativa, una inédita situación de provisionalidad como esta, que comportará más tensión institucional y menos efectividad de un gobierno agónico, es lo peor que podía pasar. La estrategia de la tensión ha resultado en la previsible y lamentable respuesta de una alta judicatura que no pierde ocasión para erigirse en árbitro político. Si hasta ahora la inestabilidad de la coalición de gobierno ya era la norma, ahora nos encontraremos con un ejecutivo todavía más débil y con un largo periodo preelectoral.

EDICIÓ PAPER 24/10/2020

Consultar aquesta edició en PDF