¿Por qué es un error levantar la barrera de la AP-7?

BarcelonaUna de las noticias más celebradas por cualquier usuario habitual de la AP-7, el levantamiento de los peajes, es en realidad una mala noticia. No es una provocación: quitar el pago por el uso de esta autopista (entre Tarragona y Alicante desde este 1 de enero, y el resto de tramos a partir del 1 de septiembre de 2021) no tiene ningún sentido.

De entrada aviso que quien escribe esto, como muchos lectores, también he sido víctima y he maldecido este peaje (si algún día han hecho de norte a sur todo el trayecto y han visto la factura final, los tacos son casi obligados). Sobre todo cuando ves lo que explicaba este diario hace un par de semanas: el espectacular negocio que ha supuesto la AP-7 para la empresa concesionaria durante las últimas décadas. Un negocio excesivo y que hemos sufragado entre todos los usuarios. Para que me entiendan: hemos pagado demasiado dinero durante demasiados años, y los espectaculares beneficios de Acesa (primero independientemente, y luego dentro de Abertis) todo este tiempo han sido exageradamente altos. Un buen ejemplo de mala gestión de quien sacó la AP-7 a concurso y ha prorrogado la concesión varias veces: en este caso, la administración estatal, aunque la Generalitat tampoco puede presumir demasiado.

Todo esto es cierto, pero los peajes son necesarios. No en todas partes, ni necesariamente gestionados por empresas privadas, pero es ilógico que, con las finanzas públicas bajo mucha presión, destinemos recursos a mantener determinadas carreteras. Quizás lo encontrarán demagógico, pero es cierto que, cuando los gobiernos tengan que hacer presupuestos, el mantenimiento de las autopistas competirá con la sanidad pública, las escuelas y las pensiones.

¿Tiene algún sentido? No, si estamos hablando de una autopista como la AP-7 o como la AP-2 (que va desde El Vendrell hasta Zaragoza, pasando por Lleida, la concesión de la que también termina en 2021). Hay carreteras que deben acabar con dinero público porque, por sí solas, no son rentables. Pero autopistas de gran capacidad, utilizadas por camiones y coches de toda Europa, ¿por qué tienen que restar dinero del presupuesto público? Mejor que estos camiones y coches (sean catalanes, andaluces, franceses, polacos o italianos) paguen un peaje y nos ahorren pagar el mantenimiento exclusivamente a las personas que residimos aquí.

Se mire como se mire, es mucho más razonable que el mantenimiento de la carretera vaya a cargo de quien hace uso. ¿Por qué alguien que, por ejemplo, ni siquiera tiene coche o carné de conducir debe sufragar una carretera tan transitada y autosuficiente? Por cierto: las tarifas se podrían rebajar. Teniendo en cuenta que estas autopistas ya están construidas (que es lo más caro de todo) y que sólo deben mantenerse, el peaje podría ser mucho más asumible de lo que ha sido hasta ahora.

El peaje, además, tiene una función reguladora del tráfico. El ministerio de Fomento ya ha dicho que cree que la afluencia de coches aumentará un 30% en la AP-7 entre Tarragona y Alicante debido a la retirada del peaje. Una magnífica receta para colapsarla.

¿Quién debe gestionar las autopistas?

El otro debate es quién debe gestionar estas autopistas. La experiencia de la AP-7 nos demuestra que las concesiones son un negocio muy complicado: el sector privado sabe mucho más que la administración y, por tanto, también es capaz de hacer mucho más negocio del que convendría. Ha pasado en las autopistas y en muchos negocios gestionados bajo concesión, como se ha visto en el caso -también explicado en el ARA- de las empresas concesionarias del Tram de Barcelona, que están obteniendo unos beneficios espléndidos con la gestión del transporte público de la ciudad. Algún día tendremos que debatir cuál es el límite de ganancias (y quizás de pérdidas) que pueden tener las empresas concesionarias.

Ahora bien, estar a favor de los peajes en determinadas autopistas no significa aprobar cualquier cosa. Rápidamente se me ocurren algunas condiciones a cambio del pago en autopistas como la AP-7: la primera, que los peajes se repartan también por las carreteras similares de toda España. La gran queja de los catalanes ha sido la discriminación respecto a muchos territorios del Estado donde no hay ninguna autopista de pago. Una queja más que razonable. Por lo tanto, homogeneización obligatoria o no hay nada que hablar.

Y otra condición ineludible: levantemos las barreras, por favor. Poner una barrera para pagar un peaje es lo que habrían hecho en el siglo XIX. Hoy ya no es necesario. Hay sistemas tecnológicos suficientemente avanzados para que no sea necesario encontrarnos nunca más caravana cuando volvamos del fin de semana por culpa de algún lumbrera que se empeña en poner peajes con barrera. Bienvenidos al siglo XXI!