Los milagros de la financiación local
Llevamos semanas y meses leyendo sobre si aprueban o no los presupuestos del Ayuntamiento de Barcelona. Esto nos ha permitido irnos familiarizando con las dimensiones y características de sus ingresos, gastos y superávit. Sí, superávit. Hablamos siempre del déficit de la Generalitat pero, en cambio, el Ayuntamiento tiene superávit.
El conjunto de las corporaciones locales (ayuntamientos, diputaciones -de régimen común o forales-, consejos y cabildos insulares, consejos comarcales, áreas metropolitanas, mancomunidades, etc.) están en una situación financieramente saneada. Globalmente, en todo el Estado, las entidades locales han tenido superávit desde el año 2012. En el año 2014, que es el último del que disponemos de datos liquidados, fue un 0,57% del PIB español. Son unos 5.700 millones de euros. Estamos hablando, comparado con un gasto global cercano a los 60.000 millones de euros, de un superávit de aproximadamente el 10% de su gasto. El año 2015 el cierre de la contabilidad española fue de un 0,44% del PIB, que debe de equivaler a un superávit del orden del 7,5%. Sólo como contraste, las comunidades autónomas tuvieron un gasto conjunto medio, entre el 2013 y el 2014, de unos 170.000 millones de euros, y un déficit conjunto de unos 17.000 millones: un 10%. Simplificadamente, déficit del 10% en las comunidades autónomas y superávit del 10% en las corporaciones locales.
Si nos fijamos en el Ayuntamiento de Barcelona y en la Generalitat de Cataluña, los datos son más contrastados y saltamos a un déficit del orden del 20% para la Generalitat. No hay duda de que la Generalitat está subfinanciada. En cambio, el Ayuntamiento de Barcelona está más bien sobrefinanciado.
Es evidente que la financiación del Ayuntamiento de Barcelona es excepcional. Gracias a la Carta Municipal logró, hace ya muchos años, un tratamiento especial que le permite disponer de una financiación por "participación en ingresos del Estado" (PIE) que fue, en el año 2015, de 668 euros por habitante, mientras que los otros ayuntamientos de más de 75.000 habitantes lo tuvieron de 258 euros y los de menos de 203 euros. Además, dispone de una extraordinaria capacidad de recaudación tributaria y de unas competencias importantes que le permiten cobrar tasas y licencias y tener ingresos importantes por prestación de servicios. En conjunto, los ingresos propios que recauda o cobra por sí mismo son un 60 por ciento del total. Sus obligaciones de gasto son lo bastante contenidas para disponer de un margen muy importante de discrecionalidad.
Ciertamente, no todos los ayuntamientos están en las mismas condiciones. La situación del Ayuntamiento de Barcelona sería un sueño para casi cualquier otro consistorio catalán y lo es, sin lugar a dudas, para la Generalitat de Cataluña. La Generalitat está cargada de obligaciones para las que no dispone de ingresos, pero todo el mundo le reclama que cumpla con sus obligaciones actuales y con muchas más. Al Ayuntamiento de Barcelona, en cambio, se le perdona que haga extravagancias. Se las puede pagar. Los ayuntamientos son muy autónomos en sus recursos, mientras que la Generalitat no. Los ayuntamientos disponen de un sistema que es similar al concierto económico, mientras que la Generalitat no puede ni recaudar los impuestos que le corresponden por modelo de financiación.
La abundancia económica de un ayuntamiento excepcional como el de Barcelona no es única en el mundo de las corporaciones locales. El epicentro del exceso de ingresos están en las diputaciones. Son administraciones de elección indirecta, con pocas obligaciones de gasto y muchos ingresos. En Cataluña el gasto no financiero de las diputaciones, presupuestado en 1.068 millones de euros, representa el 11% del gasto total de las corporaciones locales. La del Área Metropolitana de Barcelona asciende a 633 millones de euros más.
En lugar de hablar, como han hecho el PSOE y Ciudadanos, de cambiar el nombre a las diputaciones, lo que se podría hacer sería desviar transferencias estatales que ahora van a las diputaciones hacia las comunidades autónomas. De hecho, las comunidades que coinciden con una diputación provincial están mejor financiadas. Si no se redimensionan las transferencias es porque en todas las diputaciones hay mucho gasto discrecional, que es el que gusta a los políticos. No tiene ningún sentido tanta abundancia y discrecionalidad en medio de tanta escasez. Sería absurdo que saliéramos de la crisis económica y política en la que estamos inmersos con unas diferencias de ingresos y gastos tan arbitrarias entre administraciones.
