BarcelonaHace más de diez años que el Parlament de Catalunya aprobó la creación de la Oficina Antifraude de Catalunya (OAC) porque había quedado claro que “los organismos de controles existentes” hasta entonces eran “exiguos”, según se decía en la ley con la cual se creó. Pasada esta década, sin embargo, en el imaginario popular no queda ninguna actuación relevante de esta oficina. Su primer director, David Martínez Madero, murió por un repentino infarto en Milán cuando volvía de un viaje: no hacía ni dos años que ocupaba el cargo. Pero el pico de fama de la OAC llegó por un motivo negativo: las malas prácticas de su segundo director, Daniel de Alfonso, cesado cuando se descubrieron grabaciones en las cuales conspiraba contra el Procés con el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz. Aparte de esto, ha tenido un protagonismo escaso. ¿Qué hace Antifraude?
La respuesta no es sencilla. Su director actual, Miguel Ángel Gimeno, repite que no quiere ser “la oficina de las cosas pequeñas”. Porque las cosas pequeñas son actualmente la especialidad de la OAC, que no ha destapado ningún caso importante desde que existe. Gimeno explica que, cuando se encuentra algún caso más gordo, lo deriva a la Fiscalía, pero fuentes del ministerio público aseguran que los casos que les llegan de la OAC “son cosas muy pequeñas”. “La OAC está eminentemente orientada al ámbito local, que no es el ámbito que gestiona más recursos”, explican voces internas de Antifraude. Esto se puede constatar a las memorias que anualmente presenta la OAC, donde la mayoría de resultados que se exponen son “cosas pequeñas” de los ayuntamientos.
Gimeno defiende con intensidad que la OAC hace “un trabajazo” de prevención (por ejemplo, formando funcionarios o emitiendo recomendaciones de actuación al sector público). Ahora bien, cuando se le pregunta si tiene la sensación de que a la OAC se le pasan casos de corrupción gordos por delante, Gimeno replica: “Yo también abro el diario y leo noticias de investigación donde nosotros podríamos entrar de oficio. Pero los resultados no son inmediatos”, dice, además de recordar que los temas más gordos se acaban trasladando a la Fiscalía.
“Somos muy lentos”
De todas maneras, Antifraude no hace un seguimiento de cómo acaban los casos que lleva a la Fiscalía. “No lo sabemos: tenemos un problema de coordinación con la Fiscalía y con los juzgados, porque no tienen obligación de decírnoslo”, admite Gimeno. La OAC, por lo tanto, no tiene “datos rigurosos” de si sus pesquisas iniciales han permitido descubrir casos relevantes. Ahora bien, cuando se pregunta si recuerdan algún caso entregado en la Fiscalía y que haya acabado a los tribunales aparecen un par. El primero y más destacado es el de Jordi Girona, el alcalde de Santa Margarida i els Monjos, que fue inhabilitado por nueve años por prevaricación. El segundo, un alto cargo que fue inhabilitado por seis meses por falsedad documental. Ningún gran escándalo.
Uno de los grandes problemas de Antifraude es que acumulan retrasos importantes a la hora de perseguir casos. “En investigación somos muy lentos”, admite Gimeno, cosa que atribuye a la carencia de personal y también al hecho de que tienen que hacer “investigaciones muy cuidadosas para evitar errores”. Gimeno está satisfecho que pronto podrán ampliar la plantilla en seis personas, pero serán plazas solo para dos años y que tienen que servir para rebajar la cola de casos acumulados. “Algunas de las incorporaciones son para investigar, otras para hacer prevención”, dice. Desde que se creó, el presupuesto que la Generalitat ha destinado al OAC supera los 60 millones de euros, de los cuales 6,3 son del presupuesto de este año.
Las fuentes internas consultadas por este diario corroboran que, al llegar a la OAC, Gimeno puso mucho énfasis en la prevención y “ha hecho crecer mucho” esta división, mientras que la de investigación no lo ha hecho tanto. Actualmente, de los 49 trabajadores que tiene la OAC, según consta en su web, aproximadamente una tercera parte (19) están en el área de análisis e investigaciones. En la de prevención hay 10 personas. Las 20 restantes hacen tareas administrativas o de recursos humanos, entre otras.
La memoria de Antifraude no parece revelar una actividad investigadora frenética: durante el 2019 los investigadores del OAC hicieron 13 entrevistas personales (algo más de una al mes, de media), tres visitas de inspección (una cada cuatro meses) y 204 requerimientos de información a las administraciones (cuatro a la semana). Pero Gimeno defiende que ni las entrevistas ni las inspecciones sirven de gran cosa y que, en cuanto a los requerimientos de información, los expedientes que se reciben pueden tener miles de hojas. “Son documentos largos que exigen un análisis porque son de temas muy específicos y técnicos”, explica. En resumen, niega que en la oficina haya un ritmo de trabajo bajo.
Otro de los obstáculos del OAC es que no tiene policía. “Sin esto es muy difícil obtener información”, explican fuentes judiciales. Gimeno también lo señala y recuerda: “Yo no puedo pedir un registro: tengo unas limitaciones y, de hecho, si hiciéramos registros ya seríamos la Fiscalía ”. El OAC tampoco tiene capacidad sancionadora, lamenta su director.
Además de llevar los casos a la Fiscalía, Antifraude solo hace dos cosas cuando detecta que las administraciones no han hecho bien algo: proponer recomendaciones o hacer un informe en el que recomiendan a la administración lo que tendría que hacer. “Pero no tenemos potestad para obligar a la administración a llevar a cabo estas actuaciones”.
La OAC quiere que la ley se actualice y les dé más competencias, por ejemplo para proteger a los que avisan de alguna mala práctica en la administración o incluso para controlar a los grupo de presión que hacen de puente entre empresas y administración.
La Sindicatura de Cuentas
Además de la Fiscalía, el sector público tiene un gran supervisor, que es la Sindicatura de Cuentas, un organismo también cuestionado por la lentitud de sus trabajos: en noviembre, por ejemplo, la Sindicatura reveló que Daniel de Alfonso había cobrado 300.000 euros irregularmente cuando dirigía Antifraude entre 2011 y 2016. Pero De Alfonso ya está lejos: hace cuatro años que fue cesado y actualmente ejerce de juez en Cantabria. A pesar de que la Sindicatura decía que estos cobros podrían ser perseguidos “administrativamente y judicialmente”, no se sabe nada más.
LAS CLAVES
1. ¿Quién dirige Antifraude?
Miguel Ángel Gimeno, expresidente del TSJC, que fue elegido después del cese de Daniel de Alfonso. A Gimeno lo propuso en 2016 el president Carles Puigdemont, que hoy recuerda que se lo escogió “porque tenía un perfil neutro, profesional, que podía recoger el apoyo de todo el mundo y que había defendido conceptos progresistas de la justicia”. El PP y Cs se abstuvieron, pero el resto de partidos votaron a favor. El mandato es para nueve años improrrogables.
2. ¿Cómo ha superado la crisis vivida con De Alfonso?
Las denuncias recibidas han crecido después de un descenso inicial. El problema continúa siendo la lentitud en la resolución de los casos, admite Gimeno.
3. ¿Qué peticiones hace la oficina?
Quiere que se modifique la ley para hacer mejoras. Por ejemplo, proteger a quien alerte de casos de corrupción o supervisar los grupo de presión. Con la boca pequeña, también empieza a decir que quiere tener capacidad sancionadora.
