¡Mucho mejor!

Manuel Marchena es consciente de que son muchas las miradas que escrutan cada día su actuación como presidente de la sala del Tribunal Supremo en el juicio del Procés. La imagen en las primeras sesiones podía parecer que se correspondía a la de un magistrado sereno y paciente que destinaba el tiempo suficiente a escuchar todas las partes con respeto y voluntad.

Poco a poco, con el transcurso de las semanas, vimos cómo aquella imagen del magistrado Marchena se transformaba. La comodidad con que el magistrado escuchaba el relato de los procesados se veía ampliada durante las largas narraciones, casi épicas, de algunos de los agentes de la Policía Nacional y la Guardia Civil, que hablaban de episodios imposibles de situar en la realidad del 1-O. A medida que han ido avanzando las sesiones, los observadores internacionales y expertos han ido viendo claras algunas de las posibles vulneraciones y deficiencias del juicio, que se han agudizado progresivamente.

La actitud del tribunal acabó de virar cuando los testigos de la defensa empezaron a narrar lo que habían vivido de una manera tan vivencial y transparente que hacía imposible pensar que mentían, exageraban u omitían información interesadamente. Al contrario, su honestidad se hacía patente en las declaraciones. Aquellas experiencias hablaban de episodios de violencia y de miedo que hacían que el relato de los policías resultara frontalmente incompatible con lo que pasó. En el turno de preguntas de la defensa de Cuixart, el abogado Benet Salellas intentó repetidamente pedir a la filósofa catalana Marina Garcés, que estaba declarando en calidad de testigo, si ella se había pronunciado en relación al miedo que se vivió el 1-O. Mientras la defensa hablaba de un hecho que ella había verbalizado en sus declaraciones, el magistrado insistía en no querer conocer cuáles eran sus percepciones ni qué había sentido, cosa que no estaba siendo requerida.

En esta ocasión, la defensa, al ver vetada la posibilidad de hablar sobre un hecho objetivo (qué había dicho o qué no había dicho), renunció a seguir interrogando. Fue entonces cuando el presidente del tribunal soltó uno “¡Mucho mejor! ”. El magistrado es muy consciente de que un comentario así puede comportar la falta de juicio imparcial. No sería la primera vez que el Estado español recibe una condena del Tribunal Europeo de Derechos Humanos por hechos similares.

Uno de los precedentes recientes lo encontramos en el juicio contra la cúpula de Batasuna, el llamado caso Bateragune, en el cual varios miembros de la izquierda abertzale fueron condenados por haber intentado reconstruir el partido siguiendo órdenes de ETA. En este caso, el proceso se desarrolló en la Audiencia Nacional en manos de la magistrada Ángela Murillo. En el transcurso del juicio oral, la magistrada preguntó a Arnaldo Otegi, y él se acogió al derecho a no declarar. Y, sorprendentemente, vista la necesidad de imparcialidad del tribunal, la magistrada emitió una valoración con las siguientes palabras: "Ya sabía yo que no me iba a contestar a esa pregunta". La sentencia de la sección cuarta de la Audiencia Nacional se hizo pública el 16 de septiembre de 2011. Condenaba a Arnaldo Otegi y al resto de procesados a 10 años. El 7 de mayo de 2012, el Tribunal Supremo desestimó los recursos de las defensas, que tuvieron que recurrir al Tribunal Constitucional pidiendo un amparo que les fue rechazado el 22 de julio de 2014. El periplo judicial tuvo que llegar hasta el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que el 6 de noviembre de 2018 reconoció que la Audiencia Nacional había vulnerado el artículo 6.1. de la Convención Europea de Derechos Humanos (os invito a leerlo, no podemos ejercer los derechos que no conocemos), en lo referente al derecho a ser juzgado por un tribunal imparcial.

Pero no es sólo un comentario el que nos alerta sobre la posibilidad de ver vulnerado de nuevo el artículo 6.1. El magistrado ha mostrado en numerosas ocasiones las molestias que le provocan los planteamientos de las defensas, y ha llegado a transmitir a través del servicio de prensa del tribunal una opinión refrendada por los siete magistrados, que habrían opinado que “la estrategia de la defensa de Cuixart y el comportamiento de testigos y abogados es intolerable y una provocación”. Estas valoraciones han hecho reaccionar incluso al Consejo de la Abogacía Catalana, que las ha rechazado. Son manifestaciones que podrían llegar a vulnerar el derecho a la defensa y comportar la nulidad del juicio.

Estamos delante de un proceso judicial que durará años, con consecuencias judiciales, políticas y sociales de las cuales todavía no sabemos las consecuencias. La presión del tribunal a la hora de dictar sentencia será altísima. Esperemos que sus miedos no se tengan que resolver muchos años después en Estrasburgo. Nos jugamos la democracia.