El TC pone multas diarias a Jové, Vidal y a los 27 síndicos

El gobierno español logra la unanimidad aunque 3 magistrados matizan su apoyo

Ernesto Ekaizer
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Josep Maria Jové, a l'esquerra de la imatge, amb Junqueras i Aragonès

MadridEl pleno del Tribunal Constitucional aprobó por unanimidad este jueves, día 21, multas de 12.000 euros diarios para Josep María Jové y de 6.000 euros para Montserrat Vidal, a quienes considera responsables de la Administración Electoral Catalana, así como 12.000 euros para cada uno de los 5 miembros de la Sindicatura Territorial. Otros 22 miembros de las sindicaturas comarcales deberán pagar 6.000 euros diarios cada uno.

Las multas no son retroactivas. Tratan de desarmar la organización electoral. Para librarse de ellas, los afectados tienen un día, tras publicarse la decisión en el Boletín Oficial de Estado, para renunciar a sus puestos y anular decisiones ya adoptadas. Durante la tarde de ayer, la presidenta de la Sindicatura Comarcal del Valle de Arán, Carmen Vilanova, hizo llegar al TC su escrito de renuncia.

El TC aplica el artículo 92.5 de su ley orgánica a Jové, Vidal y 22 síndicos. Dicha disposición permite imponer las multas sin oir previamente a las partes y es el mismo auto el -tras adoptar la decisión- el que concede tres días a los afectados y al fiscal para presentar alegaciones. Pero ello no suspende la aplicación. De facto, el citado plazo de tres días permitirá solicitar –el equivalente a un recurso de súplica- la anulación de las multas. Una vez recibidos los motivos, el tribunal confirmará o dejará sin efecto las multas diarias. La razón para no oír a las partes antes de resolver la multa: concurren “circunstancias de especial trascendencia constitucional”.

En cambio, a los cinco miembros de la Sindicatura central se les dio, la semana pasada, un plazo de 48 horas para presentar alegaciones. Algunos dijeron que no recibieron el aviso, pero incluso los que acusaron recibo no contestaron al tribunal.

El TC debatió ampliamente para alcanzar en esta decisión de multa la unanimidad que ha caracterizado todas sus decisiones sobre el referéndum del 1-O. Tres magistrados –Fernando Valdéz, Juan Antonio Xiol y María Luisa Balaguer- apoyaron la multa, pero con argumentos diferentes a los del auto emitido.

Los primeros dos magistrados ya habían votado en 2016 contra la facultad sancionadora del TC y vuelven a expresar este punto de vista, pero con respaldo a la multa.

El tercero de los votos llamados “concurrentes” –apoyan la multa por razones distintas a las de los otros nueve miembros- ha sido el de María Luisa Balaguer, catedrática de Derecho Constitucional para la cual este tipo de medidas, derivadas de la compleja situación política, desdibuja la naturaleza primaria del TC.

La unanimidad alcanzada, con los matices de los votos concurrentes, reposa, además, en la idea de que el TC no se verá en el trance de adoptar otras medidas más duras que podrían emanar del artículo 92.4 del TC, a saber, la suspensión de autoridades y empleados públicos que incumplan las resoluciones del tribunal.

En otros términos, se habría trazado dentro del tribunal una línea roja: la unanimidad no se extendería a la suspensión del president de la Generalitat Carles Puigdemont u otros miembros del Govern, caso de solicitarla el Gobierno de Rajoy.

Fuentes jurídicas señalan que la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, y el ministro de Justicia, Rafael Catalá, están advertidos sobre ello, y que, de todos modos, tampoco el Gobierno está –al menos hasta ahora- en la tesitura de solicitar la dura medida de suspensión.

Esas fuentes señalan que conductas de Puigdemont – la publicación hace escasas fechas de un tuit con la dirección alternativa de una web en el exterior sobre el referéndum tras la clausura de la página oficial por orden judicial o el mensaje de ayer sobre los puntos de las mesas de votación- apuntan a provocar una medida de suspensión del president, medida que, según fuentes próximas al TC, el Gobierno sigue con atención sin caer en la tentación de solicitarla.

Puigdemont y todos los miembros del Govern están querellados en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. Según se ha podido saber, la instrucción de dicha querella admitida a trámite dejará para después del 1 de octubre las declaraciones de los imputados.

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