Radicales libres

Dice un consejero del gobierno de la Generalitat que "todos los moderados en este momento tienen una pistola apuntándoles". Se refiere al poco margen de actuación en la situación política, que se acelera hacia la convocatoria del referéndum y en paralelo hacia una respuesta del Estado de la que no se pueden prever el alcance ni las consecuencias.

El gobierno catalán trabaja en la organización del referéndum, pero admite que queda trabajo por hacer. Sólo será posible celebrarlo con la aprobación de una legalidad que emane del Parlamento de Cataluña y con estrategias que consigan una repercusión y un apoyo internacionales que son difíciles de garantizar de manera previa a una proclamación o una votación.

Sin embargo, la única estrategia del Estado aún es presionar a la justicia, con la efímera operación diálogo criando malvas.

El juicio contra Mas, Ortega y Rigau abre una nueva página que acelera los tiempos políticos. La condena del presidente de la Generalitat por haber puesto las urnas donde votaron 2,3 millones de personas sería un gesto de gravedad simbólica que no se puede disfrazar de cuestión administrativa.

Desgraciadamente para la salud democrática colectiva, por mucho que los miembros de la judicatura intenten defender su independencia, las actuaciones de la Fiscalía General del Estado imponiendo su criterio a la Junta de Fiscales de Cataluña y la dimisión del anterior fiscal general, Torres-Dulce, son elementos que aumentan la desconfianza en una actuación ecuánime del aparato judicial, si se considera a la Fiscalía como tal y no como una simple correa de actuación gubernamental.

Cinco años después de la sentencia del Estatut y la recogida de firmas del PP, que veía que zurrar a Cataluña era efectivo para desgastar al PSOE, el gobierno de Mariano Rajoy tendrá que tomar una decisión. Dejar que la realidad se pudra ya no es una opción porque las cosas han cambiado y se precipitan.

Los días previos al 9-N en Madrid se impusieron los incrédulos que infravaloraban la dimensión que alcanzaría la movilización ciudadana, y sentirse sorprendidos y burlados por no haber ido a todas para evitar la votación. Sin responder judicialmente a la petición de aclaración de la aplicación de la orden de suspensión de la consulta del TC, dejaban una puerta sin cerrar que permitía la actuación del Gobierno. De la tibieza de entonces, según los halcones, es fruto el juicio penal de esta semana.

Si bien la condena no es evidente jurídicamente, parece difícil que la decisión desafíe la orden de actuar de la Fiscalía General del Estado. En palabras del abogado Jordi Pina, "el gobierno español quiere la muerte política de todos los imputados".

El dilema sobre el grado y la proporcionalidad de la respuesta afecta a halcones y palomas en España. La incógnita es quién se impondrá ahora en esta nueva página.

Las reacciones mediáticas y políticas le muestran un camino de dureza a Mariano Rajoy. El catálogo va desde las amenazas de violencia de Anson -que un día fue director del diario de orden de la derecha española monárquica y que, aparte de los concursos de belleza, da brillo y esplendor a la Real Academia Española- hasta las peticiones de suspensión de la autonomía de cualquiera de los oficiantes del discurso del odio.

Pocos le indican, públicamente, el camino del diálogo, la proporcionalidad y la negociación. De momento, una de las opciones más plausibles es la de las inhabilitaciones masivas. Las amenazas a funcionarios, las inhabilitaciones del Gobierno, de la Mesa del Parlamento, de su presidenta. De todos los responsables políticos a cada paso. Finalmente, la opción sería la suspensión del autogobierno.

También en Cataluña hay diferencias de estrategia, y en el extremo los partidarios del ahora-o-nunca y de hacer cuantos más mártires de la causa mejor. Como si Cataluña se hubiera especializado históricamente en la entrega de sus líderes a la intransigencia política española, ahora democrática pero todavía intransigente e incapaz de dialogar.

La manifestación del día 6 ante las puertas del Tribunal dejó claro una vez más el civismo del proceso y su fuerza. También un cierto cansancio de la opinión pública, que no significa una desconexión de la voluntad de votar, ni la desaparición de la mayoría que votaría independencia. El juicio al presidente de la Generalitat carga de emociones a los que tienen prisa, pero lo que hace falta es cargar de razones a los que dudan o desconfían de la viabilidad del referéndum. Los ciudadanos que en cualquier votación, la que vendrá seguro de una manera u otra, pueden creer en un país más libre y mejor. Que no hagan, por agotamiento, un Estanislau Figueras. Lo que hizo aquel primer presidente de la Primera República, en una convulsa reunión del Consejo de Ministros el 9 de junio de 1873 y después de muchas discusiones sin llegar a acuerdos para superar la crisis institucional de España, con cambios de gobierno y golpes de estado continuos, fue estallar: "Señores, les seré franco: estoy hasta los cojones de todos nosotros". Justo antes de dar un portazo y tomar el tren a París.