Maza prepara una querella contra Puigdemont por rebelión

PeriodistaEl fiscal General del Estado, José Manuel Maza, estudia una querella para llevar al presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, ante el Tribunal Supremo, por presuntos delitos que exceden el ámbito territorial de Cataluña. Esos delitos serían de rebelión (castigado con penas de entre 15 y 25 años de prisión) integrados, entre otros, por la decisión de burlar la orden de jueces de Barcelona, cursadas en septiembre pasado, según la cual debían cerrarse dominios de páginas digitales relacionadas con el referéndum del 1-O. Puigdemont informó personalmente por Twitter de la apertura de dominios, alternativos a los cerrados, en Luxemburgo y Londres.

Fuentes consultadas señalan que el conocimiento de la querella que se elabora en la Fiscalía General del Estado (FGE) ha llegado al vicesecretario de comunicación del Partido Popular, Pablo Casado, quien utilizó la información ayer al señalar que “con quien tiene que dialogar Carles Puigdemont es con su abogado”. Y subrayó que “se hará todo lo que sea necesario sin renunciar a ningún instrumento de la constitución ni del Código Penal”. Casado fue más allá: “¡Qué no se repita la historia porque igual acaban como Companys!”, dijo en referencia a la proclamación de la república catalana efectuada por el presidente de la Generalitat Lluís Companys el 6 de octubre de 1934, detenido y encarcelado en la mañana del 7 de octubre. “El dirigente del PP ha oído campanas de la querella que se está elaborando y usó sin pérdida de tiempo la información en vísperas de la comparecencia de Puigdemont”, señaló una fuente judicial a ARA.

El juez de instrucción de Barcelona, juzgado número 13, Juan Antonio Ramírez Suñer, ordenó a mediados de septiembre cerrar esas páginas. Y, también la juez Mercedes Armas -que investiga en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña a Puigdemont y todos los miembros del Govern en la querella criminal de la Fiscalía por delitos de prevaricación, desobediencia y malversación- exigió el cierre de dichas páginas.

En un auto de 27 de septiembre, la jueza dejaba constancia de que “el desarrollo de los acontecimientos en las últimas semanas ha evidenciado en relación a los querellados una clara inobservancia no sólo de los pronunciamientos suspensivos del Tribunal Constitucional que personalmente les atañían, sino de las resoluciones dictadas por esta instructora en orden a bloquear varias páginas web del Govern de la Generalitat mediante las que se informaba a la ciudadanía de los principales actos, acontecimientos y decisiones que iban adoptándose, todos ellos tendentes a hacer efectiva la celebración del referéndum del 1 de octubre”. Añadía que “dichas cautelas han sido burladas mediante la creación por el Govern de otros dominios en la red a cuyo través se seguía dando cumplida cuenta en las redes sociales a la ciudadanía, de cómo votar, o dónde hacerlo, subrayando, en todo momento, que la consulta va a celebrarse”.

Maza y su equipo de la secretaría técnica de la Fiscalía General del Estado entienden, según fuentes consultadas por ARA, que la decisión de proporcionar otros dominios de web, en Luxemburgo y Londres, integraría delitos cometidos en el extranjero cuya competencia sería de la Audiencia Nacional. Como Puigdemont es aforado, deberían, según la FGE, ser investigados por la Sala Segunda del Tribunal Supremo.

En esta orientación subyace la idea de que la situación política y el clima social que se vive en Cataluña hacen muy difícil instruir las causas en el TSJC y, sobre todo, se hace con un ritmo considerado muy lento por la FGE.

Esa ansiedad también se respira en los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, en Madrid. Anoche, precisamente, se filtraron a diversos medios de comunicación documentos incautados por la Guardia Civil el 20 de septiembre en la consejería de Economía de la Generalitat y detalles del nuevo atestado elaborado por la GC sobre la conducta de los Mossos d´Esquadra durante la jornada del 1-O en la causa por sedición que instruye por denuncia de la Fiscalía de la Audiencia Nacional la jueza Carmen Lamela.

Se imputa en el relato de hechos la “inacción flagrante” del mayor José Luis Trapero y se lo relaciona directamente con la conducta de Puigdemont y el vicepresidente Oriol Junqueras. Fuentes consultadas por ARA señalan que la Fiscalía puede solicitar medidas cautelares contra Trapero, la intendente Teresa Laplana, Jordi Sánchez, presidente de la ANC, y Jordi Cuixart, de Omnium, cuando se repitan sus declaraciones que, con toda probabilidad, tendrán lugar la semana próxima.

En todo caso, la querella que estudia Maza y las filtraciones apuntarían a crear el clima para que en el caso de una declaración de independencia por parte del presidente Puigdemont hoy martes 10 de octubre la respuesta del presidente del gobierno español, Mariano Rajoy, sea inmediata.