TRINCHERA. El odio se construye y se alimenta e, incluso, se puede llegar a normalizar. Szilárd Demeter es el director de un museo húngaro, asesor ministerial y figura clave de la guerra cultural del primer ministro Viktor Orbán. El sábado, en un artículo sobre la exigencia de respetar el estado de derecho para acceder a los fondos europeos, Demeter escribió que las sociedades abiertas y multiculturales emanan un “gas venenoso que amenaza la forma de vida europea” y afirmó que “Europa es la cámara de gas de George Soros; [y los húngaros y polacos] somos los nuevos judíos”.
Veinticuatro horas después, ante las protestas por antisemitismo, se retractó. Pero desde el gobierno de Orbán se negaron a responder a la agencia Reuters, que les pedía si compartían o no las opiniones de Demeter.
El silencio también puede legitimar. Todo contribuye a abonar la desconfianza. A vestir relatos, victimizaciones o desafíos. Varsovia y Budapest están decididas a mantener su veto a los presupuestos de la Unión Europea y al fondo pospandemia si se condicionan al respeto al estado de derecho. Lo confirmaron el jueves en rueda de prensa conjunta el húngaro Viktor Orbán y su homólogo polaco, Mateusz Morawiecki.
ESCENARIOS. La crisis europea entra en una nueva dimensión. Esta vez se hace difícil imaginar un parche al estilo Bruselas que permita a todo el mundo salir declarándose vencedor. No hay término medio. La UE no se puede permitir ceder al chantaje de Hungría y Polonia. Aguar el respeto al estado de derecho supondría sentenciar cualquier final digno para esta crisis. Reforzaría el poder del veto y abriría una rendija todavía más profunda, no solo entre los estados miembros, sino también en las instituciones comunitarias, porque, seguro, el Parlamento Europeo clamaría contra cualquier concesión a unos gobiernos en plena deriva autoritaria.
El enfrentamiento todavía podría ir más allá si se convierte en una guerra abierta entre socios. Este martes el Parlamento holandés votará una moción para pedir al gobierno de Mark Rutte que denuncie a Polonia ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea por amenazas al estado de derecho. Los diputados dicen que “la Comisión Europea ha fracasado” en la defensa de los Tratados y proponen que el ejecutivo holandés busque la complicidad otros gobiernos para emprender una investigación y acciones judiciales contra Polonia y Hungría.
En Bruselas ya se especula con fórmulas imaginativas para sacar adelante el fondo de recuperación de la pandemia sin contar con Varsovia ni Budapest, por ejemplo considerándolo un acuerdo entre los 25 gobiernos restantes -o como una cooperación reforzada en la cual no participarían ni Hungría ni Polonia, que se quedarían sin acceso a estos fondos-. Pero esto no valdría para aprobar el presupuesto comunitario para los próximos 7 años, porque hace falta unanimidad.
EROSIÓN. Incluso si los 750.000 millones de euros son imprescindibles para soportar los efectos económicos y sociales de la crisis del coronavirus, sacrificar la protección de los derechos deja a la UE, cada vez más, sin legitimación democrática.
Varsovia y Budapest son la punta del iceberg. Su deriva autoritaria ha sido alimentada desde la connivencia política de partidos y gobiernos afines. La erosión del estado de derecho es un problema europeo: en el entramado de corrupción, crimen y alianzas mafiosas que sacuden Malta o Bulgaria; en las amenazas a la libertad de expresión en Rumanía, Chequia o Francia, donde se multiplican las protestas en la calle por la percepción de una pérdida continuada de derechos; en la “anomalía institucional” de un Consejo General del Poder Judicial español bloqueado y politizado -como ha denunciado la Comisión Europea-; en la normalización de la xenofobia y la conculcación de derechos de los migrantes, o en la persecución de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres en Polonia.
