Jauja y Ciudad Refugio

La Ciudad Refugio puede convertirse rápidamente en la Italia de Salvini

Carlos Delclós
3 min
Un detall de la manifestació dels manters, el passat divendres a Barcelona

En junio del 2015, Albert Fernández Díaz criticó la política en materia de seguridad del recién investido gobierno de Ada Colau, acusándolo de atraer a “delincuentes, incívicos y antisistema”. Según el entonces concejal del Partido Popular, la ciudad se había “convertido en Jauja para quienes no respetan la legalidad”. Para apoyar su argumento, señaló la presencia de los vendedores ambulantes, en su mayoría africanos, en el espacio público que rodea algunos de los puntos de mayor interés turístico de Barcelona.

La comparación de un lugar con Jauja es un expresión común, particular al contexto hispano debido al imaginario impuesto por la brutalidad colonial. Pero pocos saben que Jauja es un lugar real, una ciudad peruana y un poblado cordobés. Se convirtió en leyenda durante el Siglo de Oro, cuando Lope de Vega la utilizó para traducir al contexto hispano el antiguo cuento europeo de la tierra de Cucaña, un lugar con árboles de tocino, ríos de leche y miel, “donde pagan a los hombres por dormir” y “azotan a los hombres que se empeñan en trabajar”. En Jauja, la abundancia hace imposible la economía de mercado y abre paso a una vida marcada por la búsqueda del placer. En este sentido, la connotación negativa de la expresión “Barcelona es Jauja” es el resultado de un miedo profundo a la libertad.

En el relato de Lope de Vega, Jauja es la coartada de una pareja de ladrones. Hoy, en Barcelona, sirve como coartada para imponer una agenda política de derechas al nuevo gobierno “de izquierdas”. Tras las recientes declaraciones públicas del nuevo teniente de alcalde de seguridad, Albert Batlle, parece que el mensaje ha calado. El verano pasado, el Ayuntamiento presionaba al gobierno de Pedro Sánchez, ofreciendo el puerto de la ciudad para recibir al Aquarius, y con él, a las personas ignoradas, olvidadas y perseguidas por la Europa Fortaleza. Este año, en cambio, se empeña en apartarlas de ese mismo lugar. Los macrodispositivos policiales liderados por Batlle han sido acompañados por un discurso criminalizador, que trata a los trabajadores de la venta ambulante como si fueran una amenaza para la seguridad.

La criminalización y securitización de la inmigración son procesos bien conocidos en las ciencias sociales. Sus consecuencias para la libertad y la solidaridad son nefastas, para toda la ciudadanía y sobre todo para la parte migrante y racializada. Si se persiste en estas dinámicas, la Ciudad Refugio se puede convertir rápidamente en la Italia de Salvini. Cabe recordar que, poco antes de aplaudir las políticas xenófobas de su actual Ministro de Interior, los italianos, conmovidos por las muertes en sus costas, iniciaron la mayor operación de búsqueda y rescate en la historia de la Unión Europea, la Operación Mare Nostrum.

La venta ambulante no es una cuestión de seguridad. Es una cuestión laboral y de comercio, que se juzga con un doble rasero. Las empresas como Airbnb, Uber, y Glovo, que extraen su riqueza del trabajo informal local, pueden chantajear a los gobiernos y obligarles a adaptar sus marcos normativos al cambio tecnológico. Pero cuando el Sindicato Popular de Vendedores Ambulantes pide que se adapten a la realidad de la vida humana, ni se les reconoce.

Y aún sin ese reconocimiento, se les piden propuestas. Siempre las han facilitado. La marca Top Manta es un ejemplo particularmente ingenioso, pero también han apuntado a las raíces de su opresión: la Ley de Extranjería, el Código Penal y el extractivismo en los países de origen, entre otras. Existen más opciones, pero todas pasan por el reconocimiento y la plena participación política de los propios trabajadores de la manta. Un ejemplo claro es la Política Nacional de Vendedores Ambulantes Urbanos del gobierno indio que, tras un proceso participativo protagonizado por la Asociación Nacional de Vendedores Ambulantes, se marcó los objetivos de legalizar la situación de los propios trabajadores, habilitar zonas de venta, regular la actividad de forma transparente, promocionar la organización de los trabajadores en sindicatos y cooperativas, facilitar la auto-regulación y garantizar el acceso a los derechos sociales, el crédito y la formación continua. Un enfoque similar en Barcelona no la convertiría en Jauja (que ojalá), pero sería un paso más hacia una Ciudad Refugio digna de tal nombre.

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