Mordazas

DETENCIONES. Loup Bureau aterrizó este domingo, poco antes de las nueve de la mañana, en París "cansado" y "aliviado de volver a casa", después de 51 días detenido en Turquía, acusado de pertenencia a organización terrorista. Con 27 años, Bureau se había convertido en el tercer periodista francés encarcelado en Turquía en menos de un año cuando, el 26 de julio, en un control en la frontera turco-iraquí, la policía le encontró fotos suyas acompañado de combatientes kurdos sirios. Eran fotografías de un reportaje que había hecho en 2013. "Erdogan tenía la llave de la cerradura", denunciaba Reporteros Sin Fronteras, y ha sido necesaria una negociación directa del ministro de Asuntos Exteriores francés para garantizar su liberación.

Turquía se ha convertido en el país del mundo con más periodistas encarcelados. Hay unos 164, según cálculos de organizaciones internacionales. Desde hace meses, además, el poder represivo de Recep Tayyip Erdogan no se limita a los confines del territorio ni del pasaporte turco. Las purgas señalan a ciudadanos europeos en Turquía y a turcos residentes en la Europa comunitaria. Es por ello que Hamza Yalçin sigue en la prisión de Can Brians, en Barcelona. El periodista sueco de origen turco fue detenido en el aeropuerto del Prat el 3 de agosto cuando iba a coger un vuelo hacia Londres. Los que lo conocen no se explican esta detención, ni las acusaciones de terrorismo contra un hombre que tuvo que irse de Turquía por su defensa de los derechos civiles y políticos. Como tampoco se explica el papel discreto de la embajada sueca en España ante la detención de un ciudadano suyo, a quien habían concedido el asilo político y la nacionalidad, en manos de la justicia de otro país comunitario y en virtud de una orden de búsqueda y captura que el gobierno de Erdogan había enviado a la Europol.

La justicia española también ha prohibido abandonar el Estado al escritor Dogan Akhanli, otro de los señalados por Erdogan, que vive exiliado en Alemania desde los 90 tras haber pasado ya por las cárceles turcas. Las vacaciones con su mujer en un hotel de Granada terminaron en detención, aunque, en este caso, las autoridades alemanas lograron su liberación inmediata. "No me podía imaginar que algún día en Europa me volverían a encerrar en una celda", declaró Akhanli.

COMPLICIDADES. La justicia española debe decidir si extradita a dos ciudadanos comunitarios a un país denunciado por torturas y violaciones de los derechos humanos. Han encarcelado a dos intelectuales críticos en virtud de un mecanismo de la Interpol que ha sido denunciado recientemente por el Consejo de Europa porque "puede provocar serias violaciones de los derechos humanos", y que muchos países de la UE prefieren obviar.

"Sería horrible que Turquía lograra encarcelar a gente en la otra punta de Europa porque alzan la voz contra el presidente Erdogan", dijo el ministro de Exteriores alemán. España no es Turquía pero le hace el trabajo sucio.

"Si España extradita a Hamza Yalçin será cómplice de las violaciones de los derechos humanos que se cometen en Turquía", ha advertido el Instituto Internacional de la Prensa. Cómplice de la censura y de la persecución de la libertad de expresión. Cómplice de un ejercicio del poder autocrático y represor.

DISENSIONES. Las autoridades españolas tienen un problema grave con la libertad de expresión. Es por ello que se puede condenar a un año de prisión a una estudiante de historia que hizo chistes sobre la muerte de Carrero Blanco; que se mete en la cárcel a titiriteros por sacar un letrero con un "Gora Alka-ETA" en medio de una representación; que se sanciona a periodistas por preguntar o grabar una detención y colgarla en Twitter; que se prohíben mítines que defienden ideas políticas pacíficas y avaladas por el derecho internacional, o que envía las fuerzas de seguridad a hacer entradas intimidatorias en las redacciones de medios de comunicación.

Amnistía Internacional ha denunciado que la ley mordaza, fruto de la última reforma del Código Penal, incluye "restricciones injustificadas" al derecho de la libertad de información, expresión y reunión. La ONU ha criticado la ambigüedad de algunos conceptos y el amplio margen de discrecionalidad que esto proporciona a una ley represiva. La disensión y el cuestionamiento del statu quo asustan.